Camino al consenso sobre una política de seguridad
Cuando el Ministro de Gobierno y Justicia dio a conocer en diciembre del año pasado su llamado Plan Estratégico de Seguridad Nacional, suscitó intensas críticas. El plan, en efecto, se basaba en el concepto clásico de "seguridad nacional" que en América Latina tiene implicaciones militaristas. Planteaba una red de acuerdos bilaterales en materia de seguridad que parecían posibilitar una nueva presencia de militares extranjeros en nuestro territorio, y mencionaba la necesidad de una organización jurídica del "pueblo en armas" en términos que sugerían una especie de ejército virtual.
Sin embargo, era urgente de que Panamá asumiera su responsabilidad por su propia seguridad, una vez realizada la transferencia definitiva del Canal y el retiro de todas las tropas norteamericanas. En consecuencia, cuando el Ministro invitó a los Partidos Demócrata Cristiano y Revolucionario Democrático - los únicos que demostraron interés efectivo en el tema- a discutir su documento, ambos aceptaron. El 7 de enero del año en curso se inició la discusión que inicialmente fue entre el Ministro y cada Partido y posteriormente se realizó entre las tres partes, con numerosos intercambios por escrito de por medio.
Ha habido momentos difíciles. Las declaraciones de personeros del Gobierno con respecto a la relación con los Estados Unidos y con otros países en materia de seguridad dieron pie a reacciones negativas del PDC y del PRD. Por momentos se daba la impresión de que el Gobierno aprobaría el Plan a tambor batiente. No faltaron comunicaciones que incluían evaluaciones inaceptables sobre quienes discrepábamos de puntos de vista oficialistas. Pero también, es de justicia reconocerlo, el Ministro demostró disposición real a acoger propuestas que modificaban sustancialmente su documento original y los representantes del PDC y del PRD demostraron capacidad no sólo de crítica sino de propuesta, al margen de cualquiera demagogia.
Hasta ahora ha prevalecido la sensatez ante la importancia para nuestro país del tema en discusión. Salvo que surja una discrepancia insalvable de última hora, pronto se podría dar a conocer el documento intitulado "Fundamentos de Política Panameña de Seguridad", con el aval del Ministro de Gobierno y Justicia a nombre del Gobierno, del Lic. Rubén Arosemena Valdés a nombre del PDC y del Lic. Martín Torrijos, a nombre del PRD. En este caso, por primera vez en nuestra historia, Panamá contaría formalmente con una Política Panameña de Seguridad, elaborada por panameños y acordada entre panameños.
Merecen destacarse algunos aspectos del documento, todavía provisional, sobre los cuales ya existe entendimiento.
El documento adopta un concepto de la Seguridad Integral de la República de Panamá, que se caracteriza por ser "multidimensional" (considera tanto las manifestaciones como las causas de los problemas), "diferenciado" (distingue entre las amenazas externas y las internas), "armónico" (reconoce la necesidad de coordinación y trabajo en conjunto), "democrático" (insiste en fortalecer la subordinación a la autoridad civil y en abrir espacios de participación ciudadana) y "multilateral" (busca forjar nexos internacionales plurales y equilibrados).
La Doctrina de la Seguridad Humana, tal que la concibe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como componente del desarrollo humano sustentable, es considerada como el eje de la Seguridad Integral de Panamá. Las personas y las comunidades de base son por ello la finalidad de la Seguridad Integral y se enfocan concretamente los peligros que las amenazan. La seguridad del Estado es vista como un instrumento para la seguridad de las personas y comunidades, no como un fin en sí misma.
El documento distingue tres ámbitos de la Seguridad Integral: el Desarrollo de la Institucionalidad Democrática, la Protección Ciudadana Democrática y la Seguridad Panameña. Para cada uno de estos ámbitos se anticipa una Estrategia correspondiente.
Se reconoce de este modo que la seguridad de nuestra población y de nuestro país depende básicamente de la vigencia y vitalidad de nuestra democracia. Este primer ámbito abarca no sólo la eficacia e integridad de la administración de justicia, sino también, por ejemplo, "la libertad de expresión y el derecho a la información, evitando presiones sobre los medios y los comunicadores sociales, así como favoritismos publicitarios y de otra índole, propiciando el libre acceso a los medios y requiriendo la responsabilidad de los medios y de los comunicadores sociales por la honra de las personas." Además, incluye acentuar la lucha contra la corrupción, favoreciendo "la transparencia de los actos públicos" y sancionando "los conflictos de intereses y las prácticas de nepotismo".
El segundo ámbito corresponde a la Protección Ciudadana Democrática. Esta implica "fortalecer la profesionalización y capacitación policial", así como "normar y organizar la participación ciudadana en la lucha contra la criminalidad a través de la movilización de los vecinos en los programas de vigilancia y alerta". Para nuestras áreas fronterizas se plantea integrarlas plenamente al resto del país, gracias a vías de comunicación y al despliegue de servicios y oficinas públicas, desarrollar un servicio especializado de guarda-fronteras dentro de la Policía Nacional y promover la organización de la población para que coopere al máximo con la vigilancia por parte de las autoridades.
El tercer ámbito, el de la Seguridad Panameña, corresponde a la dimensión externa de la Seguridad Integral. Se prevé que el Ejecutivo presente un proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional que tiene un papel clave en este ámbito, para garantizar que la consecución y el manejo de inteligencia se ajusten a procedimientos legales. Se estipula el respeto a la responsabilidad primaria de la Autoridad del Canal por la protección del mismo. Se establecen, desde un punto netamente panameño, los criterios a los que debe ajustarse cualquiera acción contra una amenaza al Canal, como también los criterios a los que deben ajustarse los acuerdos internacionales, preferiblemente multilarerales, que se negocien para la seguridad del Canal y del territorio nacional.
Cabe destacar que se autorizarían tales acuerdos para el entrenamiento y el equipamiento del personal de seguridad panameño, incluyendo ejercicios docentes de capacitación para prevenir y contrarrestar las amenazas al territorio nacional y la criminalidad internacional, especialmente el narcotráfico. Al mismo tiempo se ratificaría la prohibición del estacionamiento de fuerzas militares en el territorio nacional, incluso cualquiera instalación extranjera para recolectar y procesar inteligencia,
Si se alcanza definitivamente un consenso sobre los "Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad", sería un gran logro para el país. Con el aval del Gobierno y de las principales fuerzas políticas independientes y de oposición, la política acordada adquiriría condición de política de Estado. Le serviría al Gobierno de turno como guía en la elaboración, bajo su propia responsabilidad, de las estrategias y acciones correspondientes. Ello no impediría que se critiquen estas estrategias y acciones en la medida en que desvirtuaran los fundamentos acordados o los aplicaran erróneamente en las diferentes coyunturas. Pero ésta sería una crítica basada en criterios compartidos y no en criterios unilaterales y posiblemente antojadizos.
Este logro ayudaría doblemente a la comunidad nacional: primero, a compensar la baja estima en la que se tiene a los partidos políticos, pues los involucrados no presentarían la cara de quienes discrepan por razones de interés sectario, sino la cara de quienes se entienden por el bien común; segundo, se contrarrestarían los resultados de la última encuesta de Gallup, según la cual el 66% de los entrevistados piensa que el país está menos seguro ahora que partieron los militares norteamericanos, olvidando que los momentos de peor inseguridad se vivieron en el país durante la dictadura con la presencia y hasta la complicidad de dichos militares.
Por otra parte, un consenso semejante reaseguraría a la comunidad internacional con respecto a la seriedad con la cual los panameños hemos asumido nuestra nueva responsabilidad por el Canal.
En pocos días sabremos si la expectativa de este consenso se hace realidad. De lograrse, el Ministro de Gobierno y Justicia y los dirigentes del PDC y del PRD habrán reivindicado el quehacer político, pues en este caso habrán servido patrióticamente a Panamá y a los panameños. De no lograrse, el país y la historia querrán saber quién y qué lo hizo imposible.
Sin embargo, era urgente de que Panamá asumiera su responsabilidad por su propia seguridad, una vez realizada la transferencia definitiva del Canal y el retiro de todas las tropas norteamericanas. En consecuencia, cuando el Ministro invitó a los Partidos Demócrata Cristiano y Revolucionario Democrático - los únicos que demostraron interés efectivo en el tema- a discutir su documento, ambos aceptaron. El 7 de enero del año en curso se inició la discusión que inicialmente fue entre el Ministro y cada Partido y posteriormente se realizó entre las tres partes, con numerosos intercambios por escrito de por medio.
Ha habido momentos difíciles. Las declaraciones de personeros del Gobierno con respecto a la relación con los Estados Unidos y con otros países en materia de seguridad dieron pie a reacciones negativas del PDC y del PRD. Por momentos se daba la impresión de que el Gobierno aprobaría el Plan a tambor batiente. No faltaron comunicaciones que incluían evaluaciones inaceptables sobre quienes discrepábamos de puntos de vista oficialistas. Pero también, es de justicia reconocerlo, el Ministro demostró disposición real a acoger propuestas que modificaban sustancialmente su documento original y los representantes del PDC y del PRD demostraron capacidad no sólo de crítica sino de propuesta, al margen de cualquiera demagogia.
Hasta ahora ha prevalecido la sensatez ante la importancia para nuestro país del tema en discusión. Salvo que surja una discrepancia insalvable de última hora, pronto se podría dar a conocer el documento intitulado "Fundamentos de Política Panameña de Seguridad", con el aval del Ministro de Gobierno y Justicia a nombre del Gobierno, del Lic. Rubén Arosemena Valdés a nombre del PDC y del Lic. Martín Torrijos, a nombre del PRD. En este caso, por primera vez en nuestra historia, Panamá contaría formalmente con una Política Panameña de Seguridad, elaborada por panameños y acordada entre panameños.
Merecen destacarse algunos aspectos del documento, todavía provisional, sobre los cuales ya existe entendimiento.
El documento adopta un concepto de la Seguridad Integral de la República de Panamá, que se caracteriza por ser "multidimensional" (considera tanto las manifestaciones como las causas de los problemas), "diferenciado" (distingue entre las amenazas externas y las internas), "armónico" (reconoce la necesidad de coordinación y trabajo en conjunto), "democrático" (insiste en fortalecer la subordinación a la autoridad civil y en abrir espacios de participación ciudadana) y "multilateral" (busca forjar nexos internacionales plurales y equilibrados).
La Doctrina de la Seguridad Humana, tal que la concibe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como componente del desarrollo humano sustentable, es considerada como el eje de la Seguridad Integral de Panamá. Las personas y las comunidades de base son por ello la finalidad de la Seguridad Integral y se enfocan concretamente los peligros que las amenazan. La seguridad del Estado es vista como un instrumento para la seguridad de las personas y comunidades, no como un fin en sí misma.
El documento distingue tres ámbitos de la Seguridad Integral: el Desarrollo de la Institucionalidad Democrática, la Protección Ciudadana Democrática y la Seguridad Panameña. Para cada uno de estos ámbitos se anticipa una Estrategia correspondiente.
Se reconoce de este modo que la seguridad de nuestra población y de nuestro país depende básicamente de la vigencia y vitalidad de nuestra democracia. Este primer ámbito abarca no sólo la eficacia e integridad de la administración de justicia, sino también, por ejemplo, "la libertad de expresión y el derecho a la información, evitando presiones sobre los medios y los comunicadores sociales, así como favoritismos publicitarios y de otra índole, propiciando el libre acceso a los medios y requiriendo la responsabilidad de los medios y de los comunicadores sociales por la honra de las personas." Además, incluye acentuar la lucha contra la corrupción, favoreciendo "la transparencia de los actos públicos" y sancionando "los conflictos de intereses y las prácticas de nepotismo".
El segundo ámbito corresponde a la Protección Ciudadana Democrática. Esta implica "fortalecer la profesionalización y capacitación policial", así como "normar y organizar la participación ciudadana en la lucha contra la criminalidad a través de la movilización de los vecinos en los programas de vigilancia y alerta". Para nuestras áreas fronterizas se plantea integrarlas plenamente al resto del país, gracias a vías de comunicación y al despliegue de servicios y oficinas públicas, desarrollar un servicio especializado de guarda-fronteras dentro de la Policía Nacional y promover la organización de la población para que coopere al máximo con la vigilancia por parte de las autoridades.
El tercer ámbito, el de la Seguridad Panameña, corresponde a la dimensión externa de la Seguridad Integral. Se prevé que el Ejecutivo presente un proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional que tiene un papel clave en este ámbito, para garantizar que la consecución y el manejo de inteligencia se ajusten a procedimientos legales. Se estipula el respeto a la responsabilidad primaria de la Autoridad del Canal por la protección del mismo. Se establecen, desde un punto netamente panameño, los criterios a los que debe ajustarse cualquiera acción contra una amenaza al Canal, como también los criterios a los que deben ajustarse los acuerdos internacionales, preferiblemente multilarerales, que se negocien para la seguridad del Canal y del territorio nacional.
Cabe destacar que se autorizarían tales acuerdos para el entrenamiento y el equipamiento del personal de seguridad panameño, incluyendo ejercicios docentes de capacitación para prevenir y contrarrestar las amenazas al territorio nacional y la criminalidad internacional, especialmente el narcotráfico. Al mismo tiempo se ratificaría la prohibición del estacionamiento de fuerzas militares en el territorio nacional, incluso cualquiera instalación extranjera para recolectar y procesar inteligencia,
Si se alcanza definitivamente un consenso sobre los "Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad", sería un gran logro para el país. Con el aval del Gobierno y de las principales fuerzas políticas independientes y de oposición, la política acordada adquiriría condición de política de Estado. Le serviría al Gobierno de turno como guía en la elaboración, bajo su propia responsabilidad, de las estrategias y acciones correspondientes. Ello no impediría que se critiquen estas estrategias y acciones en la medida en que desvirtuaran los fundamentos acordados o los aplicaran erróneamente en las diferentes coyunturas. Pero ésta sería una crítica basada en criterios compartidos y no en criterios unilaterales y posiblemente antojadizos.
Este logro ayudaría doblemente a la comunidad nacional: primero, a compensar la baja estima en la que se tiene a los partidos políticos, pues los involucrados no presentarían la cara de quienes discrepan por razones de interés sectario, sino la cara de quienes se entienden por el bien común; segundo, se contrarrestarían los resultados de la última encuesta de Gallup, según la cual el 66% de los entrevistados piensa que el país está menos seguro ahora que partieron los militares norteamericanos, olvidando que los momentos de peor inseguridad se vivieron en el país durante la dictadura con la presencia y hasta la complicidad de dichos militares.
Por otra parte, un consenso semejante reaseguraría a la comunidad internacional con respecto a la seriedad con la cual los panameños hemos asumido nuestra nueva responsabilidad por el Canal.
En pocos días sabremos si la expectativa de este consenso se hace realidad. De lograrse, el Ministro de Gobierno y Justicia y los dirigentes del PDC y del PRD habrán reivindicado el quehacer político, pues en este caso habrán servido patrióticamente a Panamá y a los panameños. De no lograrse, el país y la historia querrán saber quién y qué lo hizo imposible.
