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Capacitación de jueces y fiscales


Para eso se creó la Escuela Judicial, para capacitar a magistrados, jueces, fiscales y personeros, y al resto de su personal de apoyo. Pero por alguna razón, sus loables esfuerzos por elevar la calidad del servicio del sistema y sobre todo de los fallos, han fracasado. Obviamente, se impone un diagnóstico para ubicar causas e introducir los remedios. Porque, en el plano teórico, debería funcionar pero, a juzgar por los resultados, no funciona. Tal vez los jefes creen saberlo todo y no asisten o se excluyen de los programas de la escuela. Y así, poco se gana, si sólo la gente de medio y bajo estrato del aparato judicial se capacita, si los superiores se sustraen o no cooperan y siguen conduciéndose en forma reprochable o decidiendo disparates.
Razón tiene pues, Magaly Castillo, dirigente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al plantear que los abogados que aspiren a ser jueces y fiscales, deben capacitarse no sólo técnicamente, en contenido e interpretación de la norma, la jurisprudencia, la praxis en los despachos judiciales, sino también en temas de ética, valores morales, mediación, resolución de conflictos, etc.
No se debe, por tanto, asumir que el mero diploma en Derecho y el certificado de idoneidad capacita para ser juez, magistrado, fiscal o personero. Es menester estar dotado de una disposición natural de carácter y de amplitud de criterio, sólo determinables con exámenes psicológicos y pruebas de aptitud, y de actitud, que no es lo mismo. Hace falta vocación y mística de servicio.
La educación debe ser continua, igual que su evaluación; enriquecida y actualizada por el intercambio con la gente más sabia de otros países. Debe además interrelacionarse con otras disciplinas y con los principales estamentos de la sociedad organizada, porque la recta administración de justicia no es un ejercicio aislado, sino un servicio a la comunidad, que no puede darse a sus espaldas ni contra ella, que es su razón de ser. En eso hay que atender al estribillo de todos los fallos, que se decide "en nombre de la República", que en realidad es "el pueblo" en su sentido constitucional, aquél de quien emanan todos los poderes.

101 años de Panamá América

 
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