Cautela con el Fondo Fiduciario
Su monto excede los mil millones de balboas; y se le mira como un ahorro nacional. En realidad, no lo es. El ahorro es resultado de la eficiencia o recorte en el gasto. Es conseguir a cinco lo que vale diez o evitar una erogación innecesaria, guardando el sobrante. El cómo ponerlo a trabajar sin gastárselo, es otro tema. Nos basta, por lo pronto, tener presente que, en ambos casos, se requiere de inteligencia, disciplina y buen juicio; atributos escasos en los administradores de la cosa pública.
Lo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, no fue ahorro; fue vender los muebles o la tienda para convertirlos en dinero. No era una decisión fácil, pues la tienda y demás bienes producían una renta sustanciosa, en contraste con el dinero en el banco que casi no rinde nada. ¿Mala apuesta? No. Lo vendido fueron empresas de servicios públicos, luz y teléfono, que aunque nos daban dinero, prestaban un servicio malo y obsoleto, para cuya modernización y expansión no teníamos fondos; y hubo que darlos a quien tuviera. Y en eso estamos. No fue, pues, resultado de recorte de gasto alguno.
Hubo tino, sin embargo, en dictar una ley creando el Fondo, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y, en sentido contrario, fue triste cuando durante la administración de Mireya Moscoso, lo abrieron, facilitando su uso y cambiando su dinero en efectivo y variados títulos por papeles del gobierno panameño, endeudado hasta el tuétano. A un ahorro verdadero no se le gasta o pignora. Se hace crecer.
Alguien propuso una vez destinarlo al pago de la deuda. ¡Absurdo! Al poco tiempo, estaríamos de vuelta a nuevos préstamos. Otro sugirió que lo destináramos al "gasto social". ¡Peor! No hay dinero en el mundo para arañar siquiera la superficie de la pobreza. Hoy se sabe que es mejor proveer oportunidades para que cada cual salga por sí mismo de su propio hoyo, en vez de dilapidar recursos escasos en sacarlos.
Por consiguiente, vemos con aprensión todo uso que se dé al Fondo, incluso si es por motivos tan altruistas como las últimas inundaciones. Trescientas viviendas son pocas, como para no haber podido resolverlas de otro modo. Econoplade y otras, lo hubiesen hecho sin necesidad de volver a tocar el Fondo, primer paso para su rapiña.
Los ciudadanos indultados estaban en su mayoría siendo investigados por causas penales electorales, seguidas por la supuesta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficiar a candidatos de la alianza gubernamental o en específico al Partido Arnulfista. Se trata de una práctica altamente reprochable.
Las circunstancias sociales y políticas por las que atraviesa nuestra nación, no justifican en nada este tipo de conducta. Estos delitos no son políticos; no se trata de hechos provocados por una inestabilidad manifiesta del sistema político; son, por el contrario, acciones de tipo individual, aisladas, que brotan en un ambiente de transparencia e igualdad que debe ser respetado.
Me veo obligado, como representante de los derechos políticos de los ciudadanos, a sobre estresar el peligro que acecha a nuestra democracia si se permitiera, erróneamente, que todos los delitos electorales fueran calificados perse como políticos; ya que bajo este concepto, equivocado, se permitiría a un presidente, cualquiera, instigar a sus copartidarios y funcionarios en general a violar la Ley Electoral en plena campaña política, bajo la seguridad de la impunidad que les proporcionaría un indulto presidencial otorgado el día siguiente de la elección.
Lo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, no fue ahorro; fue vender los muebles o la tienda para convertirlos en dinero. No era una decisión fácil, pues la tienda y demás bienes producían una renta sustanciosa, en contraste con el dinero en el banco que casi no rinde nada. ¿Mala apuesta? No. Lo vendido fueron empresas de servicios públicos, luz y teléfono, que aunque nos daban dinero, prestaban un servicio malo y obsoleto, para cuya modernización y expansión no teníamos fondos; y hubo que darlos a quien tuviera. Y en eso estamos. No fue, pues, resultado de recorte de gasto alguno.
Hubo tino, sin embargo, en dictar una ley creando el Fondo, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y, en sentido contrario, fue triste cuando durante la administración de Mireya Moscoso, lo abrieron, facilitando su uso y cambiando su dinero en efectivo y variados títulos por papeles del gobierno panameño, endeudado hasta el tuétano. A un ahorro verdadero no se le gasta o pignora. Se hace crecer.
Alguien propuso una vez destinarlo al pago de la deuda. ¡Absurdo! Al poco tiempo, estaríamos de vuelta a nuevos préstamos. Otro sugirió que lo destináramos al "gasto social". ¡Peor! No hay dinero en el mundo para arañar siquiera la superficie de la pobreza. Hoy se sabe que es mejor proveer oportunidades para que cada cual salga por sí mismo de su propio hoyo, en vez de dilapidar recursos escasos en sacarlos.
Por consiguiente, vemos con aprensión todo uso que se dé al Fondo, incluso si es por motivos tan altruistas como las últimas inundaciones. Trescientas viviendas son pocas, como para no haber podido resolverlas de otro modo. Econoplade y otras, lo hubiesen hecho sin necesidad de volver a tocar el Fondo, primer paso para su rapiña.
Los ciudadanos indultados estaban en su mayoría siendo investigados por causas penales electorales, seguidas por la supuesta utilización de bienes y recursos del Estado para beneficiar a candidatos de la alianza gubernamental o en específico al Partido Arnulfista. Se trata de una práctica altamente reprochable.
Las circunstancias sociales y políticas por las que atraviesa nuestra nación, no justifican en nada este tipo de conducta. Estos delitos no son políticos; no se trata de hechos provocados por una inestabilidad manifiesta del sistema político; son, por el contrario, acciones de tipo individual, aisladas, que brotan en un ambiente de transparencia e igualdad que debe ser respetado.
Me veo obligado, como representante de los derechos políticos de los ciudadanos, a sobre estresar el peligro que acecha a nuestra democracia si se permitiera, erróneamente, que todos los delitos electorales fueran calificados perse como políticos; ya que bajo este concepto, equivocado, se permitiría a un presidente, cualquiera, instigar a sus copartidarios y funcionarios en general a violar la Ley Electoral en plena campaña política, bajo la seguridad de la impunidad que les proporcionaría un indulto presidencial otorgado el día siguiente de la elección.
