Chivos expiatorios que pagan campañas

La corrupción panameña está ganando la guerra en nuestra sociedad, y lamentablemente regula el mercado a nivel estatal y privado. La actual economía de Panamá tiene un carácter feudal y coincide culturalmente con un liderazgo vertical, generalmente patriarcal y jerárquico como las colonias españolas en los tiempos de los reyes de España. Mucho se ha debatido sobre la abultada planilla que se paga con préstamos, pero existe un silencio ensordecedor de un mal mayor: Las consultorías del Estado. ¿Cuántas consultorías se pagaron para escoger directores de entidades autónomas y tenemos los mismos problemas de siempre en las instalaciones de salud? ¿Porque el pueblo vive sin medicamentos o cirugías oportunas? ¿Que diferente nos dirá una consultora de lo que sabemos que hay que hacer con nuestro cobre?

El conjunto de valores coloniales en Panamá conduce inevitablemente a concentración de riqueza en pocos grupos económicos ligados a los eternos diputados que buscan mantener su influencia infiltrándose en instituciones del Estado con los mismos modus operandi que aplican dentro de sus negocios: el intercambio de favores. No es de extrañarse que las consultoras tiendan a promover ciertas decisiones para que el Estado elimine a los competidores de los dueños de las consultorías. El error está en pensar que el éxito económico pasado fue resultado del trabajo, y no tanto de los privilegios.

Tarun Khanna y Yishay Yafeh en junio de 2007 publicaron en la revista Journal of Economic Literature que "a medida que los grupos empresariales acumulan influencia política y económica, la naturaleza de sus relaciones con el gobierno tiende a cambiar de "protegidos del gobierno" a un fuerte lobby con reguladores a menudo secuestrados o a un sector que pierde el favor de las autoridades por su excesiva influencia". Los grupos económicos y sus consultoras con presencia en múltiples sectores le dan "un toque de jerarquía coercitiva" a las relaciones con competidores, proveedores y clientes.

La contratación de consultores para desarrollar o ejecutar una función básica gubernamental en vez de confiar en el conocimiento de los funcionarios públicos expertos en Panamá, presupone que se puedan crear capacidades como por arte de magia y que el conocimiento se puede comprar. Da por hecho que en la administración estatal el aprendizaje no es un proceso incremental y colectivo, sino una transacción comercial.

Las consultorías se justificaban en algún momento ante la inestabilidad laboral de los funcionarios públicos y la pérdida cada lustro de la "memoria institucional", ese conocimiento acumulado de los funcionarios estatales que es difícil de cuantificar o registrar. En los gobiernos democráticos, se espera que las organizaciones del sector público sean capaces de adaptarse para responder a las demandas políticas y las necesidades que son cambiantes. Cuando los consultores crean conocimiento, puede que este no se comparta realmente con el Estado panameño para favorecer sus empresas.

Las consultoras de gestión, que a menudo dependen de conseguir futuros contratos estatales, pueden tener incentivos para impedir que los funcionarios públicos aprendan y se vuelvan independientes. La capacidad de introducir cambios a favor del pueblo está controlada por contratistas que donan a las campañas electorales haciendo que el sector público panameño pierda la capacidad de mantener actualizadas sus competencias.

¿Hasta qué punto los fracasos en las licitaciones públicas y selecciones de directores de entidades autónomas panameñas han sido consecuencia de la incompetencia o una prueba de aumento de la corrupción? Hay que limitar la desaparición de las competencias del sector público, restringiendo la externalización de las consultoras que pagan campañas electorales y cuyos intereses muchas veces entran en conflicto con los de la sociedad panameña.

Las consultoras se usan como chivos expiatorios en reformas impopulares como la de la Minera de Cobre Panamá y rescatar el programa IVM del Seguro Social para tratar de legitimar los conflictos internos y eludir la rendición de cuentas ante la democracia. El asesoramiento de una consultora puede estar sesgado para favorecer a los clientes que financian campañas políticas. ¿Las consultoras sirven a Panamá o a sus dueños?

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