Cierre de vías públicas
Los incesantes cierres de vías públicas para exigir la presencia de altos funcionarios del Estado o hacer efectivos determinados reclamos con la consecuencia de impedir el tránsito vehicular, constituyen un delito contra la libertad individual y un gran daño a la economía del país. Es hora ya de que con mano firme nuestras autoridades combatan este flagelo. El remedio no está en disolver los grupos ni en hacerles inútiles llamados a la cordura.
De pronto es necesario ensayar con el cumplimiento de lo que establece la Ley. Capturar a dos o tres de ellos y llevárselos arrestados, hacerlos aparecer en la prensa local al día siguiente e imponerles una pena, no perdonable a medio pagar, hasta que la cumplan por completo de conformidad con las sanciones previstas en el ordenamiento penal panameño.
Es una vergüenza que en ocasiones cinco, diez, quince, veinte o veinticinco personas pertenecientes a entidades con centenares y hasta millares de miembros paralicen el tránsito. Tan seria es la repercusión del daño que tales cierres de vías públicas entraña, que en el Perú, por poner un ejemplo, esa conducta constituye un delito que se castiga hasta con ocho años de cárcel.
