Cinismo, imposición y exabrupto
Nos toca a los medios escritos el turno de enfrentar el cinismo, imposición y exabrupto del gobierno saliente, que comunicó recientemente al presidente y la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que nos visitaba, que había presentado un proyecto de ley que derogaría la ley mordaza, cuando en realidad estaba endureciéndola. Con razón se cuidaron la ministra Sagel que gestó el proyecto y el mandatario de la Nación que lo promovió, de no revelar su venenoso contenido, que empeoraría ostensiblemente la condición en que se desenvuelve la prensa escrita.
Para empezar, no es cierto que el proyecto derogue la ley mordaza; lo que hace es subrogar o sea reemplazar apenas una de ellas por otra peor, al tiempo que reitera la plena vigencia del resto de las leyes represivas de la libertad de prensa y de expresión que se encuentran dispersas en diversos ordenamientos normativos gestados bajo la dictadura militar. El proyecto no solo no deroga sino que empeora y ofrece lo mismo, pero peor.
Para continuar, es discriminatorio, porque excluye de su texto a la radio y a la televisión, que estaban incluidas en la Ley 11, dejando solos a los medios impresos sujetos a la nueva mordaza. La radio y la televisión están reguladas por la Ley 24 de 30 de junio de 1999, bajo el principio de que "la mejor ley es la que no existe", quedando sólo sujetas al mismo régimen de responsabilidades que el común de los ciudadanos y personas que habitan el país, lo que no es así para los periódicos, que continuamos sujetos a un régimen opresivo, versión gubernamental de fin de siglo.
Por otra parte, el proyecto de marras eleva de B/.2,500 de la Ley 11 a B/. 10,000 la multa por agravios a terceros que no constituyan delitos de calumnia e injuria y pone en manos de los corregidores su conocimiento, empeorando la situación que existe bajo la Ley 11que pone en manos del ministro de Gobierno la competencia de estas causas. A primera vista se advierte que no es lo mismo una justicia administrada por un corregidor de barrio que la de un ministro que cuenta con asesores e infraestructura para un pronunciamiento con mejor base.
De lo anterior se deriva otra consecuencia peligrosa; y es que la jurisprudencia ha dicho que contra las decisiones de autoridades de policía (corregidores, alcaldes y gobernadores) no cabe recurso de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; de lo que se colige que la situación de la prensa escrita queda en peor situación bajo el nuevo proyecto que bajo la Ley 11, desde el momento que no podría bajo aquél recurrir ante la Corte contra decisiones arbitrarias de un corregidor, cuando bajo la Ley 11 sí puede hacerlo contra una resolución ministerial. Ciertamente, en ambos casos, se podría recurrir en amparo de garantías; sólo que ahora ello sería competencia de la nueva Sala Quinta.
En la misma línea de endurecimiento, el proyecto sustituye la actual presunción de inocencia del director de un medio escrito de la Ley 11, por la presunción de culpabilidad; y como si eso no fuera suficiente, le hace responsable solidario hasta de lo que se publique bajo firma responsable, cuando la actual Ley 11 lo exonera si media tal firma.
Del mismo modo, el desconocimiento del derecho de réplica empieza bajo el proyecto con una sanción de B/.500, cuando bajo la Ley 11 inicia con una amonestación y sigue con una multa de B/.100. Todo pues es peor en el proyecto en cuestión, sin que nada de él sea salvable, ni siquiera la rimbombante declaración de que ningún periódico será cerrado, habida consideración que las tiranías emplean formas más sutiles, como la intervención mediante censor o administrador, que no implica el cierre y que enmascara un crimen más atroz, forzando al diario a servir a sus usurpadores.
Para empezar, no es cierto que el proyecto derogue la ley mordaza; lo que hace es subrogar o sea reemplazar apenas una de ellas por otra peor, al tiempo que reitera la plena vigencia del resto de las leyes represivas de la libertad de prensa y de expresión que se encuentran dispersas en diversos ordenamientos normativos gestados bajo la dictadura militar. El proyecto no solo no deroga sino que empeora y ofrece lo mismo, pero peor.
Para continuar, es discriminatorio, porque excluye de su texto a la radio y a la televisión, que estaban incluidas en la Ley 11, dejando solos a los medios impresos sujetos a la nueva mordaza. La radio y la televisión están reguladas por la Ley 24 de 30 de junio de 1999, bajo el principio de que "la mejor ley es la que no existe", quedando sólo sujetas al mismo régimen de responsabilidades que el común de los ciudadanos y personas que habitan el país, lo que no es así para los periódicos, que continuamos sujetos a un régimen opresivo, versión gubernamental de fin de siglo.
Por otra parte, el proyecto de marras eleva de B/.2,500 de la Ley 11 a B/. 10,000 la multa por agravios a terceros que no constituyan delitos de calumnia e injuria y pone en manos de los corregidores su conocimiento, empeorando la situación que existe bajo la Ley 11que pone en manos del ministro de Gobierno la competencia de estas causas. A primera vista se advierte que no es lo mismo una justicia administrada por un corregidor de barrio que la de un ministro que cuenta con asesores e infraestructura para un pronunciamiento con mejor base.
De lo anterior se deriva otra consecuencia peligrosa; y es que la jurisprudencia ha dicho que contra las decisiones de autoridades de policía (corregidores, alcaldes y gobernadores) no cabe recurso de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; de lo que se colige que la situación de la prensa escrita queda en peor situación bajo el nuevo proyecto que bajo la Ley 11, desde el momento que no podría bajo aquél recurrir ante la Corte contra decisiones arbitrarias de un corregidor, cuando bajo la Ley 11 sí puede hacerlo contra una resolución ministerial. Ciertamente, en ambos casos, se podría recurrir en amparo de garantías; sólo que ahora ello sería competencia de la nueva Sala Quinta.
En la misma línea de endurecimiento, el proyecto sustituye la actual presunción de inocencia del director de un medio escrito de la Ley 11, por la presunción de culpabilidad; y como si eso no fuera suficiente, le hace responsable solidario hasta de lo que se publique bajo firma responsable, cuando la actual Ley 11 lo exonera si media tal firma.
Del mismo modo, el desconocimiento del derecho de réplica empieza bajo el proyecto con una sanción de B/.500, cuando bajo la Ley 11 inicia con una amonestación y sigue con una multa de B/.100. Todo pues es peor en el proyecto en cuestión, sin que nada de él sea salvable, ni siquiera la rimbombante declaración de que ningún periódico será cerrado, habida consideración que las tiranías emplean formas más sutiles, como la intervención mediante censor o administrador, que no implica el cierre y que enmascara un crimen más atroz, forzando al diario a servir a sus usurpadores.
