Colapso de la Justicia
Esta situación que se ha denunciado en esta columna en múltiples ocasiones revela que hay en el ámbito judicial penal, unos mil doscientos casos penales esperando sentencia definitiva. Los magistrados del máximo tribunal sostienen que ese estado de cosas se ha tornado ingobernable y afirman, en efecto, que resolver esos procesos les llevaría años, sin contar la cantidad de nuevas causas que irá ingresando.
Y, como se ha publicado en innumerables ocasiones, la responsabilidad también la comparten abogados que dilatan los trámites y el Ministerio Público con su ineptitud usual. Cuando se comenzó a aplicar el actual sistema penal, los casos iniciados y los que estaban en la etapa de instrucción y pendientes de sentencia de primeras instancia, pasaron a ser tratados por pocos juzgados, donde se acumularon cerca de diez mil expedientes, que con más esfuerzo que resultado, están tratando de adelantar esas dependencias.
Así, hay miles y miles de casos esperando justicia, formando monumentales montañas de papeles, anárquicas pilas de expedientes numerados, en medio de las cuales los seres humanos dolorosamente involucrados en ellos se convirtieron en sombras casi sin identidad. Y hay en ese contexto otro factor particularmente grave: hasta que la Corte no emita sentencia definitiva, los años de prisión a que se haya condenado a un procesado se pueden reducir a dos tercios en los casos en que exista buena conducta penitenciaria. La acumulación de casos en la Corte a la espera de sentencia firme, iniciados la mayoría hace ya varios largos años, puede convertir entonces a la justicia que esperan las víctimas de esos casos en una mera parodia, habida cuenta que un delincuente que haya sido condenado por 15 años de prisión, sólo estará privado de la libertad como mucho, diez años.
Ha llegado la hora de dar salida a este problema. Los especialistas sostienen que hay varias alternativas. La Corte propicia una reforma al Código Penal. Otros juristas propician designación temporal en el ámbito penal de un nutrido cuerpo de relatores para que se aboque exclusivamente al tratamiento de los casos atrasados. De cualquier forma, habrá que estudiar muy bien las opciones que se tomen y analizar las alternativas posibles para adoptar una decisión. Poner manos a la obra es, a esta altura, un imperativo impostergable.
Y, como se ha publicado en innumerables ocasiones, la responsabilidad también la comparten abogados que dilatan los trámites y el Ministerio Público con su ineptitud usual. Cuando se comenzó a aplicar el actual sistema penal, los casos iniciados y los que estaban en la etapa de instrucción y pendientes de sentencia de primeras instancia, pasaron a ser tratados por pocos juzgados, donde se acumularon cerca de diez mil expedientes, que con más esfuerzo que resultado, están tratando de adelantar esas dependencias.
Así, hay miles y miles de casos esperando justicia, formando monumentales montañas de papeles, anárquicas pilas de expedientes numerados, en medio de las cuales los seres humanos dolorosamente involucrados en ellos se convirtieron en sombras casi sin identidad. Y hay en ese contexto otro factor particularmente grave: hasta que la Corte no emita sentencia definitiva, los años de prisión a que se haya condenado a un procesado se pueden reducir a dos tercios en los casos en que exista buena conducta penitenciaria. La acumulación de casos en la Corte a la espera de sentencia firme, iniciados la mayoría hace ya varios largos años, puede convertir entonces a la justicia que esperan las víctimas de esos casos en una mera parodia, habida cuenta que un delincuente que haya sido condenado por 15 años de prisión, sólo estará privado de la libertad como mucho, diez años.
Ha llegado la hora de dar salida a este problema. Los especialistas sostienen que hay varias alternativas. La Corte propicia una reforma al Código Penal. Otros juristas propician designación temporal en el ámbito penal de un nutrido cuerpo de relatores para que se aboque exclusivamente al tratamiento de los casos atrasados. De cualquier forma, habrá que estudiar muy bien las opciones que se tomen y analizar las alternativas posibles para adoptar una decisión. Poner manos a la obra es, a esta altura, un imperativo impostergable.
