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¿Cómo desfacer el entuerto?


Hay que saludar con beneplácito el acuerdo a que llegaron los presidentes Enrique Bolaños, Misael Pastrana y Mireya Moscoso de constituir una comisión que investigue, hasta su esclarecimiento, el caso de las armas supuestamente vendidas a nuestro país, pero que todo apunta a que terminaron en Colombia. De acuerdo con el compromiso hasta ahora asumido por 15 países del continente, Nicaragua y Panamá entre ellos, al ratificar la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) los estados parte estamos obligados a tomar todas las medidas a nuestro alcance para impedir ese tráfico.
Los países vendedores deberán cerciorarse de que su comprador es quien dice ser o que representa a quien dice representar. Los países compradores, por su parte, sólo deben comprarle a vendedores legítimos. Si no se cumple con esas comprobaciones elementales se estaría propiciando el delito que la convención trata de combatir.
¿Qué debe ocurrir en la práctica cuando se contrata una compraventa de armas? Lo primero es establecer de cuál de las dos situaciones posibles se trata, para, enseguida, precisar si se efectuaron las comprobaciones correspondientes. En una operación de venta, que es el caso presente, cuando llega al momento de su materialización, el vendedor, que es quien tiene la posesión de las armas, se desprende de ellas para enviárselas a un comprador cuya identidad debe conocer y verificar. Ese vendedor debe hacer todas las comprobaciones que sean necesarias para estar completamente seguro de que su comprador es auténtico. Y si el comprador está representado por otras personas, también debe comprobarse que los representantes tienen un poder válido para actuar como intermediarios. Si el vendedor no hace las comprobaciones que impone un comercio de características tan especiales y riesgosas, le será difícil sacudirse de responsabilidad.
En el caso que ha generado la controversia, de la supuesta venta a Panamá de un lote de armas que salió de Nicaragua pero que no llegó al supuesto destinatario, resultaría incongruente que sean las autoridades panameñas las que tengan que probar que no autorizaron la compra, como han sugerido algunos funcionarios nicaragüenses. En estas circunstancias la carga de la prueba no le corresponde a nuestro país.
111 Los países vendedores deberán cerciorarse de que su comprador es quien dice ser o que representa a quien dice representar.
Para poder llegar al fondo del asunto, se requerirá, en primer lugar, que todas las partes, pero especialmente la vendedora, concurran a la investigación con el propósito de esclarecer los hechos y las responsabilidades. De lo contrario sería muy difícil alcanzar resultados concretos.
Con la decisión tomada por los tres Jefes de Estado de constituir la Comisión Investigadora, se ha dado un importante primer paso para superar el diferendo. E involucrar a la OEA, para que colabore con expertos que contribuyan a la investigación, ha sido también muy constructivo. Su participación, de salida, ayudará a que disminuya la tensión existente y a restablecer un clima propicio para que impere la objetividad, que es necesaria en estos casos.
Y si a lo anterior se suma la voluntad política de las partes para colaborar con toda la amplitud que se requiere, como es la firme intención de nuestro país, creo que estamos en buen camino para superar el entuerto, sin que se afecten las relaciones armónicas que siempre han existido entre nuestros países y que debemos conservar.

101 años de Panamá América

 
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