Conformismo: Suicidio de las democracias
El presidente Martinelli cosechando el desprestigio de la oposición política; pero, además, lo que es mucho más preocupante: el conformismo de la sociedad panameña que se da por satisfecha con los desempeños raquíticos de quienes gobiernan.
El desprestigio acumulado del PRD y el rechazo a su permanencia en el poder, importaron más que las promesas de la Alianza por el Cambio, contenidas en su llamado “programa de gobierno”; que adolecía entonces, y todavía adolece, de muchas lagunas, de imprecisiones nunca aclaradas, de una evidente ausencia de desarrollos y metas específicas y de cronogramas para cumplirlas. Pero como el gobierno, según algunas encuestas, sigue disfrutando de aceptación, tampoco ha sentido la necesidad de satisfacer las demandas que les recuerdan sus asignaturas pendientes o, simplemente, poco le ha importado.
Y tampoco le ha importado al grupo gobernante desdecirse de algunas de sus más señeras promesas electorales. Se nos prometió, y así está escrita, la eliminación, a corto plazo, de decretos-leyes impuestos a tambor batiente por Torrijos y su ministro militar. Textualmente, en el denominado “plan de gobierno”, presentado durante la campaña electoral, puede leerse: “En aras de establecer una Política de Estado apropiada en materia de seguridad pública, reemplazaremos los Decretos-Leyes antidemocráticos, de corte militar e inconsultos, por un Plan Nacional de Seguridad denominado Calles Seguras, cuyos componentes fundamentales dentro de un marco institucional de carácter civil, respondan a la prevención con énfasis social, la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado y la rehabilitación del reo dentro de un (sic) sistema penitenciario”.
¿Recuerdan ustedes alguna iniciativa legislativa del presente gobierno encaminada a cumplir esa rimbombante promesa? La anunciada Política de Estado de Seguridad no existe y los resultados mucho menos. Pero los decretos-leyes Torrijos-Delgado, siguen tan vigentes como en el gobierno anterior y han encontrado entusiastas defensores en el presente.
En la sección “Gobernabilidad” del mismo “plan de gobierno” puede leerse: “Para lograr el fortalecimiento de la democracia y la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral, se propondrán las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional (sic)”. Y, a renglón seguido, se dice: “se promoverán cambios en el método para escoger a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de manera que las nuevas designaciones sean resultado del escrutinio de la capacidad, profesionalidad y solvencia moral de los candidatos”. ¿Puede alguien, fuera de la obsecuencia oficial, afirmar que esas promesas se han cumplido?
Y si habláramos de la transparencia en las contrataciones públicas, después de todas las adjudicaciones multimillonarias hechas “de manera directa”, la promesa de corregir los desafueros del anterior gobierno, suena a broma de mal gusto.
La lista de incumplimientos, extralimitaciones y violaciones al Estado de Derecho es mucho más extensa que los ejemplos anteriores. Y por lo que vemos todos los días, seguirá en aumento. Las reiteradas actitudes de los gobernantes no dan margen para alentar propósitos de enmienda sino todo lo contrario.
Que quienes detentan el poder sean proclives a ejercerlo violando las constituciones y las leyes o que poco les importen los compromisos y las promesas hechas para encumbrarse, es la historia repetida de nuestras renqueantes democracias y un peligro que, desgraciadamente, seguirá acechándolas. Ese peligro podría superarse si frente a esas conductas antidemocráticas hubiera una adecuada respuesta de los gobernados. Pero cuando los pueblos, como parece ocurre con el nuestro, en lugar de mantener una protesta constante y sistemática, adoptan la línea del conformismo y el “bajo perfil” esas conductas son equivalentes a un suicidio de la democracia.
