Confusiones presupuestarias
El anuncio más reciente del gobierno es que el Presupuesto General del Estado para el año 2010 sobrepasará los 10,000 millones, o sea, que, nominalmente, será superior en 400 millones, como mínimo, al del 2009. Digo, “nominalmente”, por cuanto el presupuesto en ejecución está totalmente desfigurado, como consecuencia de los traslados de partidas y la proliferación de los “créditos extraordinarios”.
Antes de que terminara el anterior gobierno, por razones nunca aclaradas, los equipos, del saliente y del entrante, patrocinaron la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, para elevar el techo del déficit. Esa acción, básicamente inconstitucional, también lo es la Ley original, dio la bendición legal, sin precisión de responsabilidades, al déficit patrocinado por el gobierno del PRD. Antes de su reforma, la Ley de Responsabilidad Fiscal autorizaba un déficit de hasta el 1%, que Torrijos ya había violado. Para el 30 de junio, cuando salió de la presidencia, el déficit fiscal rondaba los 200 millones. La reforma, al elevar el techo para el 2009 al 2.5 o al 3% del PIB, automáticamente exoneró al gobierno saliente de las violaciones en que había incurrido. Lo correcto hubiera sido hacer un corte en la ejecución presupuestaria al 30 de junio, para dejar claras las cuentas y evitar la confusión de responsabilidades.
Una de las prácticas más nocivas, usada de manera reiterada por la pasada administración, fue la aprobación, sin cuenta, de créditos extraordinarios y de los “traslados de partidas”, con fines electoreros. Uno de los ejemplos más sonados fue el caso del INADEH. El nuevo gobierno, en su afán de proyectarse y demostrar efectividad, equivocadamente, también se lanzó por el camino de los créditos extraordinarios, aunque recientemente vimos declaraciones de los responsables del MEF, anunciando que se suspendería su aprobación. Pero esa afirmación fue desvirtuada, apenas transcurrido un día, por otro anuncio, de que el MOP se apresta a solicitar un “crédito extraordinario” por 25 millones de balboas.
Una interpretación correcta de la Constitución (Ver el Art. 275) impone, para el caso de que los ingresos sean inferiores a la estimación presupuestaria, que el Órgano Ejecutivo “adopte un plan de ajuste del gasto”. Pareciendo subordinarse al texto constitucional, hace unos días el gobierno, por conducto del MEF, anunció que el presidente Martinelli había ordenado una contención del gasto equivalente al 3%. Esa medida también sonaba razonable, y era una aceptación velada de que los ingresos han disminuido; pero es contradictorio que, al mismo tiempo, se mantenga la autorización para aumentar el déficit fiscal. Si una vale; la otra no.
Finalmente, tampoco hace sentido el anuncio, sin haber previamente explicado de dónde vendrán los recursos adicionales, de que el Presupuesto del 2010 aumentará, con respecto al del 2009, especialmente cuando éste, al cierre del año arrastrará un déficit que podría rondar los 600 millones. Los ingresos adicionales se logran, esencialmente, por dos vías: más impuestos o más deudas. Y ambos extremos, en las actuales circunstancias son inconvenientes.
Como puede apreciarse, después de tantas idas y venidas, muchas veces contradictorias, sobre el rumbo de las finanzas públicas, se hace necesario que el nuevo gobierno brinde mejores y más coherentes explicaciones, para la tranquilidad general.
