Contra la explotación sexual de menores
PARA LAS niñas o adolescentes abusadas sexualmente nada vuelve a ser igual.
En Panamá se desconoce la dimensión real de la explotación sexual de niñas y adolescentes. Es un delito silencioso porque las víctimas tienen terror a denunciarlo. No es un asunto privado, es un problema social. Cuando trasciende a los medios de comunicación es abordado con un espíritu morboso y sensacionalista con datos provistos, en muchos casos, por funcionarios inconscientes o por un sistema de salud y judicial para el cual ese drama social representa solamente cifras.
Existe una relación directa entre pobreza y adolescencia. La mitad de los menores pobres tienen menos de 18 años. Cerca de la mitad de los niños y niñas maltratados atendidos en el Hospital del Niño han sido víctimas de abusos sexuales. Solamente en el 2002 se registraron 960 casos de maltratos o abusos sexuales. En el 2003 la Policía Técnica Judicial (PTJ) documentó 357 violaciones sexuales de niñas y adolescentes. De esos casos el mayor número se registró en Panamá, Coclé y San Miguelito. De los 10,000 casos de adolescentes embarazadas atendidos en 1999 por la Caja de Seguro Social (CSS), una cuarta parte correspondía a niñas entre los 10 y 14 años y el resto tenía edades entre 15 y 19 años.
Una niña o adolescente embarazada enfrenta una gestación riesgosa por los problemas biológicos y la situación sicológica y social a la que está expuesta. Las posibilidades de que trate de abortar son mayores por el pánico que le produce enfrentar su drama personal. Se trata, entonces, de un serio problema de salud pública.
Para las niñas o adolescentes abusadas sexualmente nada vuelve a ser igual. La autoestima de la víctima queda por el suelo y se derrumba la capacidad de confiar o de involucrarse en relaciones permanentes por la carga de resentimientos interiores. Genera, además, un grave daño a la estructura moral del país porque las niñas y adolescentes carecen de confianza en los adultos y en las instituciones llamadas a defenderlas.
El abuso sexual de menores es uno de los delitos que hiere en su fibra íntima a los sectores más indefenso de la sociedad y mata desde su raíz las posibilidades de mejorar al mundo desde la visión de los niños y adolescentes. El fracaso de la mayoría de los adultos tuvo su origen en una niñez de maltratos o que no recibieron el apoyo suficiente para salir adelante.
El embarazo de las niñas y adolescentes está asociados también a la pobreza y la falta de opciones laborales y educativas. Por eso la urgencia de políticas públicas que generen posibilidades de inserción social para que la maternidad sea una alternativa cuando la edad y la situación personal les permita hacerse cargo del hijo gestado. De madres adolescentes y abuelas de 30 años de edad, no puede esperarse más que niños pobres, que alimentan los índices de la subcultura marginal, el analfabetismo y la delincuencia.
Los códigos penales y judiciales panameños imponen penas entre tres y 10 años de cárcel para los delitos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Existe en el país un plan nacional contra la violencia doméstica y políticas de convivencia ciudadana, pero no se ha instalado la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual. Eso revela que hay mucho por hacer para contrarrestar el uso de la manipulación afectiva, la intimidación, el soborno o la fuerza con la que se abusa de las niñas y adolescentes en Panamá. Los adultos más cercanos, en ocasiones familiares, junto a profesores, dueños de bares o discotecas, taxistas, intermediarios o proxenetas son los principales explotadores de los menores.
Una salvaguarda es la educación sexual que recae en el Estado a través de las escuelas. Pero en la primera fila debe estar la familia y al lado los principios religiosos, llamados a proveerles de cuidados físicos y espirituales. Por desgracia la institución de la familia está en crisis y los líderes religiosos están seriamente cuestionados como responsables de abusos sexuales.
Los medios de comunicación, en lugar de crear un equipo a favor de los menores, tampoco cumplen con su papel orientador. En lugar de eso, sobre todo la televisión, los bombardean con una permanente erotización. Es como si la televisión se ensañara con los menores para acabar con el paraíso que debe ser la infancia, dañando su estructura de símbolos y abriendo grietas irreparables en una percepción familiar y social que podría blindarlo contra los abusos externos.
En Panamá se desconoce la dimensión real de la explotación sexual de niñas y adolescentes. Es un delito silencioso porque las víctimas tienen terror a denunciarlo. No es un asunto privado, es un problema social. Cuando trasciende a los medios de comunicación es abordado con un espíritu morboso y sensacionalista con datos provistos, en muchos casos, por funcionarios inconscientes o por un sistema de salud y judicial para el cual ese drama social representa solamente cifras.
Existe una relación directa entre pobreza y adolescencia. La mitad de los menores pobres tienen menos de 18 años. Cerca de la mitad de los niños y niñas maltratados atendidos en el Hospital del Niño han sido víctimas de abusos sexuales. Solamente en el 2002 se registraron 960 casos de maltratos o abusos sexuales. En el 2003 la Policía Técnica Judicial (PTJ) documentó 357 violaciones sexuales de niñas y adolescentes. De esos casos el mayor número se registró en Panamá, Coclé y San Miguelito. De los 10,000 casos de adolescentes embarazadas atendidos en 1999 por la Caja de Seguro Social (CSS), una cuarta parte correspondía a niñas entre los 10 y 14 años y el resto tenía edades entre 15 y 19 años.
Una niña o adolescente embarazada enfrenta una gestación riesgosa por los problemas biológicos y la situación sicológica y social a la que está expuesta. Las posibilidades de que trate de abortar son mayores por el pánico que le produce enfrentar su drama personal. Se trata, entonces, de un serio problema de salud pública.
Para las niñas o adolescentes abusadas sexualmente nada vuelve a ser igual. La autoestima de la víctima queda por el suelo y se derrumba la capacidad de confiar o de involucrarse en relaciones permanentes por la carga de resentimientos interiores. Genera, además, un grave daño a la estructura moral del país porque las niñas y adolescentes carecen de confianza en los adultos y en las instituciones llamadas a defenderlas.
El abuso sexual de menores es uno de los delitos que hiere en su fibra íntima a los sectores más indefenso de la sociedad y mata desde su raíz las posibilidades de mejorar al mundo desde la visión de los niños y adolescentes. El fracaso de la mayoría de los adultos tuvo su origen en una niñez de maltratos o que no recibieron el apoyo suficiente para salir adelante.
El embarazo de las niñas y adolescentes está asociados también a la pobreza y la falta de opciones laborales y educativas. Por eso la urgencia de políticas públicas que generen posibilidades de inserción social para que la maternidad sea una alternativa cuando la edad y la situación personal les permita hacerse cargo del hijo gestado. De madres adolescentes y abuelas de 30 años de edad, no puede esperarse más que niños pobres, que alimentan los índices de la subcultura marginal, el analfabetismo y la delincuencia.
Los códigos penales y judiciales panameños imponen penas entre tres y 10 años de cárcel para los delitos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Existe en el país un plan nacional contra la violencia doméstica y políticas de convivencia ciudadana, pero no se ha instalado la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual. Eso revela que hay mucho por hacer para contrarrestar el uso de la manipulación afectiva, la intimidación, el soborno o la fuerza con la que se abusa de las niñas y adolescentes en Panamá. Los adultos más cercanos, en ocasiones familiares, junto a profesores, dueños de bares o discotecas, taxistas, intermediarios o proxenetas son los principales explotadores de los menores.
Una salvaguarda es la educación sexual que recae en el Estado a través de las escuelas. Pero en la primera fila debe estar la familia y al lado los principios religiosos, llamados a proveerles de cuidados físicos y espirituales. Por desgracia la institución de la familia está en crisis y los líderes religiosos están seriamente cuestionados como responsables de abusos sexuales.
Los medios de comunicación, en lugar de crear un equipo a favor de los menores, tampoco cumplen con su papel orientador. En lugar de eso, sobre todo la televisión, los bombardean con una permanente erotización. Es como si la televisión se ensañara con los menores para acabar con el paraíso que debe ser la infancia, dañando su estructura de símbolos y abriendo grietas irreparables en una percepción familiar y social que podría blindarlo contra los abusos externos.
