Corte Suprema, Procuraduría y CEMIS
Un escandaloso debate público ha sacudido recientemente a la Corte Suprema de Justicia. Caracterizada por inculpaciones mutuas, cada una más asombrosa que la otra, no se sabe con certeza si cada parte posee evidencias de las proclamas que lanza o éstas surgen al calor de la disputa.
Ciertamente, el país reclama hace algunos años correctivos que depuren sus principales instituciones, pero ¿discusiones tormentosas como las vividas la semana pasada ayudan a esos objetivos?
Coincidimos en la necesidad de que el Órgano Judicial deje de ser un ente sin fiscalización, pero el método y el escenario utilizados en el debate que transcurre podría desviar programas oficiales y abocar al país a una especie de confrontación sin salida.
La actual situación de la Corte tiene su génesis en las denuncias recíprocas entre sus miembros y el compromiso de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, de reabrir casos de alto perfil, entre ellos, el CEMIS con cuya reapertura todos estaríamos de acuerdo.
Pero del compromiso de la Procuradora se derivan, sin embargo, algunas conclusiones: que la anterior administración tuvo un manejo deficiente del caso; y que la actual posee suficientes elementos jurídicos como para reabrirlo.
Lo último no puede ser conocido sin que la misma procuradora inicie su reapertura. Pero, lamentablemente, ella ha manifestado sus reservas técnicas al respecto, que no son compartidas por amplios grupos en la sociedad civil. Se impone, por tanto, que mientras la Corte Suprema dilucida sus asuntos, la señora procuradora deje a un lado las excusas y se aboque a la reapertura inmediata del caso CEMIS, sobre todo, cuando el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, José A. Troyano, ha dicho que cualquier ciudadano puede hacerlo; y que el señor presidente de la República, Martín Torrijos, en múltiples ocasiones ha dejado claro que nada tiene que ver con el caso.
Ciertamente, el país reclama hace algunos años correctivos que depuren sus principales instituciones, pero ¿discusiones tormentosas como las vividas la semana pasada ayudan a esos objetivos?
Coincidimos en la necesidad de que el Órgano Judicial deje de ser un ente sin fiscalización, pero el método y el escenario utilizados en el debate que transcurre podría desviar programas oficiales y abocar al país a una especie de confrontación sin salida.
La actual situación de la Corte tiene su génesis en las denuncias recíprocas entre sus miembros y el compromiso de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, de reabrir casos de alto perfil, entre ellos, el CEMIS con cuya reapertura todos estaríamos de acuerdo.
Pero del compromiso de la Procuradora se derivan, sin embargo, algunas conclusiones: que la anterior administración tuvo un manejo deficiente del caso; y que la actual posee suficientes elementos jurídicos como para reabrirlo.
Lo último no puede ser conocido sin que la misma procuradora inicie su reapertura. Pero, lamentablemente, ella ha manifestado sus reservas técnicas al respecto, que no son compartidas por amplios grupos en la sociedad civil. Se impone, por tanto, que mientras la Corte Suprema dilucida sus asuntos, la señora procuradora deje a un lado las excusas y se aboque a la reapertura inmediata del caso CEMIS, sobre todo, cuando el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, José A. Troyano, ha dicho que cualquier ciudadano puede hacerlo; y que el señor presidente de la República, Martín Torrijos, en múltiples ocasiones ha dejado claro que nada tiene que ver con el caso.
