Cortinas de humo en el Canal
Cuando se acercaba el inicio del cumplimiento escalonado de los Tratados del Canal de 1977, se hizo patente la impreparación de la República de Panamá, para la recepción de los primeros bienes que revertirían (viviendas). En 1980, el Gobierno Nacional era controlado por los gobernantes surgidos del Golpe de Cuartel de 1968, Gobierno que se benefició con la entrega de numerosas viviendas. Ya sabemos lo que hicieron con ellas.
La entrega de edificios, instalaciones y tierras se haría conforme a un calendario, cuyas fechas básicas se encontraban en el Tratado canalero de aquel año. Todavía en los comienzos del Gobierno Endara, no había signo alguno de que Panamá llevara a cabo preparativos planificados, para esa entrega extraordinaria, cual era la del Canal y de todas las construcciones e instalaciones vinculadas al mismo. El valor de los bienes (edificios y tierras) fue calculado por expertos en una cantidad oscilante entre los cincuenta y sesenta mil millones de dólares, más nueve mil millones de dólares asignados al precio del Canal, como maquinaria traslaticia de naves.
A causa de señalamientos del Comando Sur, el Gobierno Endara designó una comisión para que le asesorara en la planificación relativa al recibo de tan extraordinario y valioso patrimonio. Desde un comienzo, los intereses creados iniciaron su labor de hacerse presentes en la estupenda etapa de transición que debería beneficiar a toda la sociedad panameña, y que tales intereses buscaban convertir en botín de sus hazañas.
La comisión especial recomendó crear dos agencias gubernamentales panameñas, para dividir bienes vinculados a un solo fin: el funcionamiento del Canal. A partir de entonces, se inició el proceso de aprovechamiento descabellado de ese maná insólito e inesperado, del Canal y sus instalaciones (edificios, tierras, administración del complejo transístmico, etc.), puesto que la comisión nacional recomendó separar el conjunto de aquellos valiosísimos bienes, del funcionamiento del Canal, a través de la Administración de la Región Interoceánica (ARI), nombre poco apropiado, porque intentó referirse a la región canalera, cuando casi todo Panamá es región interoceánica y con ella la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Pensar en grande, ya fue imposible, a partir de tal dicotomía, porque el manejo de los bienes revertidos se consideró como algo que nada tenía que ver con el funcionamiento del Canal. Había que vender tierras, edificios, instalaciones y otras estructuras para que quienes dispusieran de dinero, principalmente capitalista foráneos, vinieran a “hacer inversiones” y llevarse los rendimientos de tan enorme riqueza, para otras latitudes. Y se manejaría separadamente el Canal, como una empresa “autónoma” del gobierno panameño, con una actuación potencial muy parecida a las demás Instituciones autónomas nacionales (IRHE, INTEL, Cemento Bayano, hoy privatizadas, la Caja de Seguro Social, el Instituto de Acueductos Nacionales, etc., etc.), que siempre han sido y continuaran siendo objeto de las más aberrantes maniobras de la politiquería criolla.
Aunque se hizo la propaganda de que “el Canal no sería predio de la política”, su Título Constitucional creó una Junta Directiva nombrada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea, las dos principales agencias de la autollamada “clase política”, con los conocidos resultados, porque al pasar el tiempo, todos estamos viendo que, paso a paso, la ARI y el Canal sufrirán el destino que les deparó el Título de la Constitución sobre la vía canalera, para dividir y en buena parte vender bienes, que pudieron mantenerse unificados en un plan general de explotación de un gran complejo articulado para producir riquezas en provecho de todo el pueblo panameño, no como frase demagógica, sino real, porque creemos que ello bien pudo hacerse. Lo que tardíamente se va a hacer con la base de Howard, es la última paletada a lo que pudo ser, a más de un gran sueño, una gran realidad.
Hemos podido observar que, de tiempo en tiempo, han venido circulando informaciones, ya favorables, ya desfavorables, sobre la ARI y la Autoridad del Canal, pero sostenemos que la mayor parte de ellas no son más que cortinas de humo para el pueblo panameño, sobre la verdadera dimensión y propósitos que tienen ambas empresas. Cortinas de humo fueron: que el traspaso del Canal a Panamá debía ser “imperceptible”, porque así no percibíamos su “tratado de neutralidad”, que acepta la intervención cuando quieran los Estados Unidos; que desde el 31 de diciembre de 1999 “todos los panameños seríamos los únicos dueños del Canal”, pero “dueños” son los que mandan en él; que “la política no intervendría en el manejo del Canal”; que “a los campesinos alcanzados por la extensión de la Cuenca del Canal se les darán tierras tituladas, casas nuevas y apoyo económico para que vivan de su trabajo”; que “lo mejor es aprobar el tercer juego de esclusas casado con las próximas elecciones, porque así nadie preguntará cuántos miles de millones de dólares quedará debiendo Panamá, y pagando por los siglos de los siglos”.
Hay más cortinas, pero no hay más espacio.
La entrega de edificios, instalaciones y tierras se haría conforme a un calendario, cuyas fechas básicas se encontraban en el Tratado canalero de aquel año. Todavía en los comienzos del Gobierno Endara, no había signo alguno de que Panamá llevara a cabo preparativos planificados, para esa entrega extraordinaria, cual era la del Canal y de todas las construcciones e instalaciones vinculadas al mismo. El valor de los bienes (edificios y tierras) fue calculado por expertos en una cantidad oscilante entre los cincuenta y sesenta mil millones de dólares, más nueve mil millones de dólares asignados al precio del Canal, como maquinaria traslaticia de naves.
A causa de señalamientos del Comando Sur, el Gobierno Endara designó una comisión para que le asesorara en la planificación relativa al recibo de tan extraordinario y valioso patrimonio. Desde un comienzo, los intereses creados iniciaron su labor de hacerse presentes en la estupenda etapa de transición que debería beneficiar a toda la sociedad panameña, y que tales intereses buscaban convertir en botín de sus hazañas.
La comisión especial recomendó crear dos agencias gubernamentales panameñas, para dividir bienes vinculados a un solo fin: el funcionamiento del Canal. A partir de entonces, se inició el proceso de aprovechamiento descabellado de ese maná insólito e inesperado, del Canal y sus instalaciones (edificios, tierras, administración del complejo transístmico, etc.), puesto que la comisión nacional recomendó separar el conjunto de aquellos valiosísimos bienes, del funcionamiento del Canal, a través de la Administración de la Región Interoceánica (ARI), nombre poco apropiado, porque intentó referirse a la región canalera, cuando casi todo Panamá es región interoceánica y con ella la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Pensar en grande, ya fue imposible, a partir de tal dicotomía, porque el manejo de los bienes revertidos se consideró como algo que nada tenía que ver con el funcionamiento del Canal. Había que vender tierras, edificios, instalaciones y otras estructuras para que quienes dispusieran de dinero, principalmente capitalista foráneos, vinieran a “hacer inversiones” y llevarse los rendimientos de tan enorme riqueza, para otras latitudes. Y se manejaría separadamente el Canal, como una empresa “autónoma” del gobierno panameño, con una actuación potencial muy parecida a las demás Instituciones autónomas nacionales (IRHE, INTEL, Cemento Bayano, hoy privatizadas, la Caja de Seguro Social, el Instituto de Acueductos Nacionales, etc., etc.), que siempre han sido y continuaran siendo objeto de las más aberrantes maniobras de la politiquería criolla.
Aunque se hizo la propaganda de que “el Canal no sería predio de la política”, su Título Constitucional creó una Junta Directiva nombrada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea, las dos principales agencias de la autollamada “clase política”, con los conocidos resultados, porque al pasar el tiempo, todos estamos viendo que, paso a paso, la ARI y el Canal sufrirán el destino que les deparó el Título de la Constitución sobre la vía canalera, para dividir y en buena parte vender bienes, que pudieron mantenerse unificados en un plan general de explotación de un gran complejo articulado para producir riquezas en provecho de todo el pueblo panameño, no como frase demagógica, sino real, porque creemos que ello bien pudo hacerse. Lo que tardíamente se va a hacer con la base de Howard, es la última paletada a lo que pudo ser, a más de un gran sueño, una gran realidad.
Hemos podido observar que, de tiempo en tiempo, han venido circulando informaciones, ya favorables, ya desfavorables, sobre la ARI y la Autoridad del Canal, pero sostenemos que la mayor parte de ellas no son más que cortinas de humo para el pueblo panameño, sobre la verdadera dimensión y propósitos que tienen ambas empresas. Cortinas de humo fueron: que el traspaso del Canal a Panamá debía ser “imperceptible”, porque así no percibíamos su “tratado de neutralidad”, que acepta la intervención cuando quieran los Estados Unidos; que desde el 31 de diciembre de 1999 “todos los panameños seríamos los únicos dueños del Canal”, pero “dueños” son los que mandan en él; que “la política no intervendría en el manejo del Canal”; que “a los campesinos alcanzados por la extensión de la Cuenca del Canal se les darán tierras tituladas, casas nuevas y apoyo económico para que vivan de su trabajo”; que “lo mejor es aprobar el tercer juego de esclusas casado con las próximas elecciones, porque así nadie preguntará cuántos miles de millones de dólares quedará debiendo Panamá, y pagando por los siglos de los siglos”.
Hay más cortinas, pero no hay más espacio.
