Covid-19, solidaridad y política económica

La situación que vive el país a raíz de la pandemia del Covid –19 ha dado lugar a diversos comentarios sobre las acciones de política económica necesaria para mitigar sus efectos sobre la población.

Lo primero que se debe tener claro es que, para minimizar el costo humano directo, es prioritario reducir la penetración y duración de la enfermedad.

Esto solo se puede lograr cumpliendo con las medidas que impongan los especialistas en temas sanitarios. Son los científicos, los médicos y los técnicos de salud, los que pueden decir que hacer para acabar con el problema lo más pronto posible.

Por eso, es fundamental que el Estado le dedique a los servicios de salud todos los recursos necesarios para la prevención y el tratamiento de la enfermedad.

Es importante destacar que reducir el impacto y la duración de los efectos de coronavirus es un elemento fundamental para reducir el impacto económico que estos generan. Un reciente artículo econométrico publicado en Gran Bretaña sirve para ilustrar esto.

De acuerdo al mismo si el Covid – 19 se profundiza y extiende en el tiempo, el costo del impacto anual sobre la economía sería seis veces más duro que si el mismo se detiene con cierta rapidez.

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Se debe tener en cuenta que la aparición del coronavirus, como ya hemos argumentado, genera efectos depresivos sobre la economía, tanto por su efecto externo sobre las exportaciones y el abastecimiento de insumos, como por los efectos internos sobre el consumo y las inversiones, producto tanto del natural temor, así como de las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas por el sector salud.

Todo esto seguramente llevará a una pérdida significativa de actividad económica y de empleos. Un cálculo conservador nos dice que con una caída del 1% del PIB se generaría un desempleo adicional de 19,000 personas; con una caída más drástica de cerca del 3.0% del PIB esta cifra se elevaría a cerca de 57,000 personas.

Esto nuevamente lleva a insistir en la necesidad de la acción necesaria para evitar la extensión y prolongación de la pandemia. Pero también llama la atención sobre la necesidad de atender el problema tanto de los ocupados como de los desocupados.

En el caso de los ocupados asalariados la política debe estar guiada a tratar de mantener los empleos, dentro de lo que sea posible sin romper las acciones de salud, aquí tienen sentido las acciones de apoyo a las empresas para que puedan seguir operando. Sin embargo, también se van a necesitar medidas para quienes puedan llegar a perder sus puestos de trabajo, quienes en Panamá no cuentan con un seguro de desempleo.

Es aquí donde ya debe aparecer la acción subsidiaria del Estado que les permita acceso a la salud, la medicina, junto a transferencias en efectivo que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

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Estas últimas medidas serán aún más importantes para quienes trabajan en las actividades informales, quienes representan el 44.9% de los trabajadores no agrícolas, a los que se deberían sumar los que laboran en el sector agropecuarios, de los cuales no existen registros en el país.

Estos trabajadores, que ni siquiera cuentan con la posibilidad de adelantar vacaciones o recibir prestaciones sociales, serán muy fuertemente impactados por la caída de la actividad económica. Ellos necesitan un apoyo especial, tal como el que se les debe dar a todos los adultos mayores ya sean pensionados o no pensionados.

Estamos en una situación de emergencia, la que no es manejable con los simples mecanismos del mercado. En esta la solidaridad, la equidad social y el papel subsidiario del Estado tienen la palabra. La mayor parte del sacrificio corresponde a los que más tienen no a los más vulnerables.