¡Cuidado Sra. Presidenta!
Cuidado Sra. Presidenta! Está jugando con fuego y puede resultar quemada. A través de diferentes medios y en distintas fechas, hemos observado a la Presidenta de la República intervenir en política partidista llegando a oponerse abierta y oficialmente a las pretensiones presidencialistas de miembros de su colectivo, con lo que sin duda rebasa sus facultades legales. El artículo 28 del Código Electoral expresa textualmente lo siguiente: "Queda prohibido a los servidores públicos, realizar actividades de propaganda y afiliación partidaria en su horario de servicio y utilizar la autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen. A su vez, les está prohibido obstruir el libre ejercicio de las actividades proselitistas o electorales que se realicen conforme a este Código. Los servidores públicos no pueden valerse de su autoridad para que sus subalternos realicen actividades en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos".
¿Será acaso necesario que alguien explique a la Sra. Presidenta el alcance legal de esta disposición? A lo mejor sí porque ante las denuncias de nepotismo, con gran desparpajo, no les "paró bola" a pesar de estar plenamente establecido, en nuestro sistema legal, como una falta administrativa. Ninguna rectificación adoptó la Sra. Presidenta, a ciencia y paciencia de las autoridades encargadas de velar por el fiel cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Sería interesante preguntarle al Sr. Contralor General de la República, si acaso según su ilustre opinión, percibir salarios emanados de nombramientos derivados de faltas administrativas, ¿no es acaso ilegal? Si es ilegal, ¿por qué entonces lo permite la Contraloría General de la República?
La Sra. Presidenta, con su antijurídica actitud, pone en peligro la estabilidad de las instituciones, la gobernabilidad del país y la legitimidad del régimen, y podrían sucumbir unas y otras si no pone freno, a tiempo, a las tentaciones bonapartistas que caracterizan su manera de actuar.
222 ...con su antijurídica actitud, pone en peligro la estabilidad de las instituciones, la gobernabilidad del país y la legitimidad del régimen y podrían sucumbir unas y otras....
El papel de la Primera Mandataria en el proceso electoral debe ser de absoluta neutralidad. Después, cuando se le pida el rendimiento de cuentas, no se queje y pretenda justificarse con sus acostumbrados absurdos e incoherentes argumentos de que sus antecesores también lo hicieron.
Es recomendable que la Primera Mandataria tome muy en cuenta que la ausencia de sensatez en el proceso político que recién inicia, abona a la anarquía y rompe los esquemas democráticos ganados hasta ahora, lo que redunda en una precaria cultura política. Esta ausencia de prudencia provocaría actos incontrolados de violencia que pueden ser peligrosos y delicados para el Estado.
Ha sido tradicional en la arena política nacional que, cuando se aproxima el período electoral, el presidente de turno ve mermada su capacidad presidencialista. Así se dio con el ex mandatario Endara, con el Dr. Ernesto Pérez Balladares y no creo que la actual Presidenta vaya a ser la excepción. Por el contrario, por componer su gobierno un gobierno frágil, por ser de coalición, más considerablemente se dará esta situación y la hará fácil blanco a presuntas acusaciones por interferir en el proceso electoral y, llegado el caso, hasta hacerse acreedora a un juicio político de la Asamblea Legislativa. Experiencias del Dr. Arnulfo Arias deben prevenirla y el precedente del expresidente Robles la obliga. La Sra. Presidenta no debe olvidar que "por grande que sea el barco, se lo traga el charco".
Seguramente a su alrededor deben existir cuanto aprovechados podemos imaginarnos sugiriéndole toda clase de excesos, a fin de garantizar la prolongación en el poder. Pero son casualmente éstos los primeros en recurrir en estampida, cuando las situaciones se complican. Sería muy penoso ver a la Presidenta, azocada por las circunstancias, tratando sola de sobrevivir situaciones producidas por una total falta de madurez política y la ausencia de un prudente consejo, amén de la inestabilidad política- económica que vivirá el país, dando traspié con los pocos logros obtenidos. Y este no es un problema de mera retórica.
La población ha perdido toda credibilidad en la Presidenta, porque un alto porcentaje de sus promesas no se ha cumplido. Muchos conocían de su incapacidad y de ello dejaron testimonio en la pasada campaña política, pero lo que no pensaron es que la corrupción e ilegalidad fuesen la nota característica de su administración, sobre todo al haber prometido un cambio. Al faltar a su promesa, no ha habido ni un reconocimiento, ni una explicación y mucho menos una disculpa. Lo cierto es que si la Presidenta de la República tuviera que dar cuentas de todas las promesas que hizo y que no ha cumplido, de todos los ofrecimientos que ha hecho y que todavía no concreta, no tendría cuándo terminar.
(egrimal@cableonda.net)
¿Será acaso necesario que alguien explique a la Sra. Presidenta el alcance legal de esta disposición? A lo mejor sí porque ante las denuncias de nepotismo, con gran desparpajo, no les "paró bola" a pesar de estar plenamente establecido, en nuestro sistema legal, como una falta administrativa. Ninguna rectificación adoptó la Sra. Presidenta, a ciencia y paciencia de las autoridades encargadas de velar por el fiel cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Sería interesante preguntarle al Sr. Contralor General de la República, si acaso según su ilustre opinión, percibir salarios emanados de nombramientos derivados de faltas administrativas, ¿no es acaso ilegal? Si es ilegal, ¿por qué entonces lo permite la Contraloría General de la República?
La Sra. Presidenta, con su antijurídica actitud, pone en peligro la estabilidad de las instituciones, la gobernabilidad del país y la legitimidad del régimen, y podrían sucumbir unas y otras si no pone freno, a tiempo, a las tentaciones bonapartistas que caracterizan su manera de actuar.
222 ...con su antijurídica actitud, pone en peligro la estabilidad de las instituciones, la gobernabilidad del país y la legitimidad del régimen y podrían sucumbir unas y otras....
El papel de la Primera Mandataria en el proceso electoral debe ser de absoluta neutralidad. Después, cuando se le pida el rendimiento de cuentas, no se queje y pretenda justificarse con sus acostumbrados absurdos e incoherentes argumentos de que sus antecesores también lo hicieron.
Es recomendable que la Primera Mandataria tome muy en cuenta que la ausencia de sensatez en el proceso político que recién inicia, abona a la anarquía y rompe los esquemas democráticos ganados hasta ahora, lo que redunda en una precaria cultura política. Esta ausencia de prudencia provocaría actos incontrolados de violencia que pueden ser peligrosos y delicados para el Estado.
Ha sido tradicional en la arena política nacional que, cuando se aproxima el período electoral, el presidente de turno ve mermada su capacidad presidencialista. Así se dio con el ex mandatario Endara, con el Dr. Ernesto Pérez Balladares y no creo que la actual Presidenta vaya a ser la excepción. Por el contrario, por componer su gobierno un gobierno frágil, por ser de coalición, más considerablemente se dará esta situación y la hará fácil blanco a presuntas acusaciones por interferir en el proceso electoral y, llegado el caso, hasta hacerse acreedora a un juicio político de la Asamblea Legislativa. Experiencias del Dr. Arnulfo Arias deben prevenirla y el precedente del expresidente Robles la obliga. La Sra. Presidenta no debe olvidar que "por grande que sea el barco, se lo traga el charco".
Seguramente a su alrededor deben existir cuanto aprovechados podemos imaginarnos sugiriéndole toda clase de excesos, a fin de garantizar la prolongación en el poder. Pero son casualmente éstos los primeros en recurrir en estampida, cuando las situaciones se complican. Sería muy penoso ver a la Presidenta, azocada por las circunstancias, tratando sola de sobrevivir situaciones producidas por una total falta de madurez política y la ausencia de un prudente consejo, amén de la inestabilidad política- económica que vivirá el país, dando traspié con los pocos logros obtenidos. Y este no es un problema de mera retórica.
La población ha perdido toda credibilidad en la Presidenta, porque un alto porcentaje de sus promesas no se ha cumplido. Muchos conocían de su incapacidad y de ello dejaron testimonio en la pasada campaña política, pero lo que no pensaron es que la corrupción e ilegalidad fuesen la nota característica de su administración, sobre todo al haber prometido un cambio. Al faltar a su promesa, no ha habido ni un reconocimiento, ni una explicación y mucho menos una disculpa. Lo cierto es que si la Presidenta de la República tuviera que dar cuentas de todas las promesas que hizo y que no ha cumplido, de todos los ofrecimientos que ha hecho y que todavía no concreta, no tendría cuándo terminar.
(egrimal@cableonda.net)
