De Bolívar a Weeden, pasando por...
...El Procurador, magistrados y jueces. Ha transcurrido casi dos siglos desde que Simón Bolívar enunciara con claridad dónde nace la corrupción de los pueblos y lo dijo así: "La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos".
Hoy día, nuestro pueblo tiene la percepción clara, que se convierte en prácticamente una verdad de a puño, de que la corrupción campea sin asomo de rectificaciones. Por eso diferentes entes sociales, iglesias, ONG"s, partidos, gremios, sindicatos, medios de comunicación; en fin, todos, hablamos de la corrupción. El Foro Panamá 2020, sin inventar nada nuevo, fija la génesis de la corrupción en la quiebra de los valores de los individuos que actúan en el sector público y privado, en los escenarios gerenciales con mando o laborales sin mando, en los partidos o en la llamada sociedad civil, en la familia o en la comunidad, en el deporte, en organizaciones culturales, en los medios de comunicación, en las iglesias; es decir, en todos los escenarios de la interacción humana. Indudablemente que a los que les corresponde primordialmente revertir esta aberración social, política y económica, la corrupción, es a los que están en los puestos de dirección de todas las entidades, o sea, a los que ejercen el poder. Claro que a las autoridades les cabe principalmente este esfuerzo. Recordemos que éstas son los rectores del gobierno de un Estado y que el gobierno se compone de tres Organos, instrumentos del poder público, así lo dice el maltrecho orden constitucional existente, en su artículo 2. Y dentro del Estado, como cuerpo social y político, semejante a un cuerpo biológico, cuando éste es agredido por agentes patógenos el sistema inmunológico se activa, y en el cuerpo social que es el Estado, es al Organo Judicial al que le corresponde actuar como sistema inmunológico ante la agresión de agentes delictivos; ni el Legislativo ni el Ejecutivo que se llevan la mayor antipatía popular, les corresponde actuar más allá de la vía gubernativa.
En el Legislativo y en el Ejecutivo no deben actuar los corruptos; pero si actúan, sería iluso pensar que ellos mismos se van a poner las cortapisas, pues para eso está el Organo Judicial y el Ministerio Público como su auxiliar.
En Panamá, acaso, ¿cree usted que hay impunidad de los delitos? Y ¿habrá indulgencia de los tribunales? Allí es donde está la falla. Nuestro Estado no administra justicia, los funcionarios de instrucción no cumplen ni cumplen los jueces.
Alvin Weeden, Contralor General de la República, señala que hay lesión patrimonial en un caso de concesión a la empresa PECC. Hecho público y notorio, suficiente para que el Procurador iniciara investigaciones, y lo que dice es que no se prestará para acciones políticas. En contrapartida, el ex presidente señalado en el caso PECC presenta denuncia criminal contra el Contralor, y en diligencia expedita Sossa admite y traslada a la Corte, recomendando la separación del Contralor.
Atinadamente dice Weeden que el sistema está a prueba. En el Estado panameño, ¿acaso se activa el Organo Judicial y su auxiliar, el Ministerio Público, contra los agresores, contra los delincuentes, contra los corruptos, cuando estos actúan? La percepción clara, o la verdad de apuño, es que no ocurre así. ¿Tendremos una enfermedad autoinmune, tendremos un SIDA judicial que afecta al Estado?
El sistema está a prueba una vez más y, una vez más, no superará exitosamente la prueba. ¿A qué nos abocamos? A una degradación mayor del Estado; es decir, a una degradación mayor de la sociedad organizada políticamente, lo que es lo mismo a una degradación de la calidad de vida que nos podamos dar. ¿Medicina para esto? Cambiar de actitudes a la par de una amplia discusión en un gran acuerdo nacional y, esto es, a través de un proceso constituyente, que construya la "nueva república", liderado -el acuerdo- por políticos de partidos y no de partidos. Los que se oponen a un proceso constituyente son los que gozan del sistema que propicia la corrupción o los que no han captado que no hay otra solución, a pesar de todos los riesgos que ella conlleve. ¿Cuándo a alguien le dicen que para restituir su salud tiene que someterse a una cirugía, ésta conlleva o no riesgos?
Rendición de cuentas es la cuestión. Nada de códigos de silencio, nada de que los "cocotudos" no puedan ir a la cárcel. Emulemos a Nicaragua. Jerarca que sea, que pague si ha atentado contra el Patrimonio. Que el intento del Contralor no quede sólo en intento porque, como decía Bolívar, de la indulgencia de los tribunales y la impunidad de los delitos crecerá la corrupción.
Hoy día, nuestro pueblo tiene la percepción clara, que se convierte en prácticamente una verdad de a puño, de que la corrupción campea sin asomo de rectificaciones. Por eso diferentes entes sociales, iglesias, ONG"s, partidos, gremios, sindicatos, medios de comunicación; en fin, todos, hablamos de la corrupción. El Foro Panamá 2020, sin inventar nada nuevo, fija la génesis de la corrupción en la quiebra de los valores de los individuos que actúan en el sector público y privado, en los escenarios gerenciales con mando o laborales sin mando, en los partidos o en la llamada sociedad civil, en la familia o en la comunidad, en el deporte, en organizaciones culturales, en los medios de comunicación, en las iglesias; es decir, en todos los escenarios de la interacción humana. Indudablemente que a los que les corresponde primordialmente revertir esta aberración social, política y económica, la corrupción, es a los que están en los puestos de dirección de todas las entidades, o sea, a los que ejercen el poder. Claro que a las autoridades les cabe principalmente este esfuerzo. Recordemos que éstas son los rectores del gobierno de un Estado y que el gobierno se compone de tres Organos, instrumentos del poder público, así lo dice el maltrecho orden constitucional existente, en su artículo 2. Y dentro del Estado, como cuerpo social y político, semejante a un cuerpo biológico, cuando éste es agredido por agentes patógenos el sistema inmunológico se activa, y en el cuerpo social que es el Estado, es al Organo Judicial al que le corresponde actuar como sistema inmunológico ante la agresión de agentes delictivos; ni el Legislativo ni el Ejecutivo que se llevan la mayor antipatía popular, les corresponde actuar más allá de la vía gubernativa.
En el Legislativo y en el Ejecutivo no deben actuar los corruptos; pero si actúan, sería iluso pensar que ellos mismos se van a poner las cortapisas, pues para eso está el Organo Judicial y el Ministerio Público como su auxiliar.
En Panamá, acaso, ¿cree usted que hay impunidad de los delitos? Y ¿habrá indulgencia de los tribunales? Allí es donde está la falla. Nuestro Estado no administra justicia, los funcionarios de instrucción no cumplen ni cumplen los jueces.
Alvin Weeden, Contralor General de la República, señala que hay lesión patrimonial en un caso de concesión a la empresa PECC. Hecho público y notorio, suficiente para que el Procurador iniciara investigaciones, y lo que dice es que no se prestará para acciones políticas. En contrapartida, el ex presidente señalado en el caso PECC presenta denuncia criminal contra el Contralor, y en diligencia expedita Sossa admite y traslada a la Corte, recomendando la separación del Contralor.
Atinadamente dice Weeden que el sistema está a prueba. En el Estado panameño, ¿acaso se activa el Organo Judicial y su auxiliar, el Ministerio Público, contra los agresores, contra los delincuentes, contra los corruptos, cuando estos actúan? La percepción clara, o la verdad de apuño, es que no ocurre así. ¿Tendremos una enfermedad autoinmune, tendremos un SIDA judicial que afecta al Estado?
El sistema está a prueba una vez más y, una vez más, no superará exitosamente la prueba. ¿A qué nos abocamos? A una degradación mayor del Estado; es decir, a una degradación mayor de la sociedad organizada políticamente, lo que es lo mismo a una degradación de la calidad de vida que nos podamos dar. ¿Medicina para esto? Cambiar de actitudes a la par de una amplia discusión en un gran acuerdo nacional y, esto es, a través de un proceso constituyente, que construya la "nueva república", liderado -el acuerdo- por políticos de partidos y no de partidos. Los que se oponen a un proceso constituyente son los que gozan del sistema que propicia la corrupción o los que no han captado que no hay otra solución, a pesar de todos los riesgos que ella conlleve. ¿Cuándo a alguien le dicen que para restituir su salud tiene que someterse a una cirugía, ésta conlleva o no riesgos?
Rendición de cuentas es la cuestión. Nada de códigos de silencio, nada de que los "cocotudos" no puedan ir a la cárcel. Emulemos a Nicaragua. Jerarca que sea, que pague si ha atentado contra el Patrimonio. Que el intento del Contralor no quede sólo en intento porque, como decía Bolívar, de la indulgencia de los tribunales y la impunidad de los delitos crecerá la corrupción.
