De la quiebra institucional a la argentinización
¿Estamos los panameños cerca de ese escenario? La respuesta es afirmativa, aunque la explosión social y política no sea inminente ni mucho menos inevitable. La explicación es sencilla. Sólo la institucionalidad democrática concurrente con cierto margen de maniobra que aún nos permite la crisis económica, ha impedido hasta ahora una tragedia.
Explicamos. Puede que en un país persista una crisis social y económica galopante, que no conduzca a la quiebra del sistema democrático, siempre que la institucionalidad representada por el correcto funcionamiento de los tres órganos del Estado permitan encauzar el descontento desbordado por los canales ordinarios, entiéndase el Organo Judicial, el Ministerio Público, la justicia de policía y la Defensoría del Pueblo.
Lo anterior ocurrió cuando el descontento y las pasiones desbordadas el año pasado por el aumento del pasaje del transporte público casi dan al traste con el sistema democrático. En esa ocasión, las multitudes rompieron los cordones policiales que protegían la Presidencia de la República, aunque en vez de tomarla por asalto, prefirió dispersarse por toda la ciudad. Horas más tarde empezaron los saqueos y la policía se mostraba incapaz de sofocarlos. La ciudad capital estuvo a un paso de repetir el 20 de diciembre de 1989. Sólo la institucionalidad, representada por un milagroso gesto de diálogo proveniente del Presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, que fuera aceptado por los dirigentes de las organizaciones populares que encabezaban los disturbios, impidió el desastre.
A diferencia de lo ocurrido con el aumento del pasaje, hoy no existe institucionalidad que impida que eventuales disturbios producto de la desesperación y el deterioro social y económico, conduzca a las masas a las calles, como en Argentina, y tomen el poder por la fuerza o acaben con la estabilidad democrática hoy vigente.
El problema radica en la falta de fe y confianza en la legitimidad de las instituciones. Todos los órganos del estado están desgastados por el desprestigio real o supuesto, eso no importa. Y en esa circunstancia, todo invita al desafío y a la desobediencia. Cuando eso ocurra, la fuerza pública no arremeterá contra las masas. Se cruzará de brazos, esperando la renuncia de quienes gobiernan y que el propio sistema cree sus alternativas, llámese una constituyente, un gobierno provisional, nuevas elecciones o una dictadura. Esa es la enseñanza de las experiencias de Perú, Ecuador y Argentina, entre otros. Claro que podemos evitarlo pero, para eso, hará falta de una madurez política superior de la que hoy carecemos.
Explicamos. Puede que en un país persista una crisis social y económica galopante, que no conduzca a la quiebra del sistema democrático, siempre que la institucionalidad representada por el correcto funcionamiento de los tres órganos del Estado permitan encauzar el descontento desbordado por los canales ordinarios, entiéndase el Organo Judicial, el Ministerio Público, la justicia de policía y la Defensoría del Pueblo.
Lo anterior ocurrió cuando el descontento y las pasiones desbordadas el año pasado por el aumento del pasaje del transporte público casi dan al traste con el sistema democrático. En esa ocasión, las multitudes rompieron los cordones policiales que protegían la Presidencia de la República, aunque en vez de tomarla por asalto, prefirió dispersarse por toda la ciudad. Horas más tarde empezaron los saqueos y la policía se mostraba incapaz de sofocarlos. La ciudad capital estuvo a un paso de repetir el 20 de diciembre de 1989. Sólo la institucionalidad, representada por un milagroso gesto de diálogo proveniente del Presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, que fuera aceptado por los dirigentes de las organizaciones populares que encabezaban los disturbios, impidió el desastre.
A diferencia de lo ocurrido con el aumento del pasaje, hoy no existe institucionalidad que impida que eventuales disturbios producto de la desesperación y el deterioro social y económico, conduzca a las masas a las calles, como en Argentina, y tomen el poder por la fuerza o acaben con la estabilidad democrática hoy vigente.
El problema radica en la falta de fe y confianza en la legitimidad de las instituciones. Todos los órganos del estado están desgastados por el desprestigio real o supuesto, eso no importa. Y en esa circunstancia, todo invita al desafío y a la desobediencia. Cuando eso ocurra, la fuerza pública no arremeterá contra las masas. Se cruzará de brazos, esperando la renuncia de quienes gobiernan y que el propio sistema cree sus alternativas, llámese una constituyente, un gobierno provisional, nuevas elecciones o una dictadura. Esa es la enseñanza de las experiencias de Perú, Ecuador y Argentina, entre otros. Claro que podemos evitarlo pero, para eso, hará falta de una madurez política superior de la que hoy carecemos.
