¡Del dicho al hecho ... !
El presidente de la Asamblea Nacional anunció sus intenciones de introducir cambios muy significativos en ese órgano del Estado y para predicar con el ejemplo redujo sus emolumentos y los de los vicepresidentes. Como esa medida podía adoptarla por una resolución de la Junta Directiva, no tuvo mayores inconvenientes. Sin embargo, las otras, que deberán concretarse mediante cambios en el Reglamento Interno de la Asamblea, que es una Ley, no serán tan fáciles, como lo ha puesto de manifiesto en unas declaraciones, en las que llegó hasta amenazar con separarse del cargo si sus colegas no le permiten implementarlas.
Según ha manifestado el diputado Varela, él había dejado claro a sus colegas que su elección llevaba aparejado que le apoyaran para eliminar o reducir varios de los privilegios de que disfrutan los diputados, entre ellos, las escandalosas exoneraciones de vehículos; recortar el presupuesto de la Asamblea en 20 millones anuales; y para sancionar con descuentos a los diputados “paviolas”.
En un artículo que escribí hace un par de semanas señalé que la Asamblea, por ser el más desprestigiado de los órganos del Estado, era el que necesitaba de drásticas y urgentes medidas de saneamiento y, también, que sería crucial su comportamiento durante los 120 días de su primer período de sesiones que correrá del 1 de julio al 31 de octubre. Aparte de la decisión de reducir los emolumentos del presidente y los vicepresidentes, que eran una monstruosa inmoralidad, poco o nada más ha ocurrido que sea digno de destacar. De acuerdo a su presupuesto, la flamante Asamblea Nacional nos cuesta siete millones mensualmente y, por tanto, tenemos derecho a exigirles mayor rendimiento, especialmente a la nueva mayoría que pidió el voto prometiendo un cambio.
Durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial y sus candidatos a la Asamblea prometieron que una de sus primeras acciones sería la derogación de los decretos-leyes Torrijos-Delgado, sobre seguridad. Esa promesa, ni siquiera suena por los pasillos del Palacio Justo Arosemena. También se prometió una estruendosa “quebrazón de las botellas”, pero el ruido todavía no se escucha.
El Presupuesto General del Estado para el presente año, evidentemente inflado por el pasado gobierno con fines electorales, debe ser ajustado para ponerlo a tono con la realidad de los ingresos fiscales, que serán inferiores a lo proyectado. En ese aspecto tampoco se conoce que se esté trabajando.
Para cumplir con una de sus promesas electorales, el nuevo gobierno decidió conceder un aumento general a la fuerza pública. El impacto en el gasto de esa medida sumara a varias decenas de millones que no estaban previstos en el Presupuesto. Y, además, debe agregarse la concesión de las pensiones prometidas a los adultos no pensionados mayores de 70 años. Los fondos tendrán que venir de, entre otras fuentes, de los recortes prometidos al presupuesto de la Asamblea que, como puede desprenderse de las declaraciones de su presidente, navegan contra la corriente de los intereses de los diputados.
Ante esa circunstancia, sería prudente que el presidente Varela divulgara el proyecto de ley que materializaría sus propuestas. La ciudadanía se pondría de su parte y la presión popular ayudaría a vencer las resistencias de sus colegas.
