Delincuencia vs. Empleo
Una mañana, camino al trabajo, vi a un canillita en la esquina de una calle con una sonrisa enérgica sosteniendo el periódico de aquel día, el cual mostraba en su primera plana la foto de un hombre mutilado por un asaltante. Cuando llegué a mi oficina, me serví una taza de café y escuché a mis compañeros de trabajo hablar acerca del tiroteo de una banda dentro del Hospital Santo Tomás. Fui hasta mi escritorio, abrí mi correo electrónico y recibí una carta de un amigo que está en Europa, en la cual me preguntaba si era cierto que una mujer indignada en Panamá descuartizó a su marido.
La respuesta típica a este barbarismo muy común es: "Sí, la situación se está agravando aquí, pero es un problema mundial, sólo mira lo que está pasando en Colombia". ¿Qué significa exactamente "problema mundial"? ¿Acaso acudimos a la "policía mundial" y enviamos a los delincuentes a una "cárcel mundial"? No, los problemas de Panamá no son iguales a los del resto del mundo; son locales. E igual también son sus soluciones.
La delincuencia está empeorando porque la gente tiene hambre y no tiene empleo. Nuestra economía creció menos del 1 % en el 2001 y de acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), la tasa de desempleo es del 18 % y está en alza. Entretanto, la delincuencia también ha experimentado un incremento sostenido durante los dos últimos años. De acuerdo al Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal del Ministerio de Gobierno y Justicia, el robo a mano armada creció un 22.6% y los casos de homicidio se elevaron un 3.4% en el 2001 con respecto al año anterior.
Existe una correlación científica entre el desempleo y la delincuencia. Según Greg Coleridge, director del Programa de Justicia Económica y Participación en Ohio: "Es un hecho que donde hay un alto porcentaje de crímenes violentos, también hay un alto porcentaje de pobreza, desempleo, falta de asistencia sanitaria, educación y vivienda accesibles. A medida que las condiciones económicas en nuestra sociedad han empeorado, no es sorprendente que los crímenes violentos estén en aumento". De ahí sale la importancia de fomentar las oportunidades de negocios que crean empleos y revigorizan nuestra economía.
222Desdichadamente, el caso del CEMIS está demostrando ser un triste ejemplo de cómo se hacen los negocios en Panamá.
Proyectos como el del CEMIS deben ser bien acogidos y exaltados. En cambio, son satanizados por las denuncias hechas por el Legislador Carlos Afú el 16 de enero del 2002, de que el Consorcio San Lorenzo estuvo involucrado indirectamente en pagos hechos a los legisladores a cambio de sus votos para la aprobación del proyecto. Debido a las denuncias de Afú, las instituciones financieras internacionales suspendieron el financiamiento para dicho proyecto hasta que se logre una solución final.
Es imperioso que el sistema judicial actúe rápidamente para determinar si esas denuncias son verdaderas o no, ya que aquellos que sufren son los pobres desempleados. El costo de oportunidad de no permitir que este proyecto avance es demasiado grande. El proyecto CEMIS inyectará aproximadamente B/.45,000,000 directamente a la economía local - al comercio y los trabajadores - durante sus primeros cinco años.
Más importante es comprender que otros fuera de Panamá están observando y lo están haciendo con atención. A medida que mi amigo europeo toma el periódico y lee acerca de la mujer que descuartizó a su marido, lo mismo están haciendo inversionistas extranjeros potenciales - quienes se están preguntando si vale la pena invertir en Panamá.
Desdichadamente, el caso del CEMIS está demostrando ser un triste ejemplo de cómo se hacen los negocios en Panamá. Posibles inversionistas directos extranjeros están preocupados con la estabilidad política en general del compromiso del gobierno hacia la inversión extranjera, y con los ataques de la prensa a los proyectos de inversión privada. Los inversionistas extranjeros podrían ver lo que le está sucediendo al proyecto CEMIS y decidirse a invertir su dinero en un país vecino, arrebatándole de esta forma las oportunidades de empleo a los trabajadores panameños.
Y si la gente no puede encontrar un trabajo para alimentar a sus familias, ¿qué podrían hacer? Lamentablemente, la respuesta es demasiado obvia.
(jpapadimitriu@yahoo.com)
El también presidente de la Fundación John Howard-Panamá dijo que "es preocupante que se estén poniendo los millones delante de la realidad, porque pareciera que la tesis es que si no se tienen 65 millones, la norma no podrá desarrollarse, o que de existir este fondo, todos los problemas del Sistema Penitenciario se resolverán".
Aseguró que ambas posiciones son infantiles e inconsecuentes con la realidad de un servicio público y con la necesidad de más de 10 mil detenidos, que sufren de una situación de tratamiento infrahumano.
Sobre este aspecto, Corro refutó a Tsimogianis, al reconocer que ésta es una propuesta de ley muy buena, sin embargo, hay que recordar que lo importantes es que se pueda ejecutar, lo que implica invertir muchos recursos económicos, que en la actualidad no se tienen.
La funcionaria explicó que el proyecto establece que el interno deber ser clasificado, es decir, separar al preventivo del condenado, no sólo a los de la capital, sino también a los del resto del país.
Recordó además que esta clasificación debe hacerse de acuerdo con el tipo de delito cometido, atendiendo además el índice de agresividad demostrado por el interno. Así se determinará si el privado de libertad va a un sistema de máxima, mediana o mínima seguridad.
Para cumplir con esto se requiere una inversión, porque no existen las infraestructuras requeridas ni se cuenta con el personal para llevar a cabo esa clasificación.
Destacó además que el proyecto también establece la resocialización de los detenidos, por lo que se requieren espacios y talleres para tener al interno en programas, nombrar a funcionarios especializados, entre ellos criminólogos, sicólogos, médicos, siquiatras. "Todo esto también conlleva recursos económicos", alegó.
En ese sentido, Corro sustentó que la cifra de 65 millones de balboas se ha establecido basándose en la necesidad de una planilla de 14 millones de balboas para contratar al personal adecuado.
Un estudio elaborado por una empresa estadounidense dedicada a la construcción de cárceles cotizó un centro penal para las provincias -donde los internos se mantienen en antiguos cuarteles- en unos 8 millones de dólares, mientras que para la ciudad capital una cárcel de mediana seguridad para 700 internos costaría unos 30 millones.
Corro recordó que al 3 de junio existían en el país unos 10,060 internos, de los cuales 4,270 han sido condenados y el resto, unos 5,790, están en proceso. De estas cifras, explicó, se desprende que la ejecución de la ley tendrá un costo superior a los 65 millones de balboas.
La funcionaria sostuvo que la propuesta del Sistema Penitenciario es ejecutar la ley escalonadamente, es decir, establecer etapas, en la primera de las cuales deben buscarse las partidas requeridas, para que la norma no quede en "letra muerta", como ha ocurrido con otras legislaciones.
Igual planteamiento formuló, ante el pleno legislativo, la vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Olgalina de Quijada, quien dijo que se puede coordinar entre todas las instancias involucradas en el tema, para que el proyecto, una vez sancionado, se ejecute escalonadamente.
Quijada se mostró contraria a anteponer el aspecto económico a la necesidad de darle solución al problema carcelario. "Lo que hace falta es voluntad", sentenció.
El Proyecto de Ley 90 establece las clasificaciones científicas de los privados de libertad y de los centros de detención.
Cada recinto va a gozar de una exclusividad que estará determinada por la condición del privado de libertad, buscando evitar el hacinamiento que en la actualidad existe.
En cada centro penitenciario existirán los sistemas de máxima, mediana, mínima seguridad y de confianza. Se entenderá como sistema de alta seguridad, el destinado a privados de libertad de alto grado de peligrosidad. De mediana seguridad para los que presenten un grado medio de peligrosidad e inadaptación. De mínima seguridad para los que hayan demostrado no ser peligrosos y no presenten problemas de desajustes.
El régimen de confianza está dirigido a los privados de libertad que hayan demostrado un alto grado de responsabilidad y adaptabilidad.
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honorem.
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual servirá como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en materias legal, criminológica y penitenciaria, organizará y orientará la admisión, clasificación y ubicación de los privados de la libertad.
Este ente colegiado velará por el cumplimiento a cabalidad del tratamiento integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social, evitando y superando la prisionalización del privado de libertad.
Se crea la Carrera Penitenciaria, que estará bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Gobierno y Justicia. En este sentido se instituirá una clasificación de cargos penitenciarios, la cual servirá de base para todo lo concerniente a la selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de carrera. Esta clasificación se hará tomando en consideración las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.
La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá organizar programas de capacitación Ciencias Sociales y penitenciarios para todos los funcionarios del Sistema Penitenciario, antes de iniciar sus servicios y, periódicamente, para el personal ya nombrado o contratado, que se desarrollarán a través de la Escuela de Formación Penitenciaria. Estos programas deben dirigirse, con mayor énfasis, al personal de vigilancia, de custodia y de tratamiento.
Aunque Tsimogianis reconoce la difícil situación económica del país, considera que el problema penitenciario puede resolverse con mucha creatividad y capacidad de hacer cosas nuevas en lugares viejos, contrario a lo que ha funcionado hasta ahora, donde se han hecho las mismas cosas viejas en lugares nuevos.
A su juicio en nada resolvería tener los 65 millones de balboas, si el Sistema continúa con una ley que data del año 1941, que tiene 60 años de atraso, y con una administración penitenciaria sin supervisión ni vigilancia, inmune e impune ante todo tipo de acciones.
Por ello consideró que su sanción, aun sin definirse con qué presupuesto se va a ejecutar, es necesaria y de lograrse sería positivo para el país, pues el cambio hay que empezarlo de algún modo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
La respuesta típica a este barbarismo muy común es: "Sí, la situación se está agravando aquí, pero es un problema mundial, sólo mira lo que está pasando en Colombia". ¿Qué significa exactamente "problema mundial"? ¿Acaso acudimos a la "policía mundial" y enviamos a los delincuentes a una "cárcel mundial"? No, los problemas de Panamá no son iguales a los del resto del mundo; son locales. E igual también son sus soluciones.
La delincuencia está empeorando porque la gente tiene hambre y no tiene empleo. Nuestra economía creció menos del 1 % en el 2001 y de acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), la tasa de desempleo es del 18 % y está en alza. Entretanto, la delincuencia también ha experimentado un incremento sostenido durante los dos últimos años. De acuerdo al Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal del Ministerio de Gobierno y Justicia, el robo a mano armada creció un 22.6% y los casos de homicidio se elevaron un 3.4% en el 2001 con respecto al año anterior.
Existe una correlación científica entre el desempleo y la delincuencia. Según Greg Coleridge, director del Programa de Justicia Económica y Participación en Ohio: "Es un hecho que donde hay un alto porcentaje de crímenes violentos, también hay un alto porcentaje de pobreza, desempleo, falta de asistencia sanitaria, educación y vivienda accesibles. A medida que las condiciones económicas en nuestra sociedad han empeorado, no es sorprendente que los crímenes violentos estén en aumento". De ahí sale la importancia de fomentar las oportunidades de negocios que crean empleos y revigorizan nuestra economía.
222Desdichadamente, el caso del CEMIS está demostrando ser un triste ejemplo de cómo se hacen los negocios en Panamá.
Proyectos como el del CEMIS deben ser bien acogidos y exaltados. En cambio, son satanizados por las denuncias hechas por el Legislador Carlos Afú el 16 de enero del 2002, de que el Consorcio San Lorenzo estuvo involucrado indirectamente en pagos hechos a los legisladores a cambio de sus votos para la aprobación del proyecto. Debido a las denuncias de Afú, las instituciones financieras internacionales suspendieron el financiamiento para dicho proyecto hasta que se logre una solución final.
Es imperioso que el sistema judicial actúe rápidamente para determinar si esas denuncias son verdaderas o no, ya que aquellos que sufren son los pobres desempleados. El costo de oportunidad de no permitir que este proyecto avance es demasiado grande. El proyecto CEMIS inyectará aproximadamente B/.45,000,000 directamente a la economía local - al comercio y los trabajadores - durante sus primeros cinco años.
Más importante es comprender que otros fuera de Panamá están observando y lo están haciendo con atención. A medida que mi amigo europeo toma el periódico y lee acerca de la mujer que descuartizó a su marido, lo mismo están haciendo inversionistas extranjeros potenciales - quienes se están preguntando si vale la pena invertir en Panamá.
Desdichadamente, el caso del CEMIS está demostrando ser un triste ejemplo de cómo se hacen los negocios en Panamá. Posibles inversionistas directos extranjeros están preocupados con la estabilidad política en general del compromiso del gobierno hacia la inversión extranjera, y con los ataques de la prensa a los proyectos de inversión privada. Los inversionistas extranjeros podrían ver lo que le está sucediendo al proyecto CEMIS y decidirse a invertir su dinero en un país vecino, arrebatándole de esta forma las oportunidades de empleo a los trabajadores panameños.
Y si la gente no puede encontrar un trabajo para alimentar a sus familias, ¿qué podrían hacer? Lamentablemente, la respuesta es demasiado obvia.
(jpapadimitriu@yahoo.com)
El también presidente de la Fundación John Howard-Panamá dijo que "es preocupante que se estén poniendo los millones delante de la realidad, porque pareciera que la tesis es que si no se tienen 65 millones, la norma no podrá desarrollarse, o que de existir este fondo, todos los problemas del Sistema Penitenciario se resolverán".
Aseguró que ambas posiciones son infantiles e inconsecuentes con la realidad de un servicio público y con la necesidad de más de 10 mil detenidos, que sufren de una situación de tratamiento infrahumano.
Sobre este aspecto, Corro refutó a Tsimogianis, al reconocer que ésta es una propuesta de ley muy buena, sin embargo, hay que recordar que lo importantes es que se pueda ejecutar, lo que implica invertir muchos recursos económicos, que en la actualidad no se tienen.
La funcionaria explicó que el proyecto establece que el interno deber ser clasificado, es decir, separar al preventivo del condenado, no sólo a los de la capital, sino también a los del resto del país.
Recordó además que esta clasificación debe hacerse de acuerdo con el tipo de delito cometido, atendiendo además el índice de agresividad demostrado por el interno. Así se determinará si el privado de libertad va a un sistema de máxima, mediana o mínima seguridad.
Para cumplir con esto se requiere una inversión, porque no existen las infraestructuras requeridas ni se cuenta con el personal para llevar a cabo esa clasificación.
Destacó además que el proyecto también establece la resocialización de los detenidos, por lo que se requieren espacios y talleres para tener al interno en programas, nombrar a funcionarios especializados, entre ellos criminólogos, sicólogos, médicos, siquiatras. "Todo esto también conlleva recursos económicos", alegó.
En ese sentido, Corro sustentó que la cifra de 65 millones de balboas se ha establecido basándose en la necesidad de una planilla de 14 millones de balboas para contratar al personal adecuado.
Un estudio elaborado por una empresa estadounidense dedicada a la construcción de cárceles cotizó un centro penal para las provincias -donde los internos se mantienen en antiguos cuarteles- en unos 8 millones de dólares, mientras que para la ciudad capital una cárcel de mediana seguridad para 700 internos costaría unos 30 millones.
Corro recordó que al 3 de junio existían en el país unos 10,060 internos, de los cuales 4,270 han sido condenados y el resto, unos 5,790, están en proceso. De estas cifras, explicó, se desprende que la ejecución de la ley tendrá un costo superior a los 65 millones de balboas.
La funcionaria sostuvo que la propuesta del Sistema Penitenciario es ejecutar la ley escalonadamente, es decir, establecer etapas, en la primera de las cuales deben buscarse las partidas requeridas, para que la norma no quede en "letra muerta", como ha ocurrido con otras legislaciones.
Igual planteamiento formuló, ante el pleno legislativo, la vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Olgalina de Quijada, quien dijo que se puede coordinar entre todas las instancias involucradas en el tema, para que el proyecto, una vez sancionado, se ejecute escalonadamente.
Quijada se mostró contraria a anteponer el aspecto económico a la necesidad de darle solución al problema carcelario. "Lo que hace falta es voluntad", sentenció.
El Proyecto de Ley 90 establece las clasificaciones científicas de los privados de libertad y de los centros de detención.
Centro de detención preventiva: es una custodia provisional para los sujetos sometidos a esta medida. Esta no puede exceder de seis meses.
Centros especializados: se establecerán para faltas administrativas, que será para los sancionados por las autoridades de corrección: jueces de policía, nocturnos y corregidores.
Centros de tratamientos: allí se destinan los sancionados con penas privativas de libertad.
Centros de reinserción social: cuyo objetivo es darle seguimiento y asistencia a los privados de libertad, que son favorecidos con permisos de salida especial.
Cada recinto va a gozar de una exclusividad que estará determinada por la condición del privado de libertad, buscando evitar el hacinamiento que en la actualidad existe.
En cada centro penitenciario existirán los sistemas de máxima, mediana, mínima seguridad y de confianza. Se entenderá como sistema de alta seguridad, el destinado a privados de libertad de alto grado de peligrosidad. De mediana seguridad para los que presenten un grado medio de peligrosidad e inadaptación. De mínima seguridad para los que hayan demostrado no ser peligrosos y no presenten problemas de desajustes.
El régimen de confianza está dirigido a los privados de libertad que hayan demostrado un alto grado de responsabilidad y adaptabilidad.
El Ministerio de Gobierno y Justicia tendrá un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, como organismo asesor, de consulta y de orientación en esta materia, cuyos miembros actuarán ad honorem.
Se crea el Consejo Técnico del Sistema Penitenciario, el cual servirá como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en materias legal, criminológica y penitenciaria, organizará y orientará la admisión, clasificación y ubicación de los privados de la libertad.
Este ente colegiado velará por el cumplimiento a cabalidad del tratamiento integral progresivo-técnico, de tal forma que se logre la readaptación social, evitando y superando la prisionalización del privado de libertad.
Se crea la Carrera Penitenciaria, que estará bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Gobierno y Justicia. En este sentido se instituirá una clasificación de cargos penitenciarios, la cual servirá de base para todo lo concerniente a la selección, nombramiento y promoción de los funcionarios de carrera. Esta clasificación se hará tomando en consideración las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo.
La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá organizar programas de capacitación Ciencias Sociales y penitenciarios para todos los funcionarios del Sistema Penitenciario, antes de iniciar sus servicios y, periódicamente, para el personal ya nombrado o contratado, que se desarrollarán a través de la Escuela de Formación Penitenciaria. Estos programas deben dirigirse, con mayor énfasis, al personal de vigilancia, de custodia y de tratamiento.
Aunque Tsimogianis reconoce la difícil situación económica del país, considera que el problema penitenciario puede resolverse con mucha creatividad y capacidad de hacer cosas nuevas en lugares viejos, contrario a lo que ha funcionado hasta ahora, donde se han hecho las mismas cosas viejas en lugares nuevos.
A su juicio en nada resolvería tener los 65 millones de balboas, si el Sistema continúa con una ley que data del año 1941, que tiene 60 años de atraso, y con una administración penitenciaria sin supervisión ni vigilancia, inmune e impune ante todo tipo de acciones.
Por ello consideró que su sanción, aun sin definirse con qué presupuesto se va a ejecutar, es necesaria y de lograrse sería positivo para el país, pues el cambio hay que empezarlo de algún modo.
Carmen Rosa Robles, abogada del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, aseguró que para el instituto este proyecto representa un avance en el ordenamiento jurídico panameño, pues con esta ley también se actualizará el sistema criminológico en Panamá.
Destacó que lo que se espera es actualizar el sistema en cuanto al tratamiento de los detenidos, basándose en principios que respeten los derechos humanos, la seguridad, la rehabilitación y la defensa social y esto sólo es posible mediante un tratamiento científico a cada uno de los privados de libertad, según su condición y con la intervención de funcionarios debidamente especializados.
