Democracia universitaria
Debemos reconocer que la Universidad de Panamá ha cumplido su misión histórica en el devenir de la nación. Ha hecho posible el ejercicio de la inteligencia como base para la solución de múltiples problemas nacionales. Ha cohesionado y fortalecido la identidad nacional. Ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los panameños y a la universalización de nuestras mentes. Pero también ha sido conciencia crítica y bastión de la democracia panameña. En general, la Universidad ha hecho todo lo posible por mantener en vigencia el pensamiento e ideales de sus fundadores.
Aunque ya la lucha por la democracia no es patrimonio de los universitarios, siempre los ojos de la comunidad nacional están puestos sobre los actos políticos que realiza la universidad, porque ella no puede encerrarse en sí misma y dedicarse a recibir presupuesto y devolverlo en profesionales capacitados. La Universidad es más que eso. La Universidad tiene el deber de ser y, así lo entiende la comunidad nacional, un foro de ideas democráticas y de las más ejemplares acciones de nuestra sociedad; "la universidad cultural, educadora y libre, sin claustros cerrados... donde todas las ideas, todos los sistemas y todas las filosofías puedan ser discutidas y sometidas a investigación y examen".
En la entrada de un nuevo milenio, la Universidad debe promoverse hacia un salto cualitativo y para ello urge que se reconstruya la democracia interna universitaria a través de participación justa, equitativa y bien ponderada de todos sus estamentos: estudiantes, profesores y administrativos.
La Casa de Méndez Pereira enfrentará, próximamente, la realización de su torneo electoral para elegir a sus máximas autoridades, mediante el voto directo y ponderado. Las elecciones universtarias estarán regidas por la Ley 8 de 8 de junio de 1981, modificada por la Ley 6 de 1991, la cual contiene una serie de normas, que a nuestro parecer, son antidemocráticas e injustas en su más extrema expresión, en cuanto a la ponderación de los votos de los electores.
Resulta que el mencionado Decreto establece que las autoridades universitarias serán electas por votación ponderada, en la que el voto de los profesores regulares tiene una valoración del cincuenta por ciento (50%), la de los profesores especiales un quince por ciento (15%), el de los estudiantes, veinticinco por ciento (25%) y el de los empleados administrativos, cinco por ciento (5%). Es el caso de que, de los aproximadamente 3.500 docentes que laboran en la Universidad, sólo unos 1000 son regulares y el resto son especiales. Como es evidente, los primeros determinan los resultados de la elección, tanto en el Campus Central como en los Centros Regionales, y como es obvio, las autoridades son elegidas por el querer de la minoría. Esta realidad crea una situación discriminatoria hacia los profesores especiales, quienes son la mayoría de los docentes; prestan un valioso servicio a la Universidad con remuneraciones bajas, sin poder accesar a la regularidad por la ausencia de concursos y, además, no tienen ninguna seguridad laboral.
Pero los casos que más llaman la atención a amplios sectores de la comunidad universitaria y que dejan sin sustento el debate electoral en la Universidad, lo constituye la situación de algunos Centros Regionales Universitarios, en los que la elección es definida por un número reducido de profesores regulares (en ocasiones, 1 ó 2) quienes tendrán en sus manos, por mandato de la ley vigente, la selección de las autoridades del Centro Regional por los próximos tres años.
Los Centros Regionales concebidos para dar respuestas a los sectores sin posibilidades de ingresar al Campus Central; que deben responder a las realidades de cada región con un modelo académico no tradicional, requieren de una visión democrática y desarrollista para que se logre incorporar a los grupos marginados y se realice una verdadera vinculación de la Universidad a la comunidad mediante las actividades de extensión. Esto sólo se logrará con la participación amplia de todos los sectores universitarios y con su incorporación al debate electoral en forma democrática, incluyente e igualitaria.
Es necesario eliminar las prácticas discriminatorias en la Universidad y la ruptura de cúpulas dominantes, casi siempre manipuladas por sectores políticos externos, para crear un verdadero ambiente democrático, participativo, académico y no escluyente. Esto se lograría si la familia universitaria se abocara a una discusión positiva y abierta de las normas electorales vigentes para modificarlas y hacerles más adecuadas a la cultura democrática que experimenta el mundo. Deben corregirse las deformaciones que contiene la Ley No. 6, la que pondera en forma aberrante e injusta el voto de un sector de los docentes, situación que hace crisis en los Centros Regionales Universitarios.
Aunque ya la lucha por la democracia no es patrimonio de los universitarios, siempre los ojos de la comunidad nacional están puestos sobre los actos políticos que realiza la universidad, porque ella no puede encerrarse en sí misma y dedicarse a recibir presupuesto y devolverlo en profesionales capacitados. La Universidad es más que eso. La Universidad tiene el deber de ser y, así lo entiende la comunidad nacional, un foro de ideas democráticas y de las más ejemplares acciones de nuestra sociedad; "la universidad cultural, educadora y libre, sin claustros cerrados... donde todas las ideas, todos los sistemas y todas las filosofías puedan ser discutidas y sometidas a investigación y examen".
En la entrada de un nuevo milenio, la Universidad debe promoverse hacia un salto cualitativo y para ello urge que se reconstruya la democracia interna universitaria a través de participación justa, equitativa y bien ponderada de todos sus estamentos: estudiantes, profesores y administrativos.
La Casa de Méndez Pereira enfrentará, próximamente, la realización de su torneo electoral para elegir a sus máximas autoridades, mediante el voto directo y ponderado. Las elecciones universtarias estarán regidas por la Ley 8 de 8 de junio de 1981, modificada por la Ley 6 de 1991, la cual contiene una serie de normas, que a nuestro parecer, son antidemocráticas e injustas en su más extrema expresión, en cuanto a la ponderación de los votos de los electores.
Resulta que el mencionado Decreto establece que las autoridades universitarias serán electas por votación ponderada, en la que el voto de los profesores regulares tiene una valoración del cincuenta por ciento (50%), la de los profesores especiales un quince por ciento (15%), el de los estudiantes, veinticinco por ciento (25%) y el de los empleados administrativos, cinco por ciento (5%). Es el caso de que, de los aproximadamente 3.500 docentes que laboran en la Universidad, sólo unos 1000 son regulares y el resto son especiales. Como es evidente, los primeros determinan los resultados de la elección, tanto en el Campus Central como en los Centros Regionales, y como es obvio, las autoridades son elegidas por el querer de la minoría. Esta realidad crea una situación discriminatoria hacia los profesores especiales, quienes son la mayoría de los docentes; prestan un valioso servicio a la Universidad con remuneraciones bajas, sin poder accesar a la regularidad por la ausencia de concursos y, además, no tienen ninguna seguridad laboral.
Pero los casos que más llaman la atención a amplios sectores de la comunidad universitaria y que dejan sin sustento el debate electoral en la Universidad, lo constituye la situación de algunos Centros Regionales Universitarios, en los que la elección es definida por un número reducido de profesores regulares (en ocasiones, 1 ó 2) quienes tendrán en sus manos, por mandato de la ley vigente, la selección de las autoridades del Centro Regional por los próximos tres años.
Los Centros Regionales concebidos para dar respuestas a los sectores sin posibilidades de ingresar al Campus Central; que deben responder a las realidades de cada región con un modelo académico no tradicional, requieren de una visión democrática y desarrollista para que se logre incorporar a los grupos marginados y se realice una verdadera vinculación de la Universidad a la comunidad mediante las actividades de extensión. Esto sólo se logrará con la participación amplia de todos los sectores universitarios y con su incorporación al debate electoral en forma democrática, incluyente e igualitaria.
Es necesario eliminar las prácticas discriminatorias en la Universidad y la ruptura de cúpulas dominantes, casi siempre manipuladas por sectores políticos externos, para crear un verdadero ambiente democrático, participativo, académico y no escluyente. Esto se lograría si la familia universitaria se abocara a una discusión positiva y abierta de las normas electorales vigentes para modificarlas y hacerles más adecuadas a la cultura democrática que experimenta el mundo. Deben corregirse las deformaciones que contiene la Ley No. 6, la que pondera en forma aberrante e injusta el voto de un sector de los docentes, situación que hace crisis en los Centros Regionales Universitarios.
