Denuncias extemporáneas

Aún resuena en la sociedad el eco sobre la denuncia pública que hiciera el presidente de la República ("El gobierno de Moscoso saqueó al país, Torrijos". Panamá América, 29 de marzo de 2008). Si esa escandalosa noticia no se investiga hasta las últimas consecuencias hasta conseguir la verdad o la mentira, quedaría simplemente como una burla más para la sociedad.

Tal información impactó a la sociedad, no sólo por lo extemporáneo de la denuncia, sino por los efectos que le ha traído a los panameños, sobre todo, a las clases populares, a la imagen y el prestigio de la nación interna y externamente. La sociedad abriga la esperanza de que el Estado, por medios de sus estamentos jurídicos, dé seguimiento a la denuncia y llegue a las últimas consecuencias. Y de ser comprobada, castigar ejemplarmente a los culpables, igual que si resulta un infundio, porque no es justo que a cada momento se ultraje a la patria o a cualquier ciudadano.

A la mayor parte de las denuncias en este país no se les da el curso necesario hasta conseguir la verdad, lo que da margen al tráfico de influencias y a la prescripción que establecen nuestras leyes.

No obstante, no hay justicia para las denuncia que pueda hacer “el hijo de la cocinera”. Por eso es que la sociedad no confía en la justicia y menos cuando los conflictos provienen de las burocracia y de los sectores de la administración pública. Contrario a otros países, la justicia no tiene que ver si el infractor es negro o blanco, rico o pobre, si es alto funcionario o un sencillo servidor público, porque sus leyes no tienen fueros y privilegios. La sociedad ha perdido gran parte de la confianza y credibilidad en la justicia panameña.