Desalojo de familia en Villa Grecia
Los desalojo están de moda. Esta vez fue en Villa Grecia de Alcalde Díaz donde un amparo de garantías dictado a último minuto impidió la demolición de la propiedad perteneciente a la familia Cáceres.
La familia Cáceres encabezada Ulpiana, Ivonne, Abdiel y Ricardo Cáceres visitaron ayer nuestra redacción para denunciar una acción de desalojo y demolición de su propiedad, ubicada en la entrada de Villa Grecia, a la orilla de la carretera Boyd Roosevelt por orden del Municipio de Panamá.
De acuerdo con una resolución del Municipio de Panamá la demolición se ordenó porque la familia Cáceres mantiene una propiedad ( casa y fonda) que ocupa 155 metros cuadrados de servidumbre pública.
Pero los miembros de la familia Cáceres aseguran que " sólo muertos saldrán de su casa" y denunciaron que en el operativo de desalojo dirigido por la corregidora se les destruyeron y decomisaron varios enseres necesarios para su negocio de venta de comida.
Los afectados denunciaron que con acción violenta los funcionarios llegaron a su propiedad para ejecutar el desalojo y demolición aterrorizando a niños y ancianos que estaban dentro de la casa.
Indicaron que ahora no tienen los enseres de la cocina por lo que han visto paralizado su negocio de venta de comida que es la única fuente de ingresos para la manutención de la familia.
"Le solicitamos a la corregidora que nos devuelva nuestros enseres y víveres que estaban dentro de las neveras", manifestó Abdiel Cáceres.
Adelantó que interpondrán una demanda por apropiación indebida y daño a la propiedad contra los funcionarios que orquestaron y ordenaron la acción de desalojo.
La familia Cáceres aseveró que lleva más de 25 años ocupando de modo legítimo un globo de terreno de 18 mil metros cuadrados donde han ubicado su casa y una fonda, cuyo costo de construcción asciende a más de B/.32,400.00.
Los afectados también están preocupados porque el Municipio de Panamá ordena el desalojo, pero no indica nada sobre quien los indemnizará.
Denuncian que detrás de la decisión de desalojo existe un supuesto terrateniente de apellido Martínez que está interesado en la propiedad de los Cáceres.
"El poder económico ha influido en la decisión de desalojo de nuestra propiedad", aseguró Ulpiana Cáceres.
"En lo que deben andar es en investigar cómo este señor ( Martínez) logra títulos de propiedad", agregó la señora.
La señora Ulpiana indicó que se siente defraudada porque ella es miembro del PRD y son funcionarios de su propio partido político los que la han perjudicado.
LA CORREGIDORA EXPLICA
La corregidora de Alcalde Díaz, Anayansi De La Cruz, manifestó que ella cumplió una "orden de hacer" que encontró cuando se encargó del despacho.
De La Cruz indicó que la historia legal del caso de los Cáceres se remonta desde 1996 cuando el entonces corregidor ordenó la remoción de un kiosco de la familia que ocupaba terrenos de la servidumbre pública.
Luego, la familia Cáceres apeló la decisión del corregidor y tras escuchar los cargos y descargos se ordena una inspección ocular en el área en conflicto para determinar si viola la servidumbre pública.
En efecto, se realiza la inspección ocular y el 3 de abril del 2000 Obras y Construcciones emitió la resolución ordenando la demolición de la propiedad que ya no era un kiosco sino un negocio con área de billar, restaurante y residencia de 155 metros cuadrados, explicó la corregidora.
Añadió que la resolución ordena una multa de B/150.00 a la familia por violación a disposiciones municipales.
De La Cruz manifestó que el 18 de septiembre la familia Cáceres accede a notificarse en la corregiduría y solicitan un plazo de un mes para mudarse del lugar.
Manifestó que luego de dos meses de plazo decide efectuar la orden de demolición que se lleva a cabo a las 10:05 a.m. del 1 de diciembre.
"Jamás podría efectuar una demolición con seres humano adentro" señaló la funcionaria.
Precisó que las 11:59 a.m. se aparece el abogado de la familia, Silvio Guerra con una solicitud de amparo de garantías , que ella ignora porque era una petición para que se detuviera la orden.
Destacó que a las 4:10 a.m., cuando iba a iniciar la demolición, el abogado Guerra presenta la decisión del juzgado ordenando la suspensión de la demolición y que es acogida por los funcionarios municipales.
La corregidora aseguró que ella ha actuado bajo "estricto apego a la ley" y que ella no puede dar más prórroga porque la familia Cáceres tiene "otras casas grandes donde ir".
Según la corregidora en el acta consta que se rompió un vidrio y dos tapaderas de pailas.
Explicó que los enseres de la familia están bajo custodia en un depósito y que no se devolverán porque no le ha sido notificada esa orden.
Interrogada sobre la denuncia de los Cáceres de que la orden está motivada por un terrateniente de apellido Martínez, la corregidora descartó que éste señor tenga que ver algo en el conflicto.
De La Cruz dijo que el "señor Martínez no tiene nada que ver en el pleito" ya que ellos están confundiendo un litigio que tienen con Martínez sobre otro terreno.
"Están confundiendo una cosa con otra ya que lo de la demolición es por una orden de Obras y Construcciones", indicó la funcionaria.
Ahora, este caso de desalojo está en manos de un juzgado municipal que decidirá el fu.
La familia Cáceres encabezada Ulpiana, Ivonne, Abdiel y Ricardo Cáceres visitaron ayer nuestra redacción para denunciar una acción de desalojo y demolición de su propiedad, ubicada en la entrada de Villa Grecia, a la orilla de la carretera Boyd Roosevelt por orden del Municipio de Panamá.
De acuerdo con una resolución del Municipio de Panamá la demolición se ordenó porque la familia Cáceres mantiene una propiedad ( casa y fonda) que ocupa 155 metros cuadrados de servidumbre pública.
Pero los miembros de la familia Cáceres aseguran que " sólo muertos saldrán de su casa" y denunciaron que en el operativo de desalojo dirigido por la corregidora se les destruyeron y decomisaron varios enseres necesarios para su negocio de venta de comida.
Los afectados denunciaron que con acción violenta los funcionarios llegaron a su propiedad para ejecutar el desalojo y demolición aterrorizando a niños y ancianos que estaban dentro de la casa.
Indicaron que ahora no tienen los enseres de la cocina por lo que han visto paralizado su negocio de venta de comida que es la única fuente de ingresos para la manutención de la familia.
"Le solicitamos a la corregidora que nos devuelva nuestros enseres y víveres que estaban dentro de las neveras", manifestó Abdiel Cáceres.
Adelantó que interpondrán una demanda por apropiación indebida y daño a la propiedad contra los funcionarios que orquestaron y ordenaron la acción de desalojo.
La familia Cáceres aseveró que lleva más de 25 años ocupando de modo legítimo un globo de terreno de 18 mil metros cuadrados donde han ubicado su casa y una fonda, cuyo costo de construcción asciende a más de B/.32,400.00.
Los afectados también están preocupados porque el Municipio de Panamá ordena el desalojo, pero no indica nada sobre quien los indemnizará.
Denuncian que detrás de la decisión de desalojo existe un supuesto terrateniente de apellido Martínez que está interesado en la propiedad de los Cáceres.
"El poder económico ha influido en la decisión de desalojo de nuestra propiedad", aseguró Ulpiana Cáceres.
"En lo que deben andar es en investigar cómo este señor ( Martínez) logra títulos de propiedad", agregó la señora.
La señora Ulpiana indicó que se siente defraudada porque ella es miembro del PRD y son funcionarios de su propio partido político los que la han perjudicado.
LA CORREGIDORA EXPLICA
La corregidora de Alcalde Díaz, Anayansi De La Cruz, manifestó que ella cumplió una "orden de hacer" que encontró cuando se encargó del despacho.
De La Cruz indicó que la historia legal del caso de los Cáceres se remonta desde 1996 cuando el entonces corregidor ordenó la remoción de un kiosco de la familia que ocupaba terrenos de la servidumbre pública.
Luego, la familia Cáceres apeló la decisión del corregidor y tras escuchar los cargos y descargos se ordena una inspección ocular en el área en conflicto para determinar si viola la servidumbre pública.
En efecto, se realiza la inspección ocular y el 3 de abril del 2000 Obras y Construcciones emitió la resolución ordenando la demolición de la propiedad que ya no era un kiosco sino un negocio con área de billar, restaurante y residencia de 155 metros cuadrados, explicó la corregidora.
Añadió que la resolución ordena una multa de B/150.00 a la familia por violación a disposiciones municipales.
De La Cruz manifestó que el 18 de septiembre la familia Cáceres accede a notificarse en la corregiduría y solicitan un plazo de un mes para mudarse del lugar.
Manifestó que luego de dos meses de plazo decide efectuar la orden de demolición que se lleva a cabo a las 10:05 a.m. del 1 de diciembre.
"Jamás podría efectuar una demolición con seres humano adentro" señaló la funcionaria.
Precisó que las 11:59 a.m. se aparece el abogado de la familia, Silvio Guerra con una solicitud de amparo de garantías , que ella ignora porque era una petición para que se detuviera la orden.
Destacó que a las 4:10 a.m., cuando iba a iniciar la demolición, el abogado Guerra presenta la decisión del juzgado ordenando la suspensión de la demolición y que es acogida por los funcionarios municipales.
La corregidora aseguró que ella ha actuado bajo "estricto apego a la ley" y que ella no puede dar más prórroga porque la familia Cáceres tiene "otras casas grandes donde ir".
Según la corregidora en el acta consta que se rompió un vidrio y dos tapaderas de pailas.
Explicó que los enseres de la familia están bajo custodia en un depósito y que no se devolverán porque no le ha sido notificada esa orden.
Interrogada sobre la denuncia de los Cáceres de que la orden está motivada por un terrateniente de apellido Martínez, la corregidora descartó que éste señor tenga que ver algo en el conflicto.
De La Cruz dijo que el "señor Martínez no tiene nada que ver en el pleito" ya que ellos están confundiendo un litigio que tienen con Martínez sobre otro terreno.
"Están confundiendo una cosa con otra ya que lo de la demolición es por una orden de Obras y Construcciones", indicó la funcionaria.
Ahora, este caso de desalojo está en manos de un juzgado municipal que decidirá el fu.
