Descontaminación: ¿Cuándo?
Después de la separación de Panamá de Colombia, y del inicio de la construcción del Canal, llegan al istmo las primeros contingentes militares norteamericanos, y 1914 encuentra fortificados los puntos terminales del Canal, que ese año empieza a funcionar. Lo que en un inicio fue la defensa en el sitio del Canal interoceánico se convierte, con el paso de los años, en la sede del Comando Sur, uno de los comandos unificados mundiales de los Estados Unidos con jurisdicción directa sobre 19 países latinoamericanos.
Prácticamente todo nuestro país fue utilizado para la defensa del Canal en la II Guerra Mundial. Se habilitaron 77 pistas de aterrizaje militar en todo el territorio panameño, instalándose 70 mil soldados y circulando por el canal 44 mil tránsitos de abastos y tropas, en los cinco años de la contienda. En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años en áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, y se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones.
Estas áreas están situadas en la región metropolitana, donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. Un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones.
El proceso de conversión de áreas contaminadas es complejo, pues las actividades militares son generadores de una serie de actividades relacionadas con explosivos, radioactividad, armas letales químicas y biológicas, derrames de petróleo, disolventes y desechos tóxicos que lo hace dificultoso y caro para su uso como habitación, producción, educación, descanso o entretenimiento de los seres humanos. La limpieza de las instalaciones militares norteamericanas no debe reducirse sólo a eliminar municiones no detonadas, sino a la eliminación de todas las variadas formas de polución y contaminación. Según los tratados del Canal, EE.UU. debió entregar en buen estado las instalaciones civiles y militares a Panamá, pero los gobiernos nacionales no lograron -ni pusieron el empeño - para lograr la recepción limpia de las instalaciones canaleras ni de las áreas usadas por EE.UU, en diversos puntos del país.
Alrededor de 110 mil municiones explosivas vivas es la cifra que proporciona el Washington Post, como estimado de lo que permanece en los polígonos de las bases militares que EE.UU operó en Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999. El diario asegura que sólo se han removido 8,500 municiones por lo que la mayor parte permanece en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas, lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección. La "limpieza" no se inició sino hasta 1998 - o sea el año antes de la transferencia del Canal a Panamá- por lo que se hizo con retardo.
Las áreas contaminadas son un lastre van a pesar en las relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas 110 mil municiones y la posible presencia de residuos químicos, serán referidas a la responsabilidad de un país que no quiso limpiar lo que contaminó, como Dios manda. También será responsable el gobierno panameño al no gestionar la solución del problema si actúa negligentemente.Por todo ello, Panamá debería integrar como parte de su política exterior e interior, los objetivos siguientes: a.Exigir la limpieza de todos los bienes revertidos o usados bélicamente, inspirándose en los tratados de 1977 que así lo estipularon, el Derecho Internacional, los convenios internacionales ambientales. b.El tema de la descontaminación de los polígonos es un tema de Estado, y por la tanto, debe convocarse a todos los sectores, a través de un Gran Encuentro Nacional, a diseñar y participar en las iniciativas a seguir, y lanzarse una estrategia internacional en busca de apoyo y solidaridad con la sociedad civil de los EE.UU, y con todos foros y países del mundo. Las universidades, la sociedad civil, los partidos políticos, el gobierno tienen la palabra. c.Lograr qué EE.UU realice actividades de descontaminación de los polígonos, suficientes para limpiar toda la superficie afectada de municiones o sustancias químicas, pero a través de empresas privadas y grupos civiles para no utilizar la descontaminación como excusa para establecer instalaciones militares en Panamá. Para ello debe utilizar y poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados. Otra fórmula es que los EE.UU pague a Panamá una indemnización que calcula FOR en 480 millones de dólares, para la limpieza de las área contaminadas. La descontaminación y limpieza de las áreas es un tema de la Agenda Nacional, que no puede seguir postergándose.
Prácticamente todo nuestro país fue utilizado para la defensa del Canal en la II Guerra Mundial. Se habilitaron 77 pistas de aterrizaje militar en todo el territorio panameño, instalándose 70 mil soldados y circulando por el canal 44 mil tránsitos de abastos y tropas, en los cinco años de la contienda. En campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años en áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones, los EE.UU. entregaron a Panamá 3,175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, y se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones.
Estas áreas están situadas en la región metropolitana, donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. Un total de 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 27 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos, según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza o la ampliación de sus tierras, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones.
El proceso de conversión de áreas contaminadas es complejo, pues las actividades militares son generadores de una serie de actividades relacionadas con explosivos, radioactividad, armas letales químicas y biológicas, derrames de petróleo, disolventes y desechos tóxicos que lo hace dificultoso y caro para su uso como habitación, producción, educación, descanso o entretenimiento de los seres humanos. La limpieza de las instalaciones militares norteamericanas no debe reducirse sólo a eliminar municiones no detonadas, sino a la eliminación de todas las variadas formas de polución y contaminación. Según los tratados del Canal, EE.UU. debió entregar en buen estado las instalaciones civiles y militares a Panamá, pero los gobiernos nacionales no lograron -ni pusieron el empeño - para lograr la recepción limpia de las instalaciones canaleras ni de las áreas usadas por EE.UU, en diversos puntos del país.
Alrededor de 110 mil municiones explosivas vivas es la cifra que proporciona el Washington Post, como estimado de lo que permanece en los polígonos de las bases militares que EE.UU operó en Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999. El diario asegura que sólo se han removido 8,500 municiones por lo que la mayor parte permanece en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas, lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección. La "limpieza" no se inició sino hasta 1998 - o sea el año antes de la transferencia del Canal a Panamá- por lo que se hizo con retardo.
Las áreas contaminadas son un lastre van a pesar en las relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas 110 mil municiones y la posible presencia de residuos químicos, serán referidas a la responsabilidad de un país que no quiso limpiar lo que contaminó, como Dios manda. También será responsable el gobierno panameño al no gestionar la solución del problema si actúa negligentemente.Por todo ello, Panamá debería integrar como parte de su política exterior e interior, los objetivos siguientes: a.Exigir la limpieza de todos los bienes revertidos o usados bélicamente, inspirándose en los tratados de 1977 que así lo estipularon, el Derecho Internacional, los convenios internacionales ambientales. b.El tema de la descontaminación de los polígonos es un tema de Estado, y por la tanto, debe convocarse a todos los sectores, a través de un Gran Encuentro Nacional, a diseñar y participar en las iniciativas a seguir, y lanzarse una estrategia internacional en busca de apoyo y solidaridad con la sociedad civil de los EE.UU, y con todos foros y países del mundo. Las universidades, la sociedad civil, los partidos políticos, el gobierno tienen la palabra. c.Lograr qué EE.UU realice actividades de descontaminación de los polígonos, suficientes para limpiar toda la superficie afectada de municiones o sustancias químicas, pero a través de empresas privadas y grupos civiles para no utilizar la descontaminación como excusa para establecer instalaciones militares en Panamá. Para ello debe utilizar y poner a la disposición de Panamá, sin costo, tecnología que actualmente está en desarrollo para la detección y descontaminación de municiones en terrenos boscosos o escarpados. Otra fórmula es que los EE.UU pague a Panamá una indemnización que calcula FOR en 480 millones de dólares, para la limpieza de las área contaminadas. La descontaminación y limpieza de las áreas es un tema de la Agenda Nacional, que no puede seguir postergándose.
