Desempleo y pobreza: el gran reto del nuevo gobierno
La pobreza y el desempleo han alcanzado niveles alarmantes en Panamá, pero sobre todo, porque el sistema económico ha manifestado una progresiva incapacidad para atenderlos. En los últimos cinco años, el sistema económico no ha podido siquiera producir empleos suficientes para aquellos que se han incorporado anualmente al mercado laboral. Durante este período se generaron unos 85,000 puestos de trabajo y la población económicamente activa aumentó en más de 100,000 personas. Más de 15,000 personas que se incorporaron al mercado laboral no lograron encontrar empleo y se sumaron a la gran masa de desempleados, ya existentes en 1994. A lo anterior se añade que más del 60% de los puestos de trabajo generados durante estos cinco años, fue resultado de la necesidad de los propios desempleados de encontrar su sustento diario, por lo que pasaron a formar parte de los llamados "trabajadores por cuenta propia" (buhoneros, chicheros, vendedores ambulantes, y actividades similares). Se trata de empleos de muy baja calidad de ingreso. Es decir, el sistema económico manifiesta una incapacidad ascendente para generar empleos permanentes, productivos y de buena remuneración salarial. Las inversiones que se realizan, también son cada vez más ahorradoras de mano de obra e intensivas en el uso de capital, de manera que, para generar el mismo nivel de empleo que antes, el sistema económico exige mayores niveles de inversión, por lo que en estas circunstancias, se requerirían, niveles de inversión descomunales para solucionar el desempleo.
Contrariamente, las enormes ganancias que obtienen los empresarios, no son invertidas, sino que, principalmente se las consumen en bienes de lujo y confort (yates, condominios, aviones, mansiones, autos, viajes, etc.). La política neoliberal ha estado afianzando esta filosofía empresarial, de manera que si no existe un cambio radical, y pronto, el futuro de los pobres así como de la sociedad, no es muy promisorio. Actualmente el nivel de desempleo "abierto", o sea, aquellos que no tienen empleo y buscan alguno, oficialmente es de 12%. Aunque soy incrédulo sobre este dato, debido a la "confusa" metodología que la Contraloría ha estado implementando, para decir lo menos, ello significa unos 125,000 desempleados. Si a ello se añaden los subempleados y los "trabajadores por cuenta propia", estamos hablando, sin mucho esfuerzo, del 40% al 45% de la población económicamente activa, dependiendo de la forma de cálculo. Esto resultaría en unas 480,000 personas. Incorporemos ahora, los niños dependientes de estas personas (entre 2 a 3 niños por desempleado, subempleado o "cuenta propia") y estamos hablando ahora del 55% al 70% del total de la población del país, afectado por el desempleo y la pobreza.
En los últimos tres años se ha requerido una inversión promedio de B/.88,000 para generar un empleo. Considerando esta cifra, darle empleo a 125,000 personas requeriría una inversión de 11,000 millones de balboas, o sea, casi 1 1/2 veces el tamaño del Producto Interno Bruto del País. Si a esto le añadimos la nueva mano de obra que se incorpora todos los años al mercado laboral, unas 30,000 personas por año, la inversión requerida para los próximos cinco (5) años, estaría por el orden de los 24,000 millones de balboas, o sea, unos 4800 millones de balboas por año. Esto representaría casi el 60% del Producto Interno Bruto y 1 1/2 veces el excedente producido anualmente. Aún cuando se invirtiera todo el excedente, (que no es precisamente la conducta empresarial), al cabo de cinco (5) años sólo se habrían invertido B/.15,000 millones, cifra insuficiente para solucionar el desempleo abierto, a los niveles promedio de inversión actuales. El problema es aún más grave si consideramos los subempleados, requiriéndose ahora, más de 40,000 millones de balboas. ¿ Cómo pretende, cualquiera que dirija este país, enfrentar este gigantesco problema sin renunciar a la política económica neoliberal? Ello no es posible, si no se transforma la lógica económica que excluye a los desempleados y a los pobres, al mismo tiempo que se plantea la necesidad de la regulación económica como forma esencial de la organización social. Esto supone una transformación drástica de las bases que soportan el actual sistema económico, la que tiene su punto de partida en la renuncia a la maximización de las ganancias, lo cual supone una legítima voluntad política para hacerlo. Supone así mismo un cambio drástico en el tipo de inversión ahorradora de mano de obra, y por tanto, significa modificar el enfoque con el cual se ha estado tratando el tema de la productividad del trabajo. Debo confesar que no tengo confianza en que exista esta voluntad política, y menos que, como colectivo, cualquiera de las alianzas políticas que se disputaron las recientes elecciones, considerara siquiera, regular los niveles de ganancia. Si esto es cierto, se estaría condenando las posibilidades de generar empleos mejor remunerados y de enfrentar los graves problemas del desempleo y la pobreza. Es el pueblo el que necesita organizarse para exigir que las promesas se cumplan, para que se reviertan las leyes que se han aprobado y que lesionan nuestra calidad de vida, así como para impedir que se tomen decisiones contrarias a los intereses nacionales y populares. Se requiere que el pueblo exija también, transformaciones profundas en el orden, constitucional e institucional, de manera que se crean mejores condiciones para el accionar democrático. Si ello no se hace, dentro de cinco años, los pobres continuarán apareciendo en el discurso de los políticos, y se les tratará como siempre, como botín político a disputarse.
Contrariamente, las enormes ganancias que obtienen los empresarios, no son invertidas, sino que, principalmente se las consumen en bienes de lujo y confort (yates, condominios, aviones, mansiones, autos, viajes, etc.). La política neoliberal ha estado afianzando esta filosofía empresarial, de manera que si no existe un cambio radical, y pronto, el futuro de los pobres así como de la sociedad, no es muy promisorio. Actualmente el nivel de desempleo "abierto", o sea, aquellos que no tienen empleo y buscan alguno, oficialmente es de 12%. Aunque soy incrédulo sobre este dato, debido a la "confusa" metodología que la Contraloría ha estado implementando, para decir lo menos, ello significa unos 125,000 desempleados. Si a ello se añaden los subempleados y los "trabajadores por cuenta propia", estamos hablando, sin mucho esfuerzo, del 40% al 45% de la población económicamente activa, dependiendo de la forma de cálculo. Esto resultaría en unas 480,000 personas. Incorporemos ahora, los niños dependientes de estas personas (entre 2 a 3 niños por desempleado, subempleado o "cuenta propia") y estamos hablando ahora del 55% al 70% del total de la población del país, afectado por el desempleo y la pobreza.
En los últimos tres años se ha requerido una inversión promedio de B/.88,000 para generar un empleo. Considerando esta cifra, darle empleo a 125,000 personas requeriría una inversión de 11,000 millones de balboas, o sea, casi 1 1/2 veces el tamaño del Producto Interno Bruto del País. Si a esto le añadimos la nueva mano de obra que se incorpora todos los años al mercado laboral, unas 30,000 personas por año, la inversión requerida para los próximos cinco (5) años, estaría por el orden de los 24,000 millones de balboas, o sea, unos 4800 millones de balboas por año. Esto representaría casi el 60% del Producto Interno Bruto y 1 1/2 veces el excedente producido anualmente. Aún cuando se invirtiera todo el excedente, (que no es precisamente la conducta empresarial), al cabo de cinco (5) años sólo se habrían invertido B/.15,000 millones, cifra insuficiente para solucionar el desempleo abierto, a los niveles promedio de inversión actuales. El problema es aún más grave si consideramos los subempleados, requiriéndose ahora, más de 40,000 millones de balboas. ¿ Cómo pretende, cualquiera que dirija este país, enfrentar este gigantesco problema sin renunciar a la política económica neoliberal? Ello no es posible, si no se transforma la lógica económica que excluye a los desempleados y a los pobres, al mismo tiempo que se plantea la necesidad de la regulación económica como forma esencial de la organización social. Esto supone una transformación drástica de las bases que soportan el actual sistema económico, la que tiene su punto de partida en la renuncia a la maximización de las ganancias, lo cual supone una legítima voluntad política para hacerlo. Supone así mismo un cambio drástico en el tipo de inversión ahorradora de mano de obra, y por tanto, significa modificar el enfoque con el cual se ha estado tratando el tema de la productividad del trabajo. Debo confesar que no tengo confianza en que exista esta voluntad política, y menos que, como colectivo, cualquiera de las alianzas políticas que se disputaron las recientes elecciones, considerara siquiera, regular los niveles de ganancia. Si esto es cierto, se estaría condenando las posibilidades de generar empleos mejor remunerados y de enfrentar los graves problemas del desempleo y la pobreza. Es el pueblo el que necesita organizarse para exigir que las promesas se cumplan, para que se reviertan las leyes que se han aprobado y que lesionan nuestra calidad de vida, así como para impedir que se tomen decisiones contrarias a los intereses nacionales y populares. Se requiere que el pueblo exija también, transformaciones profundas en el orden, constitucional e institucional, de manera que se crean mejores condiciones para el accionar democrático. Si ello no se hace, dentro de cinco años, los pobres continuarán apareciendo en el discurso de los políticos, y se les tratará como siempre, como botín político a disputarse.
