Despidos en el Gobierno
La renuncia del Presidente de la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera Administrativa, que a la vez actuaba como representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, es un mal síntoma que debe preocupar a las autoridades del Gobierno Nacional porque indica que la aspiración de lograr estabilidad entre los funcionarios públicos ha sido una vez más burlada por los políticos. La ciudadanía está cansada de ver como se destituyen empleados capaces y con experiencia simplemente para ubicar en estas posiciones a los amigos del partido que gana en las elecciones.
Naturalmente no nos referimos a los puestos de confianza del engranaje gubernamental que, por razones obvias, deben ser ocupados por los encargados de aplicar la política de los nuevos gobernantes. Existe un equipo de trabajo asociado a cada partido y comprometido con la implementación de la propuesta electoral que se espera sea reemplazado cuando cambia el gobierno.
La denuncia en este caso tiene que ver con la destitución de los técnicos y funcionarios de base que obedecen órdenes y que han trabajado eficientemente durante diferentes períodos de gobierno. Sobre este grupo de esforzados servidores públicos generalmente descansa el manejo diario de los complicados sistemas administrativos en las instituciones públicas porque dominan los procedimientos y regulaciones y despedirlos, acarrea inevitablemente errores y problemas en el funcionamiento de las oficinas públicas.
La historia pasada en esta materia no ha sido buena, pero lo grave de la situación actual es que en lugar de mejorar estamos empeorando porque últimamente se han reportado casos de funcionarios con más de veinte años de servicios prestados que fueron despedidos sin causales justificadas, y violando los procedimientos legalmente establecidos dentro de la Carrera Administrativa.
Los gobernantes parecen desconocer que con esta acción además de frustrar las aspiraciones de la ciudadanía están desperdiciando el talento y la experiencia de un recurso humano capacitado, generan desconfianza en el sector privado, y arriesgan el dinero público en demandas tanto en las instancias nacionales como en los tribunales internacionales. Todos recordamos el juicio millonario que enfrenta el Gobierno Nacional por compensaciones y salarios caídos de funcionarios despedidos sin seguir los procedimientos establecidos en convenios internacionales.
Si la Ley de Carrera Administrativa no está bien elaborada, lo que procede es una propuesta de cambio pero no su violación. Continuar improvisando a la hora de despedir funcionarios públicos por razones políticas tiene un alto costo social y económico para la Nación panameña, y por ello la renuncia del empresario Presidente de la Junta debiera provocar una aclaración o explicación inmediata de parte del gobierno.
Naturalmente no nos referimos a los puestos de confianza del engranaje gubernamental que, por razones obvias, deben ser ocupados por los encargados de aplicar la política de los nuevos gobernantes. Existe un equipo de trabajo asociado a cada partido y comprometido con la implementación de la propuesta electoral que se espera sea reemplazado cuando cambia el gobierno.
La denuncia en este caso tiene que ver con la destitución de los técnicos y funcionarios de base que obedecen órdenes y que han trabajado eficientemente durante diferentes períodos de gobierno. Sobre este grupo de esforzados servidores públicos generalmente descansa el manejo diario de los complicados sistemas administrativos en las instituciones públicas porque dominan los procedimientos y regulaciones y despedirlos, acarrea inevitablemente errores y problemas en el funcionamiento de las oficinas públicas.
La historia pasada en esta materia no ha sido buena, pero lo grave de la situación actual es que en lugar de mejorar estamos empeorando porque últimamente se han reportado casos de funcionarios con más de veinte años de servicios prestados que fueron despedidos sin causales justificadas, y violando los procedimientos legalmente establecidos dentro de la Carrera Administrativa.
Los gobernantes parecen desconocer que con esta acción además de frustrar las aspiraciones de la ciudadanía están desperdiciando el talento y la experiencia de un recurso humano capacitado, generan desconfianza en el sector privado, y arriesgan el dinero público en demandas tanto en las instancias nacionales como en los tribunales internacionales. Todos recordamos el juicio millonario que enfrenta el Gobierno Nacional por compensaciones y salarios caídos de funcionarios despedidos sin seguir los procedimientos establecidos en convenios internacionales.
Si la Ley de Carrera Administrativa no está bien elaborada, lo que procede es una propuesta de cambio pero no su violación. Continuar improvisando a la hora de despedir funcionarios públicos por razones políticas tiene un alto costo social y económico para la Nación panameña, y por ello la renuncia del empresario Presidente de la Junta debiera provocar una aclaración o explicación inmediata de parte del gobierno.
