Disputa por apertura de una calle en La Toscana
Residentes de la barriada La Toscana, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, están confrontados, ante la posibilidad de que se abra una calle que conecte a ese residencial con la comunidad de San Fernando.
Según los residentes que se oponen a esta medida, el interés de esta apertura nace únicamente de una persona, pues de las 162 familias que residen en la barriada, 161 están en contra de la apertura de la calle. La situación se ha extendido a niveles extremos, a tal punto que las autoridades competentes han tenido que mediar en el asunto.
Quienes están en contra de la apertura de la calle, aducen que lo hacen por razones de seguridad, pues la construcción del muro en el terreno por donde debe pasar la calle fue una de las sugerencias de la Policía Nacional, a través del Programa Vecinos Vigilantes, para que hubiese más seguridad en la comunidad.
Añaden que el espacio por donde debería pasar la calle actualmente está en custodia por dos familias, a quienes la empresa constructora les dio la aprobación para ello y procedió a construirle el muro. Las familias que custodian el espacio corresponden a los apellidos Escobar; y Vásquez - Fernández.
Lastenia Quintero, es la secretaria de la directiva de la urbanización La Toscana, quien manifestó que ante los constantes robos que se registraban en la barriada se vieron en la necesidad de solicitarle a la empresa constructora que les construyera un muro por el espacio dado en custodia. Añadió que el muro tiene tres años de haberse edificado y el proponente de la construcción de la calle sólo tiene año y medio de vivir en el lugar.
"Nosotros no sabemos si el vecino está interesado en la calle o si tiene intereses particulares, pero está solo en esta lucha, ya que el resto de los moradores de La Toscana no quiere la apertura de la calle y el consecuente derribo del muro que los separa de San Fernando, que es un sector considerado de alta peligrosidad", dijo.
"Este señor no convive con el resto de los vecinos, no da la cara, nos enteramos de sus intenciones por las citaciones que se les hicieron a las dos familias que custodian el terreno, realmente no sabemos a qué obedece su interés", reiteró Quintero.
"Le hemos hecho manifestaciones y ni así da la cara. Ese vecino ha tenido problemas con la mayoría de los residentes de la barriada. Si haces una fiesta te llama a la policía, si efectúas mejoras en la vivienda, llama al Municipio para que inspeccione si existen los permisos pertinentes, no sabe vivir en sociedad…ha tenido problemas hasta con las autoridades", precisó Quintero. Por su parte, una de las denunciadas, Carmen de Escobar, afirmó que por celebrar su cumpleaños la acusó en la corregiduría por exceso de ruido.
El Panamá América ubicó a la persona señalada, quien responde al nombre de Teodoro Machazek, quien amenazó con demandar si se le publicaba el nombre, no obstante, accedió a la entrevista. Sobre los señalamientos que le formulan, algunos moradores de la barriada, prefirió no responder.
Machazek se limitó a señalar que los lotes 49 E, y 50 E, corresponden a servidumbre vial tipificada en la Resolución Ministerial No. 13794, del 31 de agosto de 1994, que establece la interconexión barrial de La Toscana con San Fernando.
Según Machazek, la Dirección de Obras y Construcciones Municipales y los ministerios de Vivienda (MIVI) y Obras Públicas (MOP) intervenieron para darle solución a este problema y todos llegaron a la conclusión que hay que remover la cerca que impide la continuidad vial entre ambas urbanizaciones.
En una carta que lleva la firma del director de Desarrollo Urbano del MIVI, Víctor Mizrachi, dirigida a la Contraloría de la República, se establece que Machazek denuncia a familias residentes en La Toscana de apropiarse del área de servidumbre vial colindante a los lotes 49 E y 50 E.
En la misiva, facilitada por el propio Machazek, se establece que luego de una inspección en el lugar se constató que la ocupación de la servidumbre es ilegal y viola lo establecido en los planos.
Machazek dijo que efectuó las denuncias porque el Estado necesita de personas colaboradoras que presenten una formal demanda con sus fundamentos legales y basados en realidades.
Luego de lo indicado por las partes, El Panamá América abordó a Adalberto Joly, gerente de la Promotora APAVIL, encargada de la construcción de la barriada, quien corroboró que el terreno fue dado en custodia a las familias colindantes y no es que haya sido apropiado por los vecinos, como denunció Machazek.
Joly aseguró que antes de dar en custodia el espacio se les explicó a las familias que en caso de que se fuera a construir en el lugar, tendrían que derribar lo antes edificado por ellos. Aclaró que en caso que se vaya a construir la calle tendría que hacerlo el MOP y no la empresa APAVIL.
Según los residentes que se oponen a esta medida, el interés de esta apertura nace únicamente de una persona, pues de las 162 familias que residen en la barriada, 161 están en contra de la apertura de la calle. La situación se ha extendido a niveles extremos, a tal punto que las autoridades competentes han tenido que mediar en el asunto.
Quienes están en contra de la apertura de la calle, aducen que lo hacen por razones de seguridad, pues la construcción del muro en el terreno por donde debe pasar la calle fue una de las sugerencias de la Policía Nacional, a través del Programa Vecinos Vigilantes, para que hubiese más seguridad en la comunidad.
Añaden que el espacio por donde debería pasar la calle actualmente está en custodia por dos familias, a quienes la empresa constructora les dio la aprobación para ello y procedió a construirle el muro. Las familias que custodian el espacio corresponden a los apellidos Escobar; y Vásquez - Fernández.
Lastenia Quintero, es la secretaria de la directiva de la urbanización La Toscana, quien manifestó que ante los constantes robos que se registraban en la barriada se vieron en la necesidad de solicitarle a la empresa constructora que les construyera un muro por el espacio dado en custodia. Añadió que el muro tiene tres años de haberse edificado y el proponente de la construcción de la calle sólo tiene año y medio de vivir en el lugar.
"Nosotros no sabemos si el vecino está interesado en la calle o si tiene intereses particulares, pero está solo en esta lucha, ya que el resto de los moradores de La Toscana no quiere la apertura de la calle y el consecuente derribo del muro que los separa de San Fernando, que es un sector considerado de alta peligrosidad", dijo.
"Este señor no convive con el resto de los vecinos, no da la cara, nos enteramos de sus intenciones por las citaciones que se les hicieron a las dos familias que custodian el terreno, realmente no sabemos a qué obedece su interés", reiteró Quintero.
"Le hemos hecho manifestaciones y ni así da la cara. Ese vecino ha tenido problemas con la mayoría de los residentes de la barriada. Si haces una fiesta te llama a la policía, si efectúas mejoras en la vivienda, llama al Municipio para que inspeccione si existen los permisos pertinentes, no sabe vivir en sociedad…ha tenido problemas hasta con las autoridades", precisó Quintero. Por su parte, una de las denunciadas, Carmen de Escobar, afirmó que por celebrar su cumpleaños la acusó en la corregiduría por exceso de ruido.
El Panamá América ubicó a la persona señalada, quien responde al nombre de Teodoro Machazek, quien amenazó con demandar si se le publicaba el nombre, no obstante, accedió a la entrevista. Sobre los señalamientos que le formulan, algunos moradores de la barriada, prefirió no responder.
Machazek se limitó a señalar que los lotes 49 E, y 50 E, corresponden a servidumbre vial tipificada en la Resolución Ministerial No. 13794, del 31 de agosto de 1994, que establece la interconexión barrial de La Toscana con San Fernando.
Según Machazek, la Dirección de Obras y Construcciones Municipales y los ministerios de Vivienda (MIVI) y Obras Públicas (MOP) intervenieron para darle solución a este problema y todos llegaron a la conclusión que hay que remover la cerca que impide la continuidad vial entre ambas urbanizaciones.
En una carta que lleva la firma del director de Desarrollo Urbano del MIVI, Víctor Mizrachi, dirigida a la Contraloría de la República, se establece que Machazek denuncia a familias residentes en La Toscana de apropiarse del área de servidumbre vial colindante a los lotes 49 E y 50 E.
En la misiva, facilitada por el propio Machazek, se establece que luego de una inspección en el lugar se constató que la ocupación de la servidumbre es ilegal y viola lo establecido en los planos.
Machazek dijo que efectuó las denuncias porque el Estado necesita de personas colaboradoras que presenten una formal demanda con sus fundamentos legales y basados en realidades.
Luego de lo indicado por las partes, El Panamá América abordó a Adalberto Joly, gerente de la Promotora APAVIL, encargada de la construcción de la barriada, quien corroboró que el terreno fue dado en custodia a las familias colindantes y no es que haya sido apropiado por los vecinos, como denunció Machazek.
Joly aseguró que antes de dar en custodia el espacio se les explicó a las familias que en caso de que se fuera a construir en el lugar, tendrían que derribar lo antes edificado por ellos. Aclaró que en caso que se vaya a construir la calle tendría que hacerlo el MOP y no la empresa APAVIL.
