Economía del gobierno digital

Una forma puntual de definir el concepto de gobierno digital es cuando la tecnología y la administración pública se conjugan para reducir costos y alcanzar una mayor eficiencia en los servicios, aunado a que pueda alcanzar a más ciudadanos en el territorio nacional, fomentando: la transparencia, la confianza, la reducción de tiempo de tramitación o de consulta, la reducción de costos de transacción, entre otros aspectos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, como todo cambio de paradigma en la cosa pública, la economía del gobierno digital se enfrenta a una serie de barreras en su ejecución y en su desarrollo que impiden su accionar de forma oportuna y de forma requerida en el mercado.

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En primer lugar, se encuentra, el acceso y la disponibilidad de la tecnología y de los recursos (equipos) en los departamentos, direcciones, instituciones, ministerios, etc., que permitan la adecuación para ofrecer los servicios en línea con respuesta inmediata, y que pueda soportar la plataforma para tal fin.

En segundo lugar, en algunos casos, la disponibilidad de presupuesto disponible en las unidades gubernamentales, para adquirir e innovar con nuevas tecnologías que se ajusten al servicio a prestar a los usuarios, tanto para personas naturales como para las personas jurídicas.

En tercer lugar, la inversión en la compra de la plataformas y en los softwares y en la inversión en la formación o capacitación de los funcionarios públicos en el uso de los distintos sistemas que se adaptarán a los servicios que brinde la unidad gubernamental en particular.

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En cuarto lugar, bregar con el costo de oportunidad de la rotación de los funcionarios públicos cada cinco (5) años, es decir frente al cambio de la administración de los gobiernos, y por razones acostumbradas en el sector público, se pierde la inversión en capacitación, se pierde la curva de aprendizaje obtenida, etc.

En quinto lugar, la falta de confianza o la falta de acceso a los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que se resistan al cambio a corto y a mediano plazo, provocando la existencia de un grupo de la sociedad que se encuentre en la figura de rezago, y que habrá que tener presente que el ajuste al gobierno digital o al gobierno electrónico, no puede llevarse a cabo de forma automática, sino de forma gradual y con un componente de educación en el uso y en sus ventajas de la conversión del pensamiento en la tramitología de la cosa pública.

El gobierno digital, tiene la intención que la identidad digital de cada usuario sea la misma a nivel nacional, de tal forma que se facilite, lo cual permitirá unificar las redes individuales y particulares de cada unidad administrativa de cada una de las dependencias, instituciones, ministerios del Estado, y que su acceso sea en cualquier momento del día.

Dentro de los retos más importantes que tendrá la conversión plena del gobierno digital, y que sin duda alguna serán valorados por los usuarios son: garantizar la transparencia de las transacciones en cada unidad gubernamental, garantizar la confidencialidad de los trámites de los usuarios, garantizar el respaldo de la información en cada unidad gubernamental, garantizar que el sistema sea amigable para los usuarios, garantizar que la relación beneficio costo sea mayor si se realiza cualquier trámite en línea contrario si se realiza presencialmente en la unidad gubernamental, entre otros.

Finalmente, la inversión en la puesta en marcha del gobierno digital debe considerar las distintas fases a priorizar, según unidad gubernamental. 

Ese criterio puede estar definido por el número de trámites y/o por el número de usuarios atendidos en un período de tiempo, al igual por la relevancia del servicio por su impacto social o por su impacto económico, sin descuidar el rol del servicio en respuesta a las necesidades del país.

Docente y Coordinador de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial.  Universidad Tecnológica de Panamá.