Panamá
El acuerdo entre el Estado y familiares de asesinados y desaparecidos de la dictadura fue firmado en julio de 2019 y tras 6 años no se ha cumplido.
Las víctimas de la dictadura sostuvieron varias reuniones de seguimiento en la Cancillería. Foto: Archivo
La desaparición del sacerdote Jesús Héctor Gallego en junio de 1971, se convierte en el segundo caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a las víctimas de la dictadura militar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado panameño es responsable de la impunidad en la desaparición forzada del padre, que dejó su legado en el distrito de Santa Fe, al norte de Veraguas.
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El 12 de agosto de 2008, la Corte Interamericana condenó al Estado por la desaparición de Heliodoro Portugal, ocurrida el 14 de mayo de 1970.
Posteriormente, en octubre de 2012, la CIDH logra un acuerdo amistoso entre el Estado y familiares de Rita Wald Jaramillo, dirigente estudiantil chiricana, que desapareció el 27 de marzo de 1977, con lo que se evita que llegue a la Corte.
Todos los casos de desapariciones forzadas y crímenes denunciados durante el régimen militar (1968-1989) llegaron a la CIDH.
Con el tiempo estos casos se fueron fraccionando, quedando algunos que se presentaron en forma individual, como el de Portugal, Wald y Gallego, mientras que otros se entregaron por grupos, uno de Chiriquí y el otro con sede en la capital.
Mediante el Informe No.102 de 13 de julio de 2019 se llega a dos acuerdos amistosos entre el Estado y los grupos de familiares de las víctimas.
Transcurridos seis años, uno de los grupos, el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar Héctor Gallego ha denunciado en forma reiterada que no se ha cumplido con la solución amistosa, lo que ha sido constatado por la CIDH que ha publicado esta molestia en sus informes de 2023 y 2024.
El 9 de septiembre de 2025, Cofadepa-HG, en nota enviada a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, le reiteró que el Estado no ha cumplido con ninguno de los acuerdos del Caso No.13.017-A, al punto que ni siquiera ha emitido el Decreto de Gabinete sobre la solución amistosa.
El acuerdo incluía la elaboración de la memoria histórica del periodo del régimen militar y, a la fecha, no se ha logrado que se incluya en el currículo escolar.
Otro acuerdo era la redacción de un proyecto de ley para declarar el 9 de junio como Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Dictadura Militar, que debía aprobar la Asamblea y sancionar el Ejecutivo.
También, estaba contemplado erigir un monumento en honor a las víctimas, responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cofadepa advierte que Panamá es signatario de tratados de Derechos Humanos, por lo tanto, al no cumplir con la emisión del Decreto de Gabinete sobre el acuerdo alcanzado están violentando los derechos humanos de las víctimas de la Dictadura Militar.
“Negándonos la reparación integral sin garantías de no repetición. Hay una gran falta de comunicación entre el Estado y Cofadepa-HG”, registra la nota enviada a la secretaria ejecutiva de la CIDH.
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