El 2005 y la corrupción
EL INICIO de un nuevo año sirve de motivo para enumerar objetivos y propósitos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, de individuos y sociedades, en todos sus aspectos. El combate a la corrupción y el respeto de los Derechos Humanos deberían estar entre las metas obligatorias de nosotros, los panameños, todos en este recién iniciado 2005.
Hace un año, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey, México, los Estados firmantes de la Declaración de Nuevo León -entre éstos, Panamá- reconocieron "que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el Estado de Derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo".
Las mil formas como la corrupción continúa atentando y afectando directa y cotidianamente nuestros Derechos Humanos y nuestras libertades ciudadanas, parece no importar a las cúpulas de las distintas organizaciones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, académicas, cívicas, gremiales, sindicales o deportivas de nuestra sociedad.
¿Cuánto tiempo más nos tomará a los panameños aprender que la plena vigencia de los Derechos Humanos no solamente puede eliminar el impacto nocivo de la corrupción, sino también asegurar el uso responsable, democrático y honesto del poder? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo cómplices con nuestro silencio, con nuestra irresponsabilidad o con nuestra ignorancia de tantos atropellos y cuándo estaremos dispuestos a actuar para detenerlos? ¿Cuándo aprenderemos la enseñanza de Locke, de Gandhi y de Martin Luther King de que "lo más atroz de lo malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena?
Siempre insisto en afirmar que los panameños nos alejamos cada día más de convenciones básicas que deben imperar en toda sociedad moderna. Por ejemplo, el artículo 13 de la Carta Democrática Interamericana dice que: "La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio". Sin embargo, aquí en Panamá vemos como un número plural y creciente de funcionarios (agentes del Estado), utilizan alegremente los recursos públicos para su enriquecimiento personal y no pasa nada.
Enormes recursos (entre los cuales entran los más de dos millones de balboas que recibieron 15 fiscales y ex fiscales del Ministerio Público), podrían y deberían ser utilizados para incrementar el acceso general a la educación, a servicios de salud o para reducir el nivel del desempleo. No hacerlo es corrupción, es atentar contra los Derechos Humanos, es violar las obligaciones internacionales del Estado panameño.
Está archidemostrado que la corrupción en el sistema de justicia es lo que más afecta a los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas.
Un sistema judicial que no es imparcial, pero que sí es corrupto, que limita el acceso a la justicia rápida y efectiva, como el que impera en Panamá, que se complace en apadrinar la impunidad a quienes violan los Derechos Humanos, a quienes practican y promueven la corrupción y que, además, fomenta una cultura donde los violadores pasados, presentes y futuros sigan menoscabando el Estado de Derecho, es lo que nos anuncia un 2005 muy difícil y corrupto en vista de la impunidad que es, en sí misma, una forma de corrupción, que es la herramienta básica para destruir la confianza que la sociedad pueda aspirar a tener en instituciones democráticas. Porque, ¿cómo pueden quienes practican la corrupción directa o indirecta, por acción u omisión hacernos creer que harán justicia?
El año 2005 encuentra en Panamá un terreno más que abonado para los actos de corrupción. Basta inventariar mentalmente el importante número de derechos que se encuentran restringidos en las áreas de participación ciudadana, en las de derecho y acceso a la información, garantía del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión. Nuestra democracia sigue siendo frágil gracias a la corrupción. Combatir la corrupción y respetar los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas son metas complementarias. La democracia se nutre del combate contra la corrupción, así como la opresión se combate con la lucha contra el silencio.
Ojalá logremos los ciudadanos panameños interesados en el devenir de nuestra humanidad, aprender nuestro compromiso y obligación de hacer de cada día del 2005 un escalón ascendente en la lucha contra la corrupción. Sólo así tendremos instituciones democráticas más sólidas y funcionarios públicos menos peseteros.
Hace un año, en la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey, México, los Estados firmantes de la Declaración de Nuevo León -entre éstos, Panamá- reconocieron "que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el Estado de Derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo".
Las mil formas como la corrupción continúa atentando y afectando directa y cotidianamente nuestros Derechos Humanos y nuestras libertades ciudadanas, parece no importar a las cúpulas de las distintas organizaciones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, académicas, cívicas, gremiales, sindicales o deportivas de nuestra sociedad.
¿Cuánto tiempo más nos tomará a los panameños aprender que la plena vigencia de los Derechos Humanos no solamente puede eliminar el impacto nocivo de la corrupción, sino también asegurar el uso responsable, democrático y honesto del poder? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo cómplices con nuestro silencio, con nuestra irresponsabilidad o con nuestra ignorancia de tantos atropellos y cuándo estaremos dispuestos a actuar para detenerlos? ¿Cuándo aprenderemos la enseñanza de Locke, de Gandhi y de Martin Luther King de que "lo más atroz de lo malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena?
Siempre insisto en afirmar que los panameños nos alejamos cada día más de convenciones básicas que deben imperar en toda sociedad moderna. Por ejemplo, el artículo 13 de la Carta Democrática Interamericana dice que: "La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio". Sin embargo, aquí en Panamá vemos como un número plural y creciente de funcionarios (agentes del Estado), utilizan alegremente los recursos públicos para su enriquecimiento personal y no pasa nada.
Enormes recursos (entre los cuales entran los más de dos millones de balboas que recibieron 15 fiscales y ex fiscales del Ministerio Público), podrían y deberían ser utilizados para incrementar el acceso general a la educación, a servicios de salud o para reducir el nivel del desempleo. No hacerlo es corrupción, es atentar contra los Derechos Humanos, es violar las obligaciones internacionales del Estado panameño.
Está archidemostrado que la corrupción en el sistema de justicia es lo que más afecta a los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas.
Un sistema judicial que no es imparcial, pero que sí es corrupto, que limita el acceso a la justicia rápida y efectiva, como el que impera en Panamá, que se complace en apadrinar la impunidad a quienes violan los Derechos Humanos, a quienes practican y promueven la corrupción y que, además, fomenta una cultura donde los violadores pasados, presentes y futuros sigan menoscabando el Estado de Derecho, es lo que nos anuncia un 2005 muy difícil y corrupto en vista de la impunidad que es, en sí misma, una forma de corrupción, que es la herramienta básica para destruir la confianza que la sociedad pueda aspirar a tener en instituciones democráticas. Porque, ¿cómo pueden quienes practican la corrupción directa o indirecta, por acción u omisión hacernos creer que harán justicia?
El año 2005 encuentra en Panamá un terreno más que abonado para los actos de corrupción. Basta inventariar mentalmente el importante número de derechos que se encuentran restringidos en las áreas de participación ciudadana, en las de derecho y acceso a la información, garantía del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión. Nuestra democracia sigue siendo frágil gracias a la corrupción. Combatir la corrupción y respetar los Derechos Humanos y las libertades ciudadanas son metas complementarias. La democracia se nutre del combate contra la corrupción, así como la opresión se combate con la lucha contra el silencio.
Ojalá logremos los ciudadanos panameños interesados en el devenir de nuestra humanidad, aprender nuestro compromiso y obligación de hacer de cada día del 2005 un escalón ascendente en la lucha contra la corrupción. Sólo así tendremos instituciones democráticas más sólidas y funcionarios públicos menos peseteros.
