El atraco de las tarifas
La acelerada, inconsulta y antipopular privatización de los servicios públicos, lejos de servir para el mejoramiento en la calidad del servicio y el abaratamiento en su costo, lo que ha traído al pueblo panameño es un verdadero "via crucis" de atracos.
En menos de lo que canta un gallo, las tarifas de los servicios públicos privatizados se han convertido no sólo en un verdadero atraco, sino en un verdadero dolor de cabeza. Ya sea que se trate de electricidad, teléfono, agua, recolección de basura, para no hablar aún del transporte y de otros altos costos que tienen que enfrentar la población panameña, cuyo 67% -no lo olvidemos- vive en situación de pobreza y extrema pobreza.
Amparado en una "legalidad" que se ha vuelto rapaz, el Ente Regulador se ha convertido no sólo en el principal aliado de los atracadores, sino también en un verdadero Drácula, eso sí, bien disfrazado de toda clase de tecnicismos por los tecnócratas que lo dirigen y sus padrinos neoliberales del pasado y actual gobierno. El coro de tecnócratas no ha escatimado esfuerzo alguno para desplegar el máximo de cinismo que, unido al atropello, permite a las empresas británica y española del teléfono y la electricidad, cobrar mucho más dinero del que está permitido por los contratos que les otorgaron la concesión para la prestación de dichos servicios.
Mientras que las tarifas suben vertiginosamente por el ascensor de la complicidad, los del " ente estrangulador" y las autoridades que, en el gobierno, tienen la obligación "proteger la vida, honra y bienes" de los habitantes de la República, exhiben una reacción, débil y tardía, que de nada sirve a la población. Así tenemos que los llamados a encontrar y ser parte de la solución, han decidido convertirse en parte del problema. Después andan preguntándose por qué nadie les cree nada.
Creo que le corresponde al "rgano Ejecutivo y particularmente, a la Presidenta, la obligación de señalar las políticas sobre servicios públicos y de ejercer con suma dedicación por medio del Ente Regulador el control, inspección y vigilancia de las empresas que se encargan de su prestación. En un régimen presidencialista no se puede evadir que, en problemas de esta naturaleza, la responsabilidad sea exclusivamente presidencial (y ni siquiera ministerial) por considerar que el tema de los servicios es, a la vez, de orden público y de orden social.
Permitir que por medio de astucias y leguleyadas propias de asaltantes de caminos, se diluya la responsabilidad presidencial hasta hacerla desaparecer. La señora presidenta es quien debe reunirse con el Ente Regulador para "controlar, inspeccionar y vigilar" las empresas que presten servicios públicos y encontrarle soluciones al drama de los usuarios que, empobrecidos o desempleados, tienen que pagar unas tarifas imposibles y con las cuales el gobierno quiere ahora jugar el papel de Poncio Pilatos y llorar sobre la leche derramada por el gobierno anterior.
Esas reuniones con el " ente estrangulador" le permitirían a la señora presidenta constatar que dicha entidad no presta beneficio ninguno -ni al Estado, ni al pueblo- y debería desaparecer. Ellos solos se desfiguraron, se clientelizaron y en vez de constituirse en los defensores de los usuarios, se han convertido en alcahuetas de las empresas y en cómplices de su voracidad. La señora presidenta le prestaría un señalado servicio al erario si del presupuesto se eliminaran esos nidos de burócratas de insultantes salarios, que ya carecen de toda utilidad.
En menos de lo que canta un gallo, las tarifas de los servicios públicos privatizados se han convertido no sólo en un verdadero atraco, sino en un verdadero dolor de cabeza. Ya sea que se trate de electricidad, teléfono, agua, recolección de basura, para no hablar aún del transporte y de otros altos costos que tienen que enfrentar la población panameña, cuyo 67% -no lo olvidemos- vive en situación de pobreza y extrema pobreza.
Amparado en una "legalidad" que se ha vuelto rapaz, el Ente Regulador se ha convertido no sólo en el principal aliado de los atracadores, sino también en un verdadero Drácula, eso sí, bien disfrazado de toda clase de tecnicismos por los tecnócratas que lo dirigen y sus padrinos neoliberales del pasado y actual gobierno. El coro de tecnócratas no ha escatimado esfuerzo alguno para desplegar el máximo de cinismo que, unido al atropello, permite a las empresas británica y española del teléfono y la electricidad, cobrar mucho más dinero del que está permitido por los contratos que les otorgaron la concesión para la prestación de dichos servicios.
Mientras que las tarifas suben vertiginosamente por el ascensor de la complicidad, los del " ente estrangulador" y las autoridades que, en el gobierno, tienen la obligación "proteger la vida, honra y bienes" de los habitantes de la República, exhiben una reacción, débil y tardía, que de nada sirve a la población. Así tenemos que los llamados a encontrar y ser parte de la solución, han decidido convertirse en parte del problema. Después andan preguntándose por qué nadie les cree nada.
Creo que le corresponde al "rgano Ejecutivo y particularmente, a la Presidenta, la obligación de señalar las políticas sobre servicios públicos y de ejercer con suma dedicación por medio del Ente Regulador el control, inspección y vigilancia de las empresas que se encargan de su prestación. En un régimen presidencialista no se puede evadir que, en problemas de esta naturaleza, la responsabilidad sea exclusivamente presidencial (y ni siquiera ministerial) por considerar que el tema de los servicios es, a la vez, de orden público y de orden social.
Permitir que por medio de astucias y leguleyadas propias de asaltantes de caminos, se diluya la responsabilidad presidencial hasta hacerla desaparecer. La señora presidenta es quien debe reunirse con el Ente Regulador para "controlar, inspeccionar y vigilar" las empresas que presten servicios públicos y encontrarle soluciones al drama de los usuarios que, empobrecidos o desempleados, tienen que pagar unas tarifas imposibles y con las cuales el gobierno quiere ahora jugar el papel de Poncio Pilatos y llorar sobre la leche derramada por el gobierno anterior.
Esas reuniones con el " ente estrangulador" le permitirían a la señora presidenta constatar que dicha entidad no presta beneficio ninguno -ni al Estado, ni al pueblo- y debería desaparecer. Ellos solos se desfiguraron, se clientelizaron y en vez de constituirse en los defensores de los usuarios, se han convertido en alcahuetas de las empresas y en cómplices de su voracidad. La señora presidenta le prestaría un señalado servicio al erario si del presupuesto se eliminaran esos nidos de burócratas de insultantes salarios, que ya carecen de toda utilidad.
