El aumento del Corredor Sur
Con la debida autorización del Ministerio de Obras Públicas, ICA, la titular mexicana del Corredor Sur acaba de hacer un aumento generalizado de todos los peajes de uso de esa importante vía de desahogo. A grosso modo, el incremento es del 25% aunque en algunos trechos es incluso mayor, lo cual a más de lucir exagerado, tendrá un impacto negativo en el presupuesto familiar de las decenas de miles de automovilistas que transitan consuetudinariamente por la arteria.
A diferencia de su similar, Corredor Norte, el flujo del tránsito por esa vía es intenso. A horas pico, se forman largas colas en las casetas de peaje cuyo retraso no es sin embargo suficiente para desalentar a sus usuarios, que han creado frente a ella una especie de inevitable dependencia. La alternativa de desafiar los interminables tranques de la vía a Tocumen y de la José Agustín Arango, no es realista para quien procura ahorrarse una hora para llegar a tiempo al mal llamado centro de la ciudad o, a la inversa, a su hogar en la periferia capitalina.
El transporte público también está afectado, al igual que sus usuarios, a cuyos bolsillos pasará el costo del incremento. Ya han surgido justificadas voces de protesta, porque los buseros y taxistas están aprovechando el hecho para multiplicar sus ingresos, excediendo varias veces el monto de lo que para él representa el aumento del peaje. Es el clásico "juega vivo" a su máxima expresión, frente a lo cual la Autoridad del Tránsito debe intervenir cuanto antes.
No dudamos que haya razones financieras que justifiquen el aumento. El inversionista construyó la obra para sacar su costo y obtener ganancias. Nunca hemos dudado que el ánimo de lucro sea motor de progreso.
Pero el gobierno debiera entender de igual modo, que el corredor es un servicio público que genera riqueza en muchos conceptos, incluso en términos de ahorro de tiempo, que es dinero. Y eso es bueno para el país.
Lo aconsejable entonces es sopesar cuidadosamente pro y contra y buscar un punto medio entre los extremos, esto es, el legítimo interés de la empresa, el de los usuarios y el del país. Y en este campo, el ministerio citado está en mora con brindar a nosotros, los contribuyentes, las explicaciones y justificaciones adecuadas de la medida.
De lo contrario, quedará como ahora, una sensación de abuso y menosprecio por quienes hacemos posible que la obra exista y que el gobierno funcione.
A diferencia de su similar, Corredor Norte, el flujo del tránsito por esa vía es intenso. A horas pico, se forman largas colas en las casetas de peaje cuyo retraso no es sin embargo suficiente para desalentar a sus usuarios, que han creado frente a ella una especie de inevitable dependencia. La alternativa de desafiar los interminables tranques de la vía a Tocumen y de la José Agustín Arango, no es realista para quien procura ahorrarse una hora para llegar a tiempo al mal llamado centro de la ciudad o, a la inversa, a su hogar en la periferia capitalina.
El transporte público también está afectado, al igual que sus usuarios, a cuyos bolsillos pasará el costo del incremento. Ya han surgido justificadas voces de protesta, porque los buseros y taxistas están aprovechando el hecho para multiplicar sus ingresos, excediendo varias veces el monto de lo que para él representa el aumento del peaje. Es el clásico "juega vivo" a su máxima expresión, frente a lo cual la Autoridad del Tránsito debe intervenir cuanto antes.
No dudamos que haya razones financieras que justifiquen el aumento. El inversionista construyó la obra para sacar su costo y obtener ganancias. Nunca hemos dudado que el ánimo de lucro sea motor de progreso.
Pero el gobierno debiera entender de igual modo, que el corredor es un servicio público que genera riqueza en muchos conceptos, incluso en términos de ahorro de tiempo, que es dinero. Y eso es bueno para el país.
Lo aconsejable entonces es sopesar cuidadosamente pro y contra y buscar un punto medio entre los extremos, esto es, el legítimo interés de la empresa, el de los usuarios y el del país. Y en este campo, el ministerio citado está en mora con brindar a nosotros, los contribuyentes, las explicaciones y justificaciones adecuadas de la medida.
De lo contrario, quedará como ahora, una sensación de abuso y menosprecio por quienes hacemos posible que la obra exista y que el gobierno funcione.
