El Contralor Encargado informa
Durante los cinco años de la Presidencia de Pérez Balladares se desvirtuó la función propia del Contralor. En vez de fiscalizar al Organo Ejecutivo, en nombre de la Asamblea Legislativa, el Contralor resguardó al Presidente y a su Gobierno de la acción rectificadora del Organo Legislativo y de la opinión pública. Sin embargo, el 22 de septiembre recién pasado, la coincidencia de una nueva Asamblea y un viejo Contralor, condujo a que la Asamblea citara al Contralor Encargado para que éste respondiera a un cuestionario. El resultado fue positivo, pero inconcluso, pues debe regresar.
Cuando se les había preguntado anteriormente sobre las partidas confidenciales o discrecionales manejadas por el Ejecutivo, los Contralores habían incluso negado que hubiera tales partidas. Uno llegó a decir que no informaba sobre ellas porque habían sido auditadas y estaban en regla, aunque el Presidente dijera que estaba dispuesto a que se rindiera cuentas de las mismas a la opinión pública.
Gracias a la respuesta del Contralor Encargado ahora sabemos que estas cuentas sí existieron bajo diversos nombres: "Imprevistos", "Reserva para Contingencias", "Otras Asignaciones Globales" y en 1995 "Gastos Confidenciales". Endara sólo habría gastado B/1.2 millones de tales partidas. Su uso de fondos discrecionales fue muy exiguo. Por lo contrario, de 1995 a 1999, Pérez Balladares gastó de tales partidas la suma de B/38.3 millones, es decir un promedio de B/7.36 millones por año. Estas cantidades discrecionales fueron cuantiosas y peligrosas en cuanto a despilfarro y malversación.
Según informó el Contralor Encargado, sumas importantes se utilizaron en los servicios de Policía en Darién, en dos Salas del Hospital Santo Tomás, en el Aula Máxima de la Escuela Normal, en la Cárcel de la Joya y en otros gastos parecidos. Pero cuando el diario El Siglo publicó algunos de los gastos específicos de estos fondos fue difícil evitar la impresión de abuso de dineros públicos en asuntos privados y de manipulación de comunicadores sociales. El informe del Contralor encargado pasó por alto este aspecto cuestionable. Dijo que se habían emitido "los finiquitos correspondientes, al no existir reparos, evidenciando que su uso ha servido para cubrir los objetos de gastos para los cuales fueron presupuestados", cuando en realidad las partidas tenían un objetivo tan vago, que dentro de sus márgenes cabía toda suerte de posibilidades.
La información es, sin embargo, lo suficiente para que los legisladores exijan todo el detalle y en el futuro se eliminen tales partidas o se reglamenten estrictamente. Desgraciadamente, desde que el nuevo gobierno tomó posesión, ninguno de sus miembros ha vuelto a hablar del tema. Debemos estar atentos al primer proyecto de presupuesto que presente el nuevo Ejecutivo para ver si en este campo propone una política coherente cónsona con la postura crítica que adoptaron cuando eran oposición o una política hipócrita de hacer lo mismo que el anterior Ejecutivo ahora que son gobierno.
Sobre el nivel de la deuda pública total el Contralor Encargado informó que mientras de 1990 a 1994 ésta aumentó B/.309.1 millones, de 1994 a 1999 disminuyó B/.116.8 millones. Sin embargo, dicha disminución desaparecerá cuando se sumen los B/.400 millones de bonos emitidos desde julio para cubrir lo que se les debe a los empleados públicos en razón del antiguo Fondo Complementario. Esta deuda existía, pero no se contabilizaba. De todos modos, como el PIB aumentó de unos B/.7,734 millones a unos B/. 9,900 millones estimados a fin de este año, el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB ha disminuido significativamente, de 96% a 73% o a 78%, si se añaden los B/.400 adicionales a la deuda interna.
Además, según el Contralor Encargado, la deuda externa aumentó ligeramente, B/.69 millones, de 1994 a 1999, a un total de B/.5,582. Pero su estructura mejoró de lo que era en 1994. Los B/. 3,481 que se le debían a la banca comercial en pagarés han desaparecido casi totalmente y en su lugar los bonos externos representan B/.4,006. Nuestra deuda es así mucho más negociable y podemos, si quisiéramos, comprarla a descuento. Al reestructurarla, se obtuvo en cuanto a los intereses acumulados que no se agregara a la tasa de interés contractual un margen adicional pactado, por la mora, "lo que produjo una reducción nominal de deuda superior a los B/.500", cantidad que antes ni siquiera se contabilizaba. Hay que reconocerle al gobierno pasado un buen manejo de la deuda pública y la mejoría en el crédito del país. En ello, no debemos retroceder.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, el Contralor Encargado informó que al 31 de agosto de este año, los ingresos ejecutados representaban el 92.7% de los asignados, es decir B/.244.8 millones menos, aunque el ITBM aumentó 9.7% por encima de 1998. Por otra parte, los gastos ejecutados representaban el 79.3% de los asignados. Sobresale algo muy negativo: los gastos de inversión ejecutados alcanzaban solamente el 54.1% de los asignados y correspondientemente los ingresos de capital alcanzaban solamente el 60.2%. Como de costumbre se sacrificaron las inversiones, que sin embargo son decisivas para nuestro desarrollo humano.
Lo que no se sacrificó del 94 al 99 es el número de empleados públicos y el costo de la planilla. Las empresas públicas, al ser privatizadas, representaron una merma de 11,630 empleados públicos. Pero el Gobierno Central experimentó un aumento de 3,905 empleados y las instituciones descentralizadas un aumento de 3,812. Como resultado, el sector público se redujo sólo en 3,307 empleados. Sin embargo, la planilla mensual aumentó de todos modos en B/.5.4 millones para alcanzar la suma de B/.45.4 millones. Se desperdició la oportunidad de reducir drásticamente el número de empleados públicos a raíz de las privatizaciones y también los gastos de operaciones para favorecer los gastos de inversiones.
Las informaciones del Contralor Encargado sobre el presupuesto de la Asamblea fueron deficientes. Mencionó una cifra de B/.16.7 para gastos de funcionamiento de 1994, pero no mencionó ninguna cifra correspondiente para el período de 1995 a 1999, aunque se sabe que ésta aumentó enormemente. Mencionó la cifra de B/.188.3 millones para las partidas circuitales de 1995 a 1999, pero no mencionó la cifra correspondiente para el período de 1990 a 1994, aunque se sabe que fue muchísimo menor. No permitió así apreciar el aumento escandaloso en el costo total de la Asamblea, aunque sí permitió apreciar las disparidades entre las partidas que se asignaron a legisladores individuales como medio que tiene el Ejecutivo para controlar la Asamblea. La mayoría parlamentaria actual debe exigir que el Contralor Encargado complete su información y debe también emprender una reforma sustancial de los usos y abusos de la Asamblea.
Si la nueva Asamblea quisiera mejorar su realidad y su imagen y el Contralor electo quisiera desvirtuar las dudas que pesan sobre sus antecedentes y su futura gestión, harían bien en programar a intervalos regulares relativamente frecuentes sesiones de información pública como la que comenzó la Asamblea con el Contralor Encargado, pero que sean más completas y exigentes. De esa manera la opinión pública estaría en condiciones de compartir la responsabilidad de fiscalizar el manejo de las finanzas, sin lo cual no se puede luchar contra la corrupción y por ende contra la pobreza.
Cuando se les había preguntado anteriormente sobre las partidas confidenciales o discrecionales manejadas por el Ejecutivo, los Contralores habían incluso negado que hubiera tales partidas. Uno llegó a decir que no informaba sobre ellas porque habían sido auditadas y estaban en regla, aunque el Presidente dijera que estaba dispuesto a que se rindiera cuentas de las mismas a la opinión pública.
Gracias a la respuesta del Contralor Encargado ahora sabemos que estas cuentas sí existieron bajo diversos nombres: "Imprevistos", "Reserva para Contingencias", "Otras Asignaciones Globales" y en 1995 "Gastos Confidenciales". Endara sólo habría gastado B/1.2 millones de tales partidas. Su uso de fondos discrecionales fue muy exiguo. Por lo contrario, de 1995 a 1999, Pérez Balladares gastó de tales partidas la suma de B/38.3 millones, es decir un promedio de B/7.36 millones por año. Estas cantidades discrecionales fueron cuantiosas y peligrosas en cuanto a despilfarro y malversación.
Según informó el Contralor Encargado, sumas importantes se utilizaron en los servicios de Policía en Darién, en dos Salas del Hospital Santo Tomás, en el Aula Máxima de la Escuela Normal, en la Cárcel de la Joya y en otros gastos parecidos. Pero cuando el diario El Siglo publicó algunos de los gastos específicos de estos fondos fue difícil evitar la impresión de abuso de dineros públicos en asuntos privados y de manipulación de comunicadores sociales. El informe del Contralor encargado pasó por alto este aspecto cuestionable. Dijo que se habían emitido "los finiquitos correspondientes, al no existir reparos, evidenciando que su uso ha servido para cubrir los objetos de gastos para los cuales fueron presupuestados", cuando en realidad las partidas tenían un objetivo tan vago, que dentro de sus márgenes cabía toda suerte de posibilidades.
La información es, sin embargo, lo suficiente para que los legisladores exijan todo el detalle y en el futuro se eliminen tales partidas o se reglamenten estrictamente. Desgraciadamente, desde que el nuevo gobierno tomó posesión, ninguno de sus miembros ha vuelto a hablar del tema. Debemos estar atentos al primer proyecto de presupuesto que presente el nuevo Ejecutivo para ver si en este campo propone una política coherente cónsona con la postura crítica que adoptaron cuando eran oposición o una política hipócrita de hacer lo mismo que el anterior Ejecutivo ahora que son gobierno.
Sobre el nivel de la deuda pública total el Contralor Encargado informó que mientras de 1990 a 1994 ésta aumentó B/.309.1 millones, de 1994 a 1999 disminuyó B/.116.8 millones. Sin embargo, dicha disminución desaparecerá cuando se sumen los B/.400 millones de bonos emitidos desde julio para cubrir lo que se les debe a los empleados públicos en razón del antiguo Fondo Complementario. Esta deuda existía, pero no se contabilizaba. De todos modos, como el PIB aumentó de unos B/.7,734 millones a unos B/. 9,900 millones estimados a fin de este año, el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB ha disminuido significativamente, de 96% a 73% o a 78%, si se añaden los B/.400 adicionales a la deuda interna.
Además, según el Contralor Encargado, la deuda externa aumentó ligeramente, B/.69 millones, de 1994 a 1999, a un total de B/.5,582. Pero su estructura mejoró de lo que era en 1994. Los B/. 3,481 que se le debían a la banca comercial en pagarés han desaparecido casi totalmente y en su lugar los bonos externos representan B/.4,006. Nuestra deuda es así mucho más negociable y podemos, si quisiéramos, comprarla a descuento. Al reestructurarla, se obtuvo en cuanto a los intereses acumulados que no se agregara a la tasa de interés contractual un margen adicional pactado, por la mora, "lo que produjo una reducción nominal de deuda superior a los B/.500", cantidad que antes ni siquiera se contabilizaba. Hay que reconocerle al gobierno pasado un buen manejo de la deuda pública y la mejoría en el crédito del país. En ello, no debemos retroceder.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, el Contralor Encargado informó que al 31 de agosto de este año, los ingresos ejecutados representaban el 92.7% de los asignados, es decir B/.244.8 millones menos, aunque el ITBM aumentó 9.7% por encima de 1998. Por otra parte, los gastos ejecutados representaban el 79.3% de los asignados. Sobresale algo muy negativo: los gastos de inversión ejecutados alcanzaban solamente el 54.1% de los asignados y correspondientemente los ingresos de capital alcanzaban solamente el 60.2%. Como de costumbre se sacrificaron las inversiones, que sin embargo son decisivas para nuestro desarrollo humano.
Lo que no se sacrificó del 94 al 99 es el número de empleados públicos y el costo de la planilla. Las empresas públicas, al ser privatizadas, representaron una merma de 11,630 empleados públicos. Pero el Gobierno Central experimentó un aumento de 3,905 empleados y las instituciones descentralizadas un aumento de 3,812. Como resultado, el sector público se redujo sólo en 3,307 empleados. Sin embargo, la planilla mensual aumentó de todos modos en B/.5.4 millones para alcanzar la suma de B/.45.4 millones. Se desperdició la oportunidad de reducir drásticamente el número de empleados públicos a raíz de las privatizaciones y también los gastos de operaciones para favorecer los gastos de inversiones.
Las informaciones del Contralor Encargado sobre el presupuesto de la Asamblea fueron deficientes. Mencionó una cifra de B/.16.7 para gastos de funcionamiento de 1994, pero no mencionó ninguna cifra correspondiente para el período de 1995 a 1999, aunque se sabe que ésta aumentó enormemente. Mencionó la cifra de B/.188.3 millones para las partidas circuitales de 1995 a 1999, pero no mencionó la cifra correspondiente para el período de 1990 a 1994, aunque se sabe que fue muchísimo menor. No permitió así apreciar el aumento escandaloso en el costo total de la Asamblea, aunque sí permitió apreciar las disparidades entre las partidas que se asignaron a legisladores individuales como medio que tiene el Ejecutivo para controlar la Asamblea. La mayoría parlamentaria actual debe exigir que el Contralor Encargado complete su información y debe también emprender una reforma sustancial de los usos y abusos de la Asamblea.
Si la nueva Asamblea quisiera mejorar su realidad y su imagen y el Contralor electo quisiera desvirtuar las dudas que pesan sobre sus antecedentes y su futura gestión, harían bien en programar a intervalos regulares relativamente frecuentes sesiones de información pública como la que comenzó la Asamblea con el Contralor Encargado, pero que sean más completas y exigentes. De esa manera la opinión pública estaría en condiciones de compartir la responsabilidad de fiscalizar el manejo de las finanzas, sin lo cual no se puede luchar contra la corrupción y por ende contra la pobreza.
