El Dr. Harmodio Arias y la crisis del 32. Sugerencias frente a la crisis actual
El país se debate en una grave crisis económica. Son más los que cada día pierden las esperanzas. Aumenta el gasto público, estando entre sus causas los elevados pagos que nos exige la deuda externa, así como el descontrol gubernamental por los gastos. El gobierno emite Letras del Tesoro para cubrir sus gastos operacionales. Se plantean recortes millonarios en la Caja de Seguro Social y en muchas otras entidades.
El país pareciera no avanzar. Las inversiones estatales cada vez se reducen más, pero los viajes de funcionarios y de grandes comitivas se multiplican. Por todas las oficinas públicas se habla de recortes; de despidos; de contención del gasto público. Vuelven a plantearnos la reforma tributaria, como fórmula mágica para recaudar más. Sin embargo, el sentimiento generalizado de los panameños es que el gobierno no hace lo suficiente para demostrarle a todos que se está amarrando de verdad los pantalones y que quiere afrontar la situación con una dosis importante de ejemplo y sacrificio.
Revisando nuestra historia, una crisis económica que requirió del mayor de los ejemplos de parte del Gobierno Nacional, lo fue aquella creada por la recesión de los años treinta. A los pocos días de estar al frente de la Presidencia de la República, el doctor Harmodio Arias Madrid, se promulgó a Ley 11 de 1 de octubre de 1932. Ya en su discurso inaugural en la Asamblea, días antes, el doctor Arias había descrito la realidad que se vivía: "una depresión económica que ha ido creciendo en intensidad como una garra de hierro que poco a poco, y cada instante con más fuerza, oprime el cuello de su víctima y le va extinguiendo la vida de modo implacable; un presupuesto recargado en los gastos y mermado en las rentas, que os impondrá la necesidad de apelar a economías dolorosas para los servidores de la Nación; una vida económica débil, falta de las fuerzas propias que son recurso de los pueblos productores; una masa ciudadana que ha ido acostumbrándose en crecidísima proporción a vivir directa o indirectamente del tesoro público y que para solventar el problema de sus necesidades en vano acude hoy al gobierno, hoy arruinado y recargado de obligaciones ponderosas..." Si hubiésemos seguido reproduciendo aquel discurso de hace 70 años, de seguro que hubiésemos entendido, guardadas las proporciones de los años, que lo vívido en la época, se asemeja muchísimo a lo que vivimos hoy. "Una red de contratos, compromisos, exoneraciones, concesiones y privilegios que ahogan al Gobierno Nacional, succionan el Erario", frase del mismo texto que demuestra nuestra aseveración.
Dicha Ley 11, que se conoció como "Ley de Hierro", requirió de un contralor como Martín Sosa J., a quien se conoce como el reorganizador de la Contraloría General de la Nación. Como un favor personal al Presidente Arias Madrid y como una forma de servir a su Patria, Martín Sosa dejó una importante posición en Nueva York para hacerse cargo de la Contraloría. Le pusieron como apodo "Mr. No", porque decía no a todo lo que pareciera superfluo y fuera innecesario
Veamos algunos de los aspectos más llamativos de esa legislación de emergencia, que sirvió en aquella época, 70 años atrás, para enderezar las finanzas del país. Se facultó al Ejecutivo para reducir en un 25% los salarios estatales, con excepción del Presidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte y aquellos que por Ley no pudiesen ser variados (maestros, médicos, enfermeras, etc.). Se suprimieron los empleos no comprendidos en dicha ley; debo entender que los nombramientos por contrato. Se prohibió el que un funcionario público recibiese dos salarios del Estado y, de ser descubierto haciéndolo, acarreaba su destitución y la devolución de lo cobrado en exceso. No podían recibir sueldos o asignaciones del Tesoro Nacional o del Tesoro Municipal, los casados que no tuviesen hijos a quien mantener, estableciéndose límites por cada hijo que tuviese la pareja. La idea era darle posibilidades de trabajo en el gobierno a la mayor cantidad de panameños, evitándose así que en una misma familia, como tanto ocurre hoy, hubiesen varios salarios estatales. Se regularon los viáticos, eliminándose los adelantos en este concepto y exigiéndose detalle de lo gastado.
Nos cuentan que las medidas, si bien generaron protestas en los enquistados gubernamentales de siempre, en una administración pública en dimensiones más pequeñas que las actuales, rindieron los frutos deseados y el país pudo sortear en mejor forma la crisis que vivía.
Como en ese tiempo en la Presidencia de la República no habían partidas discrecionales, nos cuentan sus familiares que el Dr. Harmodio Arias viajó a Washington a reunirse con el presidente Franklin Delano Roosevelt, pagando él su pasaje de avión. Sólo lo acompañó un secretario privado, Manuel José Diez.
Cuentan que al preguntarle al Dr. Arias porqué viajaba con una sola persona, respondió que como conocía la idiosincrasia oficial norteamericana, de llevar cinco asesores, ellos también llevarían igual número de asistentes, regla protocoloria habitual. Ello, según confió, pondría a los panameños en desventaja frente a la preparación de su contraparte y, sobretodo, le impediría a él negociar directamente con el Presidente Roosevelt, cual era su propósito y como finalmente pudo.
222 Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Hoy muchas cosas se pueden hacer, sobre todo cuando precisamente en este momento la Asamblea Legislativa discute el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2003. En la Asamblea Legislativa, ¿por qué no empezamos eliminando el emolumento de B/.2,000 que recibe cada legislador suplente, y si quiere éste recibir algo, que se lo dé su correspondiente principal? ¿Por qué no implantan una serie de medidas de emergencia, como por ejemplo suspender las exoneraciones de automóvil, las prerrogativas de pago de teléfonos y todas esas cosas que aunque parezcan pequeñas, al sumarlas sacan mucho dinero de nuestras arcas nacionales? ¿Por qué no establecer máximos para los salarios estatales, eliminando algunos astronómicos como el del Presidente de la Asamblea, que asciende a B/.14,000 mensuales?
¿Por qué a nivel de la misma Presidencia, además de rendirse cuentas sobre el uso de las partidas discrecionales que tanto le criticaron al Presidente Pérez Balladares, decidimos suspender las mismas para el 2003, anunciando con ello que el Año del Centenario, además de traer el Miss Universo a Panamá, será el Año de la Austeridad? ¿ Por qué no cerramos esa oficina del Ministro de Asuntos del Canal, que no tiene funciones específicas, ya que todo lo que hace es de privativa competencia de la Autoridad del Canal, pero que se lleva tres millones del Presupuesto Estatal? ¿Por qué no ponerle coto a los gastos del Despacho de la Primera Dama, convertido ya en una especie de ministerio más, pidiéndole al Ministerio de la Juventud que asuma las funciones que tiene?
Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Ojalá que los actuales gobernantes, mirándose en el espejo de la crisis de 1932, puedan seguir el ejemplo de un mandatario como el Dr. Harmodio Arias Madrid y sepan brindarle al país la brújula y la dirección que en el día de hoy como que se le ha extraviado.
(gcochez@cableonda.net)
Por su parte, la ARI manifestó que el sector de Howard es cubierto por la ruta de SACA actualmente y además opera una piquera de taxis que brinda el servicio hasta la ciudad de Panamá.
El 59% de los empleados públicos utiliza transporte colectivo, y el 35% se traslada a su trabajo en taxis y autos propios, de acuerdo con una encuesta aplicada entre los funcionarios con motivo del estudio para la ciudad gubernamental en Howard.
La misma encuesta reveló que el 75% de los funcionarios prefiere ser trasladado para Albrook que viajar hasta Howard. El tiempo que tomarían los empleados públicos para llegar hasta Howard sería de entre 45 minutos y una hora, dependiendo de si viajan en buses o autos propios.
De acuerdo con Sucre, el estudio incluye la posible habilitación de sucursales bancarias, cafeterías, restaurantes y guarderías como servicios complementarios para los empleados y usuarios de las dependencias.
Para habilitar estacionamientos en Howard eso no es problema, ya que la zona tiene áreas para este fin, según la propia ARI. En cuanto a la seguridad en la zona, la ARI reveló que en la actualidad las instalaciones son vigiladas por la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI). A estas unidades se sumará la vigilancia institucional de cada una de las entidades que se mudarán para Howard.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) manifestó que esa agrupación hizo sus recomendaciones a la comisión interinstitucional para un posible traslado de empleados hacia Howard, aunque señaló que desconoce si las mismas serán tomadas en consideración.
En primer lugar, la agrupación solicitó que todas las infraestructuras destinadas para los ministerios sean saneadas debidamente para evitar el contagio de enfermedades.
El dirigente recordó que en algunos edificios ocupados por algunas entidades en Curundú varios funcionarios adquirieron enfermedades y alergias, como toxoplasmosis y asma, porque no fueron saneados antes de ser ocupados.
Por tal motivo, Berrocal indicó que su recomendación principal es que los edificios sean saneados para evitar que los empleados contraigan enfermedades y que puedan laborar en optimas condiciones y un ambiente de productividad.
Berrocal reveló que si no se ofrece el servicio de transporte gratuito a los empleados hasta Howard , la FENASEP ha solicitado que se otorgue un aumento salarial debido a que la mayoría de los trabajadores de esos ministerios gana un salario que oscila entre B/.250.00 y B/.400.00.
Señaló que el dinero que ahorrará el Gobierno en materia de alquiler por el traslado hacia el centro gubernamental, puede destinarse a un aumento salarial para los empleados que vayan hacia Howard.
Manifestó que el incremento de salario ayudaría a los funcionarios en los gastos extra de transporte en que tendrían que incurrir para trasladarse hacia el área.
José Batista, presidente SPIA, advirtió que instalar un centro gubernamental en Howard es una idea "descabellada", que denota la "ligereza" con que el Gobierno busca llevar a cabo uno de sus megaproyectos. "Howard es una decisión descabellada, lo que indica que no hay un planteamiento serio para este proyecto", aseguró Batista.
A su juicio, sólo el tráfico y el transporte hacia Howard representa un problema que el Estado no podrá resolver en pocos meses. Indicó que estudios realizados por el gremio indican que sólo cuatro ministerios del Estado juntos podrían ocasionar la movilización de 50 mil usuarios.
Se requerían mil buses de 50 pasajeros cada uno para movilizar diariamente esa cantidad de usuarios hacia Howard y el Gobierno tendría que dejar a toda la ciudad capital sin buses para ello, indicó.
Manifestó que la SPIA insiste en la necesidad de que el Gobierno descentralice las oficinas públicas, construyendo varios ministerios en terrenos ociosos que existen en la capital como en el sector de Carrasquilla, El Marañón y Cerro Patacón.
"No es necesario tener todos los ministerios juntos, lo que se requiere es descentralizar", comentó el dirigente de la SPIA.
Para Manuel González Ruiz, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC,) habilitar edificios en Howard, que no fueron construidos para oficinas públicas sino para uso militar, va a costar más dinero que el alquiler que se paga actualmente por esos ministerios, debido a las mejoras que habría que realizar.
González Ruiz advirtió que la mudanza de seis ministerios hacia la antigua base militar dejaría sin sentido la continuidad de la ciudad gubernamental. "Si eso (ministerios en Howard) se lleva a cabo, es el entierro de la ciudad gubernamental tal como se tenía concebida en el estudio", advirtió el empresario.
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
El país pareciera no avanzar. Las inversiones estatales cada vez se reducen más, pero los viajes de funcionarios y de grandes comitivas se multiplican. Por todas las oficinas públicas se habla de recortes; de despidos; de contención del gasto público. Vuelven a plantearnos la reforma tributaria, como fórmula mágica para recaudar más. Sin embargo, el sentimiento generalizado de los panameños es que el gobierno no hace lo suficiente para demostrarle a todos que se está amarrando de verdad los pantalones y que quiere afrontar la situación con una dosis importante de ejemplo y sacrificio.
Revisando nuestra historia, una crisis económica que requirió del mayor de los ejemplos de parte del Gobierno Nacional, lo fue aquella creada por la recesión de los años treinta. A los pocos días de estar al frente de la Presidencia de la República, el doctor Harmodio Arias Madrid, se promulgó a Ley 11 de 1 de octubre de 1932. Ya en su discurso inaugural en la Asamblea, días antes, el doctor Arias había descrito la realidad que se vivía: "una depresión económica que ha ido creciendo en intensidad como una garra de hierro que poco a poco, y cada instante con más fuerza, oprime el cuello de su víctima y le va extinguiendo la vida de modo implacable; un presupuesto recargado en los gastos y mermado en las rentas, que os impondrá la necesidad de apelar a economías dolorosas para los servidores de la Nación; una vida económica débil, falta de las fuerzas propias que son recurso de los pueblos productores; una masa ciudadana que ha ido acostumbrándose en crecidísima proporción a vivir directa o indirectamente del tesoro público y que para solventar el problema de sus necesidades en vano acude hoy al gobierno, hoy arruinado y recargado de obligaciones ponderosas..." Si hubiésemos seguido reproduciendo aquel discurso de hace 70 años, de seguro que hubiésemos entendido, guardadas las proporciones de los años, que lo vívido en la época, se asemeja muchísimo a lo que vivimos hoy. "Una red de contratos, compromisos, exoneraciones, concesiones y privilegios que ahogan al Gobierno Nacional, succionan el Erario", frase del mismo texto que demuestra nuestra aseveración.
Dicha Ley 11, que se conoció como "Ley de Hierro", requirió de un contralor como Martín Sosa J., a quien se conoce como el reorganizador de la Contraloría General de la Nación. Como un favor personal al Presidente Arias Madrid y como una forma de servir a su Patria, Martín Sosa dejó una importante posición en Nueva York para hacerse cargo de la Contraloría. Le pusieron como apodo "Mr. No", porque decía no a todo lo que pareciera superfluo y fuera innecesario
Veamos algunos de los aspectos más llamativos de esa legislación de emergencia, que sirvió en aquella época, 70 años atrás, para enderezar las finanzas del país. Se facultó al Ejecutivo para reducir en un 25% los salarios estatales, con excepción del Presidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte y aquellos que por Ley no pudiesen ser variados (maestros, médicos, enfermeras, etc.). Se suprimieron los empleos no comprendidos en dicha ley; debo entender que los nombramientos por contrato. Se prohibió el que un funcionario público recibiese dos salarios del Estado y, de ser descubierto haciéndolo, acarreaba su destitución y la devolución de lo cobrado en exceso. No podían recibir sueldos o asignaciones del Tesoro Nacional o del Tesoro Municipal, los casados que no tuviesen hijos a quien mantener, estableciéndose límites por cada hijo que tuviese la pareja. La idea era darle posibilidades de trabajo en el gobierno a la mayor cantidad de panameños, evitándose así que en una misma familia, como tanto ocurre hoy, hubiesen varios salarios estatales. Se regularon los viáticos, eliminándose los adelantos en este concepto y exigiéndose detalle de lo gastado.
Nos cuentan que las medidas, si bien generaron protestas en los enquistados gubernamentales de siempre, en una administración pública en dimensiones más pequeñas que las actuales, rindieron los frutos deseados y el país pudo sortear en mejor forma la crisis que vivía.
Como en ese tiempo en la Presidencia de la República no habían partidas discrecionales, nos cuentan sus familiares que el Dr. Harmodio Arias viajó a Washington a reunirse con el presidente Franklin Delano Roosevelt, pagando él su pasaje de avión. Sólo lo acompañó un secretario privado, Manuel José Diez.
Cuentan que al preguntarle al Dr. Arias porqué viajaba con una sola persona, respondió que como conocía la idiosincrasia oficial norteamericana, de llevar cinco asesores, ellos también llevarían igual número de asistentes, regla protocoloria habitual. Ello, según confió, pondría a los panameños en desventaja frente a la preparación de su contraparte y, sobretodo, le impediría a él negociar directamente con el Presidente Roosevelt, cual era su propósito y como finalmente pudo.
222 Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Hoy muchas cosas se pueden hacer, sobre todo cuando precisamente en este momento la Asamblea Legislativa discute el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2003. En la Asamblea Legislativa, ¿por qué no empezamos eliminando el emolumento de B/.2,000 que recibe cada legislador suplente, y si quiere éste recibir algo, que se lo dé su correspondiente principal? ¿Por qué no implantan una serie de medidas de emergencia, como por ejemplo suspender las exoneraciones de automóvil, las prerrogativas de pago de teléfonos y todas esas cosas que aunque parezcan pequeñas, al sumarlas sacan mucho dinero de nuestras arcas nacionales? ¿Por qué no establecer máximos para los salarios estatales, eliminando algunos astronómicos como el del Presidente de la Asamblea, que asciende a B/.14,000 mensuales?
¿Por qué a nivel de la misma Presidencia, además de rendirse cuentas sobre el uso de las partidas discrecionales que tanto le criticaron al Presidente Pérez Balladares, decidimos suspender las mismas para el 2003, anunciando con ello que el Año del Centenario, además de traer el Miss Universo a Panamá, será el Año de la Austeridad? ¿ Por qué no cerramos esa oficina del Ministro de Asuntos del Canal, que no tiene funciones específicas, ya que todo lo que hace es de privativa competencia de la Autoridad del Canal, pero que se lleva tres millones del Presupuesto Estatal? ¿Por qué no ponerle coto a los gastos del Despacho de la Primera Dama, convertido ya en una especie de ministerio más, pidiéndole al Ministerio de la Juventud que asuma las funciones que tiene?
Hablamos de contención del gasto público, de recortes y de austeridad, pero simplemente no hacemos nada concreto para indicarle al país que de verdad ése es el propósito que se tiene.
Ojalá que los actuales gobernantes, mirándose en el espejo de la crisis de 1932, puedan seguir el ejemplo de un mandatario como el Dr. Harmodio Arias Madrid y sepan brindarle al país la brújula y la dirección que en el día de hoy como que se le ha extraviado.
(gcochez@cableonda.net)
Por su parte, la ARI manifestó que el sector de Howard es cubierto por la ruta de SACA actualmente y además opera una piquera de taxis que brinda el servicio hasta la ciudad de Panamá.
El 59% de los empleados públicos utiliza transporte colectivo, y el 35% se traslada a su trabajo en taxis y autos propios, de acuerdo con una encuesta aplicada entre los funcionarios con motivo del estudio para la ciudad gubernamental en Howard.
La misma encuesta reveló que el 75% de los funcionarios prefiere ser trasladado para Albrook que viajar hasta Howard. El tiempo que tomarían los empleados públicos para llegar hasta Howard sería de entre 45 minutos y una hora, dependiendo de si viajan en buses o autos propios.
De acuerdo con Sucre, el estudio incluye la posible habilitación de sucursales bancarias, cafeterías, restaurantes y guarderías como servicios complementarios para los empleados y usuarios de las dependencias.
Para habilitar estacionamientos en Howard eso no es problema, ya que la zona tiene áreas para este fin, según la propia ARI. En cuanto a la seguridad en la zona, la ARI reveló que en la actualidad las instalaciones son vigiladas por la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI). A estas unidades se sumará la vigilancia institucional de cada una de las entidades que se mudarán para Howard.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) manifestó que esa agrupación hizo sus recomendaciones a la comisión interinstitucional para un posible traslado de empleados hacia Howard, aunque señaló que desconoce si las mismas serán tomadas en consideración.
En primer lugar, la agrupación solicitó que todas las infraestructuras destinadas para los ministerios sean saneadas debidamente para evitar el contagio de enfermedades.
El dirigente recordó que en algunos edificios ocupados por algunas entidades en Curundú varios funcionarios adquirieron enfermedades y alergias, como toxoplasmosis y asma, porque no fueron saneados antes de ser ocupados.
Por tal motivo, Berrocal indicó que su recomendación principal es que los edificios sean saneados para evitar que los empleados contraigan enfermedades y que puedan laborar en optimas condiciones y un ambiente de productividad.
Berrocal reveló que si no se ofrece el servicio de transporte gratuito a los empleados hasta Howard , la FENASEP ha solicitado que se otorgue un aumento salarial debido a que la mayoría de los trabajadores de esos ministerios gana un salario que oscila entre B/.250.00 y B/.400.00.
Señaló que el dinero que ahorrará el Gobierno en materia de alquiler por el traslado hacia el centro gubernamental, puede destinarse a un aumento salarial para los empleados que vayan hacia Howard.
Manifestó que el incremento de salario ayudaría a los funcionarios en los gastos extra de transporte en que tendrían que incurrir para trasladarse hacia el área.
José Batista, presidente SPIA, advirtió que instalar un centro gubernamental en Howard es una idea "descabellada", que denota la "ligereza" con que el Gobierno busca llevar a cabo uno de sus megaproyectos. "Howard es una decisión descabellada, lo que indica que no hay un planteamiento serio para este proyecto", aseguró Batista.
A su juicio, sólo el tráfico y el transporte hacia Howard representa un problema que el Estado no podrá resolver en pocos meses. Indicó que estudios realizados por el gremio indican que sólo cuatro ministerios del Estado juntos podrían ocasionar la movilización de 50 mil usuarios.
Se requerían mil buses de 50 pasajeros cada uno para movilizar diariamente esa cantidad de usuarios hacia Howard y el Gobierno tendría que dejar a toda la ciudad capital sin buses para ello, indicó.
Manifestó que la SPIA insiste en la necesidad de que el Gobierno descentralice las oficinas públicas, construyendo varios ministerios en terrenos ociosos que existen en la capital como en el sector de Carrasquilla, El Marañón y Cerro Patacón.
"No es necesario tener todos los ministerios juntos, lo que se requiere es descentralizar", comentó el dirigente de la SPIA.
Para Manuel González Ruiz, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC,) habilitar edificios en Howard, que no fueron construidos para oficinas públicas sino para uso militar, va a costar más dinero que el alquiler que se paga actualmente por esos ministerios, debido a las mejoras que habría que realizar.
González Ruiz advirtió que la mudanza de seis ministerios hacia la antigua base militar dejaría sin sentido la continuidad de la ciudad gubernamental. "Si eso (ministerios en Howard) se lleva a cabo, es el entierro de la ciudad gubernamental tal como se tenía concebida en el estudio", advirtió el empresario.
Manifestó que realizar otro estudio sobre el tema denota que el Gobierno no tiene una convicción de lo que realmente quiere hacer, ya que se debió dar continuidad a las recomendaciones hechas por el primer estudio y por el cual el Estado pagó B/.400 mil.
Según González Ruiz, el Gobierno no debe caer en la desesperación de realizar de todas maneras el proyecto en cualquier lugar porque al final puede perjudicar, no a un solo proyecto, sino a dos en conjunto. Explicó que instalar un centro gubernamental en Howard afecta el concepto de zona económica especial que se tiene para ese lugar.
"Si las condiciones económicas no permiten realizar el proyecto de ciudad gubernamental, no cometamos errores. Vamos a planificar las cosas bien", manifestó el dirigente de la CAPAC.
Señaló que desde el punto de vista de seguridad, Howard es peligroso para el Gobierno ya que con sólo cerrar el Puente de Las Américas, única vía de acceso hacia el lugar, se paralizarían las labores en seis ministerios del Estado.
Indicó que Albrook y Howard no son los únicos lugares que se pueden explorar para una ciudad gubernamental ya que con las nuevas leyes económicas, llamadas tres en uno, el Gobierno puede usar como pagos para la ejecución del proyecto algunos terrenos en las áreas revertidas y realizar la obra en tierras privadas.
Según la ARI, los planes del gobierno de crear un centro gubernamental en Howard no afectará en nada los planes de desarrollo que se tienen para la zona. De acuerdo con la entidad custodia de los bienes revertidos, en los informes de consultoría del Banco Mundial (BM) se recomienda que la ex- base se debe poner a funcionar, por lo cual la iniciativa se enmarca dentro de las sugerencias de la institución financiera internacional.
La ARI explica que las empresas que se espera que operen en la zona, deben pasar por los trámites de actos públicos y tendrán etapas para el desarrollo pleno de sus actividades, razón por la cual cuando requieran de las instalaciones ya el Gobierno Central tendrá otras opciones de ubicación para los ministerios que se instalen en la zona.
