El Ente Regulador y el alza de la energía eléctrica
El Ente Regulador fue creado fundamentalmente para controlar y fiscalizar los servicios públicos. El mismo actúa con independencia en el ejercicio de sus funciones y está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la Nación, conforme lo establece la constitución política y la ley.
Dentro de su competencia está la de regular y controlar las prestaciones de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitarios, telecomunicaciones y electricidad, entre otros.
Como podrán observar, las funciones y competencias del Ente son amplias y específicas, aunque dentro de este contexto esta también como responsabilidad moral, evitar que las empresas transnacionales que proporcionan el servicio a la comunidad especulen con el aumento de dichos servicios. Esta responsabilidad moral no siempre está ceñida a los reglamentos y normas o a lo que podemos denominar una acción cuantitativa; cuya variabilidad estará siempre inclinada contra los intereses del pueblo; es decir, el Ente nunca debe funcionar como si estuviera en un laboratorio químico en donde por ejemplo, el agua es el resultado de la formula H20.
Sabemos que los contratos que se elaboraron con estas empresas, en el gobierno que dirigía el P.R.D., tienen cláusulas programadas según fluctuaciones del mercado del alza de la energía eléctrica. Sin tomar en cuenta que al subir la energía eléctrica subían otros rubros que directamente dependen de éste perjudicando de esta manera el bolsillo del pueblo panameño.
Ha renunciado el director del Ente Regulador, que a más de velar por la defensa del bolsillo de los panameños, salía en defensa de los intereses de las transnacionales, millonarias, concesionarias del servicio eléctrico; dejando el espectro sublimal de un inexorable aumento de la tarifa eléctrica.
Ha salido del Ente, el señor Guanti, pero dejó sus raíces, quienes han manfiestado con una ingenua, pero inmaculada leguleyada, que sus acciones están contempladas estrictamente dentro de la Ley; y que aún manifiestan que la salida de su director no impedirá que se detenga el aumento de la tarifa eléctrica.
Existe una resolución elaborada por el gobierno donde se solicita a los miembros del Ente propiciar los estudios que permitan a mediano plazo, que las situaciones provocadas por el aumento del precio del petróleo no repercuta directamente en el costo de la energía y menos en el perjuicio de los más necesitados.
El gobierno debe modificar los contratos que se hicieron con el gobierno anterior, con las empresas que generan este servicio, a fin de que la balanza se incline a favor de las mayorías y no de una empresa de alta solvencia económica como son las que nos proporcionan dichos servicios. Además sabemos que las diferentes hidroeléctricas que generan energía en nuestro país, lo hacen con el sistema de presión a través de represas, lo que permite que se utilice muy poco petróleo.
Dentro de su competencia está la de regular y controlar las prestaciones de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitarios, telecomunicaciones y electricidad, entre otros.
Como podrán observar, las funciones y competencias del Ente son amplias y específicas, aunque dentro de este contexto esta también como responsabilidad moral, evitar que las empresas transnacionales que proporcionan el servicio a la comunidad especulen con el aumento de dichos servicios. Esta responsabilidad moral no siempre está ceñida a los reglamentos y normas o a lo que podemos denominar una acción cuantitativa; cuya variabilidad estará siempre inclinada contra los intereses del pueblo; es decir, el Ente nunca debe funcionar como si estuviera en un laboratorio químico en donde por ejemplo, el agua es el resultado de la formula H20.
Sabemos que los contratos que se elaboraron con estas empresas, en el gobierno que dirigía el P.R.D., tienen cláusulas programadas según fluctuaciones del mercado del alza de la energía eléctrica. Sin tomar en cuenta que al subir la energía eléctrica subían otros rubros que directamente dependen de éste perjudicando de esta manera el bolsillo del pueblo panameño.
Ha renunciado el director del Ente Regulador, que a más de velar por la defensa del bolsillo de los panameños, salía en defensa de los intereses de las transnacionales, millonarias, concesionarias del servicio eléctrico; dejando el espectro sublimal de un inexorable aumento de la tarifa eléctrica.
Ha salido del Ente, el señor Guanti, pero dejó sus raíces, quienes han manfiestado con una ingenua, pero inmaculada leguleyada, que sus acciones están contempladas estrictamente dentro de la Ley; y que aún manifiestan que la salida de su director no impedirá que se detenga el aumento de la tarifa eléctrica.
Existe una resolución elaborada por el gobierno donde se solicita a los miembros del Ente propiciar los estudios que permitan a mediano plazo, que las situaciones provocadas por el aumento del precio del petróleo no repercuta directamente en el costo de la energía y menos en el perjuicio de los más necesitados.
El gobierno debe modificar los contratos que se hicieron con el gobierno anterior, con las empresas que generan este servicio, a fin de que la balanza se incline a favor de las mayorías y no de una empresa de alta solvencia económica como son las que nos proporcionan dichos servicios. Además sabemos que las diferentes hidroeléctricas que generan energía en nuestro país, lo hacen con el sistema de presión a través de represas, lo que permite que se utilice muy poco petróleo.
