El estrés social y reformas al Seguro Social
El actual régimen del seguro social panameño, se basa en el principio de la solidaridad. Los que trabajamos pagamos los costos de tres programas. Cuando se creó, no era posible saber qué tan pronto dicho sistema empezaría a bajar la pendiente. Al inicio, el Estado fue capaz, durante un período de transición, de cubrir los programas con los fondos que ingresaban debido, fundamentalmente, al hecho de que los cotizantes debían alcanzar una determinada cantidad de cuotas, antes de jubilarse. Es decir, los que se jubilaban eran pocos, de manera que los aportes de los trabajadores y de los empleadores permitió acumular una fuerte solidez financiera, aún cuando se cubriesen los programas de maternidad, pensiones, viudez y administración.
Mas, al pasar los años, la cantidad de jubilados aumentó, la población creció y la demanda de servicios de maternidad se incrementó y el número de pacientes ascendió, implicando erogaciones por encima del monto de los ingresos en concepto de cuotas y de rendimientos bancarios. A esto, debemos sumar la presión de los costos administrativos de una entidad de salud que ha venido absorbiendo responsabilidades que le competen al Estado, vía el MINSA. Hoy, a decir de un perito, "nos estamos comiendo nuestra jubilación antes de tiempo".
El problema es de fácil comprensión. La solución es, a todas luces, de lo más difícil de asimilar, empero no es tan difícil de concebir. En torno a este monumental problema se mueven las más encontradas emociones, sentimientos e ideas. La más pesada de todas la emociones, es la emoción política.
Los obreros sostienen una fórmula, la cual excluye toda posibilidad de aumentar las cuotas, privatizar las cuentas o aumentar la edad. Han preparado una estrategia y definido una vía de solución con la cual el problema se resuelve, inyectando fondos provenientes de fuentes ya comprometidas, en el presupuesto de la nación, para otros fines y proponen un referéndum para que sea el pueblo el que decida.
La sociedad civil y sus diversas organizaciones claman por un debate amplio. La preocupación va in crecendo, sobre todo cuando aún se tienen frescos sinsabores, que a los sectores empresariales les dejó la reforma tributaria. Aunque da la impresión que los sectores de la patronal han oteado oro o tienen la expectativa, que al menos, un porcentaje de los aportes de los segurohabientes puedan capitalizarlos, vía cuentas individuales en casas administradoras. Los frentes empresariales de los partidos de oposición también parecieran apostar al mismo número. No se les ve ni se les escucha con la beligerancia que un asunto tan importante para el futuro del país debería implicarles.
El estrés social se asoma inevitable. La incertidumbre empieza a agobiarnos, como "pitcher" con las bases llenas, en el noveno episodio. Numerosas organizaciones sindicales, grupos políticos, sectores populares organizados se movilizan para presionar una solución que no mueva la edad ni aumente la cuota.
El Gobierno, como para medir de donde vienen los tiros, ha hecho del conocimiento público, vía un documento, el estado actual y a futuro de la CSS. Un equipo de entendidos y peritos del Gabinete ha recorrido el país, explicando y develando la gravedad y magnitud del problema. Un amplio sector de la población ha percibido esta consulta, como una detente para ganar tiempo, mientras se elabora la propuesta oficial. No faltan quienes sostienen que los números y cálculos actuariales presentados en el documento de consulta contienen errores, lo cual implicaría que la propuesta oficial carecería de confiabilidad matemática. Al sentir del pueblo, la fórmula del Gobierno ya está preparada. Amables lectores, en todo esto he de reconocer que el Presidente Torrijos tiene claro el objetivo y una honesta intención.
Mas, al pasar los años, la cantidad de jubilados aumentó, la población creció y la demanda de servicios de maternidad se incrementó y el número de pacientes ascendió, implicando erogaciones por encima del monto de los ingresos en concepto de cuotas y de rendimientos bancarios. A esto, debemos sumar la presión de los costos administrativos de una entidad de salud que ha venido absorbiendo responsabilidades que le competen al Estado, vía el MINSA. Hoy, a decir de un perito, "nos estamos comiendo nuestra jubilación antes de tiempo".
El problema es de fácil comprensión. La solución es, a todas luces, de lo más difícil de asimilar, empero no es tan difícil de concebir. En torno a este monumental problema se mueven las más encontradas emociones, sentimientos e ideas. La más pesada de todas la emociones, es la emoción política.
Los obreros sostienen una fórmula, la cual excluye toda posibilidad de aumentar las cuotas, privatizar las cuentas o aumentar la edad. Han preparado una estrategia y definido una vía de solución con la cual el problema se resuelve, inyectando fondos provenientes de fuentes ya comprometidas, en el presupuesto de la nación, para otros fines y proponen un referéndum para que sea el pueblo el que decida.
La sociedad civil y sus diversas organizaciones claman por un debate amplio. La preocupación va in crecendo, sobre todo cuando aún se tienen frescos sinsabores, que a los sectores empresariales les dejó la reforma tributaria. Aunque da la impresión que los sectores de la patronal han oteado oro o tienen la expectativa, que al menos, un porcentaje de los aportes de los segurohabientes puedan capitalizarlos, vía cuentas individuales en casas administradoras. Los frentes empresariales de los partidos de oposición también parecieran apostar al mismo número. No se les ve ni se les escucha con la beligerancia que un asunto tan importante para el futuro del país debería implicarles.
El estrés social se asoma inevitable. La incertidumbre empieza a agobiarnos, como "pitcher" con las bases llenas, en el noveno episodio. Numerosas organizaciones sindicales, grupos políticos, sectores populares organizados se movilizan para presionar una solución que no mueva la edad ni aumente la cuota.
El Gobierno, como para medir de donde vienen los tiros, ha hecho del conocimiento público, vía un documento, el estado actual y a futuro de la CSS. Un equipo de entendidos y peritos del Gabinete ha recorrido el país, explicando y develando la gravedad y magnitud del problema. Un amplio sector de la población ha percibido esta consulta, como una detente para ganar tiempo, mientras se elabora la propuesta oficial. No faltan quienes sostienen que los números y cálculos actuariales presentados en el documento de consulta contienen errores, lo cual implicaría que la propuesta oficial carecería de confiabilidad matemática. Al sentir del pueblo, la fórmula del Gobierno ya está preparada. Amables lectores, en todo esto he de reconocer que el Presidente Torrijos tiene claro el objetivo y una honesta intención.
