El Fondo Fiduciario para el Desarrollo: 1. ¿Gastar sus intereses o su capital?
La controversia entre el Presidente Pérez Balladares y los voceros de la Presidenta electa sobre si se deben gastar sólo los intereses del Fondo Fiduciario proveniente de las privatizaciones o también su capital, es la primera controversia seria, no simplemente estéril, entre el Gobierno saliente y el entrante. Hay argumentos válidos de ambos lados y se plantea una opción entre políticas diferentes, que merecen discusión razonada.
La primera consideración sobre el particular es que la decisión deber ser el fruto de un consenso del pueblo con sus gobernantes. La decisión original de Pérez Balladares no fue consultada. Fue unilateral. Pérez Balladares iniciaba la privatización de los servicios públicos en contra de una muy amplia mayoría de la opinión pública. En el proceso se beneficiarían compañías extranjeras que, sin duda, establecerían vínculos con inversionistas, abogados y cabilderos locales, muchos de ellos allegados al Presidente. Si además de la impopularidad de las medidas privatizadoras y de las ventajas que podían representar para sus amigos y copartidarios, se hubiera percibido que Pérez Balladares iba a gastar durante su gobierno los B/.1,325 millones provenientes hasta ahora de las privatizaciones, la reacción de la población hubiera podido ser inaguantable para el Gobierno. Por eso el Presidente creó el Fondo Fiduciario por Ley para garantizarle al país que sólo gastaría sus intereses, que este año serán unos B/.71.58 millones, con una tasa de interés promedio de algo más que el 5% del capital, y que los dedicaría a satisfacer necesidades sociales de nuestra población.
Pero en política todo está sujeto a cambio. Nada impide sopesar un cambio en la Ley con respecto al Fondo. Sería preferible considerarlo ahora, cuando podemos discutirlo sin apremio, en vez de esperar a considerarlo en condiciones de crisis, puesto que en tales condiciones se es capaz de gastar los capitales de cualquier manera.
Las declaraciones de los voceros de la Presidenta electa parecen haber llegado a una decisión opuesta a la de Pérez Balladares, pero igualmente unilateral. No han explicado sus razones. No han indicado en qué gastarían los capitales. No han revelado qué les hace pensar que el Gobierno estaría en condiciones de invertir y no sólo de gastar más que los B/.71.5 millones de intereses y cuánto más pensarían invertir. Hasta ahora su deseo de usar el capital del Fondo es tan impositivo como la decisión de no usarlo.
Los panameños debemos exigir que se discuta ampliamente el tema, que se dé a conocer la política social y los proyectos específicos correspondientes del Gobierno entrante y que se respete el consenso que surja de dicha discusión.
Una segunda consideración es imprescindible. La controversia ha comenzado como si sólo hubiera dos posibilidades. Habría la posibilidad de dejar intacto el capital y sólo usar los intereses. Esta tesis de Pérez Balladares tiene algunas ventajas. Ayuda a resguardar la confiabilidad financiera de Panamá. Tenemos una deuda externa documentada de aproximadamente B/.5,400 millones. Frente a este pasivo nacional, los B/.1,365 ahorrados en el Fondo Fiduciario son un factor de seguridad financiera. Además, ello no impide que los intereses puedan servir de garantía para el endeudamiento que el Gobierno necesite adquirir con fines de inversión social. Por último, acumular una cantidad apreciable nos permitiría eventualmente hacer una inversión de primera magnitud para bien del país si la necesidad y la oportunidad se presentaran, en vez de ir usando el Fondo por partes en inversiones múltiples de importancia secundaria.
Habría también la posibilidad, propuesta por los asesores de la Presidenta electa, de hacer uso del capital ya sea directamente, previa modificación de la Ley, ya sea por el procedimiento, que la Ley permite, de venderle al Fondo bonos del Estado panameño para usar luego el dinero así obtenido en inversiones sociales.
Pero hay otras posibilidades. En efecto los intereses que pagamos por nuestra deuda exterior son a una tasa superior a los intereses que devengamos actualmente por el Fondo. Esto no parece ventajoso. Por ello, como tercera posibilidad podríamos pensar que el Fondo compre papeles de nuestra deuda externa, a un descuento actual de aproximadamente el 20%. Los B/.1325 millones devengarían entonces un interés de alrededor del 9 al 10% o sea un total anual de hasta B/.132 millones, es decir 60 millones más.
Puede también darse una cuarta posibilidad. Si necesitamos aumentar las inversiones sociales y podemos hacerlo con provecho, bien podríamos considerar la venta de parte de las acciones que el Estado posee aún en las empresas resultantes del INTEL y del IRHE. Esta se podría organizar de manera a incrementar la democratización de la riqueza, vendiéndolas en paquetes pequeños al alcance de pequeños y medianos ahorristas. Y nos podríamos asegurar, si no estuviera previsto ya en la Ley, que la representación del Estado en la Juntas Directivas se mantenga intacta. Lo que produjera esta venta incrementaría el Fondo Fiduciario, lo que a su vez incrementaría los dineros disponibles tanto a título de capital, como a título de intereses.
Debemos mencionar como quinta posibilidad, para aumentar las inversiones sociales, que el primer presupuesto aprobado por la Asamblea para el Canal, refleja un aumento de alrededor de B/. 80 millones en lo que se le pagará al Estado como porcentaje del peaje. En virtud de la tercera y quinta posibilidades podríamos contar con B/.210 millones al año para inversiones sociales, sin tener que usar el capital del Fondo.
Los panameños debemos exigir que se discutan todas las opciones viables sopesando las ventajas y desventajas de las mismas.
Se añade una tercera consideración. En cualquiera de las opciones debe mantenerse que el destino de los dineros ha de ser en inversiones sociales, no simples gastos sociales que no modifican la estructura de la pobreza y de la marginación. Y debemos exigir que dichas inversiones respondan a una política social definida, la cual no ha existido en el actual Gobierno y nada garantiza que exista en el próximo. De otra manera el Fondo se convertiría en una enorme "partida circuital" para todo el país, que se usaría sobre todo para generar una multitudinaria clientela política para el o los partidos gobernantes. Para este año ya existen reservas en capital de B/. 64 millones para obras circuitales, a sabiendas de que éstas no responden sobre todo al clientelismo.
En este sentido hay dos áreas de necesidades sociales que son claramente prioritarias, salud y educación. En ellas debieran concentrarse las inversiones financiadas por el Fondo Fiduciario. Y pienso que entre todas las necesidades sociales estructurales, hay una que tiene una prioridad manifiesta y urgente: el agua, tanto el suministro de agua potable a toda nuestra población, como la disposición de las aguas negras de todos nuestros ciudades y poblados y con ello la descontaminación de la Bahía de Panamá. Si este triple problema conexo se resolviera de una vez por todas, habríamos contribuido sustancialmente a la salud y por ende al desarrollo humano de nuestro pueblo, y le estaríamos incrementando su capacidad de trabajo.
Sobre ello expondré algunas ideas el próximo domingo.
La primera consideración sobre el particular es que la decisión deber ser el fruto de un consenso del pueblo con sus gobernantes. La decisión original de Pérez Balladares no fue consultada. Fue unilateral. Pérez Balladares iniciaba la privatización de los servicios públicos en contra de una muy amplia mayoría de la opinión pública. En el proceso se beneficiarían compañías extranjeras que, sin duda, establecerían vínculos con inversionistas, abogados y cabilderos locales, muchos de ellos allegados al Presidente. Si además de la impopularidad de las medidas privatizadoras y de las ventajas que podían representar para sus amigos y copartidarios, se hubiera percibido que Pérez Balladares iba a gastar durante su gobierno los B/.1,325 millones provenientes hasta ahora de las privatizaciones, la reacción de la población hubiera podido ser inaguantable para el Gobierno. Por eso el Presidente creó el Fondo Fiduciario por Ley para garantizarle al país que sólo gastaría sus intereses, que este año serán unos B/.71.58 millones, con una tasa de interés promedio de algo más que el 5% del capital, y que los dedicaría a satisfacer necesidades sociales de nuestra población.
Pero en política todo está sujeto a cambio. Nada impide sopesar un cambio en la Ley con respecto al Fondo. Sería preferible considerarlo ahora, cuando podemos discutirlo sin apremio, en vez de esperar a considerarlo en condiciones de crisis, puesto que en tales condiciones se es capaz de gastar los capitales de cualquier manera.
Las declaraciones de los voceros de la Presidenta electa parecen haber llegado a una decisión opuesta a la de Pérez Balladares, pero igualmente unilateral. No han explicado sus razones. No han indicado en qué gastarían los capitales. No han revelado qué les hace pensar que el Gobierno estaría en condiciones de invertir y no sólo de gastar más que los B/.71.5 millones de intereses y cuánto más pensarían invertir. Hasta ahora su deseo de usar el capital del Fondo es tan impositivo como la decisión de no usarlo.
Los panameños debemos exigir que se discuta ampliamente el tema, que se dé a conocer la política social y los proyectos específicos correspondientes del Gobierno entrante y que se respete el consenso que surja de dicha discusión.
Una segunda consideración es imprescindible. La controversia ha comenzado como si sólo hubiera dos posibilidades. Habría la posibilidad de dejar intacto el capital y sólo usar los intereses. Esta tesis de Pérez Balladares tiene algunas ventajas. Ayuda a resguardar la confiabilidad financiera de Panamá. Tenemos una deuda externa documentada de aproximadamente B/.5,400 millones. Frente a este pasivo nacional, los B/.1,365 ahorrados en el Fondo Fiduciario son un factor de seguridad financiera. Además, ello no impide que los intereses puedan servir de garantía para el endeudamiento que el Gobierno necesite adquirir con fines de inversión social. Por último, acumular una cantidad apreciable nos permitiría eventualmente hacer una inversión de primera magnitud para bien del país si la necesidad y la oportunidad se presentaran, en vez de ir usando el Fondo por partes en inversiones múltiples de importancia secundaria.
Habría también la posibilidad, propuesta por los asesores de la Presidenta electa, de hacer uso del capital ya sea directamente, previa modificación de la Ley, ya sea por el procedimiento, que la Ley permite, de venderle al Fondo bonos del Estado panameño para usar luego el dinero así obtenido en inversiones sociales.
Pero hay otras posibilidades. En efecto los intereses que pagamos por nuestra deuda exterior son a una tasa superior a los intereses que devengamos actualmente por el Fondo. Esto no parece ventajoso. Por ello, como tercera posibilidad podríamos pensar que el Fondo compre papeles de nuestra deuda externa, a un descuento actual de aproximadamente el 20%. Los B/.1325 millones devengarían entonces un interés de alrededor del 9 al 10% o sea un total anual de hasta B/.132 millones, es decir 60 millones más.
Puede también darse una cuarta posibilidad. Si necesitamos aumentar las inversiones sociales y podemos hacerlo con provecho, bien podríamos considerar la venta de parte de las acciones que el Estado posee aún en las empresas resultantes del INTEL y del IRHE. Esta se podría organizar de manera a incrementar la democratización de la riqueza, vendiéndolas en paquetes pequeños al alcance de pequeños y medianos ahorristas. Y nos podríamos asegurar, si no estuviera previsto ya en la Ley, que la representación del Estado en la Juntas Directivas se mantenga intacta. Lo que produjera esta venta incrementaría el Fondo Fiduciario, lo que a su vez incrementaría los dineros disponibles tanto a título de capital, como a título de intereses.
Debemos mencionar como quinta posibilidad, para aumentar las inversiones sociales, que el primer presupuesto aprobado por la Asamblea para el Canal, refleja un aumento de alrededor de B/. 80 millones en lo que se le pagará al Estado como porcentaje del peaje. En virtud de la tercera y quinta posibilidades podríamos contar con B/.210 millones al año para inversiones sociales, sin tener que usar el capital del Fondo.
Los panameños debemos exigir que se discutan todas las opciones viables sopesando las ventajas y desventajas de las mismas.
Se añade una tercera consideración. En cualquiera de las opciones debe mantenerse que el destino de los dineros ha de ser en inversiones sociales, no simples gastos sociales que no modifican la estructura de la pobreza y de la marginación. Y debemos exigir que dichas inversiones respondan a una política social definida, la cual no ha existido en el actual Gobierno y nada garantiza que exista en el próximo. De otra manera el Fondo se convertiría en una enorme "partida circuital" para todo el país, que se usaría sobre todo para generar una multitudinaria clientela política para el o los partidos gobernantes. Para este año ya existen reservas en capital de B/. 64 millones para obras circuitales, a sabiendas de que éstas no responden sobre todo al clientelismo.
En este sentido hay dos áreas de necesidades sociales que son claramente prioritarias, salud y educación. En ellas debieran concentrarse las inversiones financiadas por el Fondo Fiduciario. Y pienso que entre todas las necesidades sociales estructurales, hay una que tiene una prioridad manifiesta y urgente: el agua, tanto el suministro de agua potable a toda nuestra población, como la disposición de las aguas negras de todos nuestros ciudades y poblados y con ello la descontaminación de la Bahía de Panamá. Si este triple problema conexo se resolviera de una vez por todas, habríamos contribuido sustancialmente a la salud y por ende al desarrollo humano de nuestro pueblo, y le estaríamos incrementando su capacidad de trabajo.
Sobre ello expondré algunas ideas el próximo domingo.
