El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Fue durante la gestión administrativa del Lic. José Antonio Sossa, como Procurador de la Nación, que se operó el incremento sistemático de la atención que requería el Instituto de Medicina Legal.
En esa ocasión, con la incorporación del Dr. Félix Luciani (q.e.p.d.) se iniciaron modificaciones sustantivas en el área administrativa y el área técnica de la Medicina Legal. En esa época también se incorporaron y desarrollaron algunos laboratorios que se encontraban en la Policía Técnica Judicial como: Lab. de fibras y pelos, Lab. de Toxicología, Base de Datos de DNA (Ley 80 de 1998) y el Inicio incipiente del Laboratorio del DNA. Estos desarrollos necesitaban del aporte de mejor tecnología y crecimiento de la capacidad operativa del recurso humano. Para ello hubo que preparar al personal en Panamá y en el exterior. Paralelamente, se implementaron planes de docencia, y así inició, en 1995, la primera jornada de Medicina Legal, para capacitar teórica y prácticamente al recurso humano. A partir de allí se celebraron seguidamente 10 jornadas médico-legales.
En ese entonces, como Director de Medicina Legal, designé una comisión con la finalidad de preparar un ante-proyecto de ley que, a la vez que reflejara las transformaciones administrativas y científicas en el desarrollo institucional, permitiera realmente la maduración de la idea de que el Instituto de Medicina Legal se transformara en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tal como es su actual denominación. Esta comisión designada fue presidida y coordinada por el Dr. Noriel Chang, colaborando los doctores psiquiatras forenses Alejandro Pérez, Nilda Santamaría, el psicólogo Luis Rodríguez y el Dr. Félix Luciani (q.e.p.d.), quienes tuvieron la responsabilidad de la preparación del borrador respectivo del anteproyecto de ley.
Se usaron como referencias la ley que creó el Instituto de Medicina Legal de Costa Rica, la ley que creaba el Instituto de Medicina Legal de Medellín, Colombia, y la ley del Instituto de Medicina Legal de Bogotá, que presentaba en su dirección y en su administración un rol autónomo colegiado al servicio de la justicia que fue también objeto de estudio y referencia. Esta es la condición que se nos presenta hoy en Panamá (nada nuevo en lo que a la ley 69 se refiere, ya que con nuestro equipo de comisionados para tal proyecto lo habíamos planteado en años anteriores).
La propuesta de esta comisión fue elevada para su aprobación en el 2000, obteniendo las modificaciones propias de nuestro medio (de lo cual poseo el borrador del proyecto original con los respectivos cambios y agregados para dicho fin). La recomendación diseñada fue enviada a la procuraduría y reafirmamos que en ese proyecto se proponía el cambio de denominación de Instituto de Medicina Legal al del actual Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, se planteaba la incorporación de los laboratorios de criminalística como práctica de avanzada que se operaba en otros países. De igual forma se reivindicaba autonomía para su dirección.
Fuimos iniciadores y visualizadores del proyecto de desarrollo institucional del cual blasona hoy el Ministerio Público. Su nacimiento previsto para 1998, reelaborado después en el 2000, fue limitado e inviabilizado por diferentes razones político-económicas. A pesar de ello, resaltamos el valor de la iniciativa legislativa del Procurador de aquel período y el apoyo en la cámara legislativa del entonces legislador Dr. Mario Quiel.
Gran parte del contenido de este anteproyecto fue retomado por la actual ley 69, lo que nos enorgullece, ya que consideramos al Dr. Noriel Chang y los otros colaboradores mencionados, como precursores de la legislación actual.
