El país no puede estar implorándole a los políticos que declaren sus bienes

La política en Panamá, hace tiempo, dejó de estar orientada hacia el servicio público.

Versión impresa

Los políticos profesionales no son más que gente aglutinada en partidos políticos para defender intereses de grupos poderosos de la sociedad.

Y la transparencia y la honestidad no son, necesariamente, su mejor carta de presentación, en medio de constantes e interminables escándalos de corrupción.

VEA TAMBIÉN: ¡Atraer, a traer talento!

Traigo el tema a colación porque la Asamblea Nacional podría -y recalco la palabra podría- brindar un mensaje de claridad en medio de tanta oscuridad si aprueba el proyecto de ley que presentó la diputada Mayín Correa, para que las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios sean públicas, cuando las presenten al asumir y dejar el cargo.

El tema cobra fuerza también porque recientemente Panamá América publicó que el 65% de los funcionarios del gobierno de Juan Carlos Varela obligados, por Constitución Nacional, a cumplir con esta obligación, no lo hicieron.

Esto, además de violentar una norma constitucional, es una inmoralidad, porque dificulta que los entes de investigación, la Contraloría, el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas, puedan investigar un posible enriquecimiento injustificado.

El país no debe estar implorándole a quienes saltaron a la vida pública de forma voluntaria que muestren un poco de decencia.