El pueblo está cansado de una justicia clasista
El sistema judicial de Panamá no cumple con las expectativas de los panameños, la mejor prueba es que a pesar de las constantes denuncias de los actos de corrupción, las mismas no pasan de ser denuncias y los únicos que terminan presos son los que no tienen influencia ni dinero para comprar la impunidad.
El descontento por la mala distribución de la justicia aumenta el resentimiento social y esto es el abono fértil para la violencia civil, como ya sucede en países vecinos; por eso debemos buscar y aplicar el remedio para eliminar el flagelo de la corrupción.
Pero la pregunta es...¿están los políticos dispuestos a encontrar la solución a pesar de que el mismo afectaría a sus allegados y colaboradores económicos?
O simplemente continuarán devorando descaradamente las Arcas del Estado panameño con la complicidad de la inexistente justicia ante nuestros propios ojos.
Es necesario que el futuro gobierno combata esta cara de la corrupción con estrategias coherentes y no solamente con palabras demagógicas.
Lo anterior se logrará con la separación de la justicia de los intereses económicos y políticos. Entre algunos aspectos importantes en el plan de gobierno del candidato presidencial, Ricardo Martinelli, está la creación de un Tribunal Anticorrupción, que tendrá la función de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, pero con plena autonomía institucional en su gestión de distribuir justicia administrativa.
Los magistrados de esta nueva entidad serán designados de igual forma que los magistrados del Tribunal Electoral, hasta que se hagan los cambios en la Constitución para que no permita al Organo Ejecutivo designarlos directamente.
Además, propone crear una oficina Independiente Anticorrupción, constituida por fiscales designados por la Corte Suprema de Justicia, los cuales serán propuestos por gremios del sector civil y ratificados por la Asamblea Legislativa.
El motivo para tener un Tribunal Anticorrupción y una Oficina Independiente Anticorrupción es evitar que el fiscal, que tiene la función de perseguir, no sea el que también administre la sanción o castigo, como sucede en el caso de la Contraloría General de la República que manipula las acciones de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
Con estas medidas se evitaría la intromisión del Ejecutivo y aumentaría la participación del sector civil en las decisiones del Estado y quienes lo conformarían, porque lamentablemente no existe imparcialidad ni equidad en las instituciones que se encargan en vigilar y proteger las riquezas del Estado, que al final nos pertenecen a todos nosotros.
Y solamente eliminando la corrupción podremos salir del abismo económico, ya que donde no existe justicia tampoco existe seguridad jurídica para los inversionistas honestos y esto le da una mala imagen internacional a Panamá.
El descontento por la mala distribución de la justicia aumenta el resentimiento social y esto es el abono fértil para la violencia civil, como ya sucede en países vecinos; por eso debemos buscar y aplicar el remedio para eliminar el flagelo de la corrupción.
Pero la pregunta es...¿están los políticos dispuestos a encontrar la solución a pesar de que el mismo afectaría a sus allegados y colaboradores económicos?
O simplemente continuarán devorando descaradamente las Arcas del Estado panameño con la complicidad de la inexistente justicia ante nuestros propios ojos.
Es necesario que el futuro gobierno combata esta cara de la corrupción con estrategias coherentes y no solamente con palabras demagógicas.
Lo anterior se logrará con la separación de la justicia de los intereses económicos y políticos. Entre algunos aspectos importantes en el plan de gobierno del candidato presidencial, Ricardo Martinelli, está la creación de un Tribunal Anticorrupción, que tendrá la función de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, pero con plena autonomía institucional en su gestión de distribuir justicia administrativa.
Los magistrados de esta nueva entidad serán designados de igual forma que los magistrados del Tribunal Electoral, hasta que se hagan los cambios en la Constitución para que no permita al Organo Ejecutivo designarlos directamente.
Además, propone crear una oficina Independiente Anticorrupción, constituida por fiscales designados por la Corte Suprema de Justicia, los cuales serán propuestos por gremios del sector civil y ratificados por la Asamblea Legislativa.
El motivo para tener un Tribunal Anticorrupción y una Oficina Independiente Anticorrupción es evitar que el fiscal, que tiene la función de perseguir, no sea el que también administre la sanción o castigo, como sucede en el caso de la Contraloría General de la República que manipula las acciones de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
Con estas medidas se evitaría la intromisión del Ejecutivo y aumentaría la participación del sector civil en las decisiones del Estado y quienes lo conformarían, porque lamentablemente no existe imparcialidad ni equidad en las instituciones que se encargan en vigilar y proteger las riquezas del Estado, que al final nos pertenecen a todos nosotros.
Y solamente eliminando la corrupción podremos salir del abismo económico, ya que donde no existe justicia tampoco existe seguridad jurídica para los inversionistas honestos y esto le da una mala imagen internacional a Panamá.
