El Seguro Social: entre luces y sombras
Sobre este tema, siempre recurrente, he escrito en varias ocasiones. En uno de mis primeros artículos, bajo el título "No juguemos con las jubilaciones", publicado hace seis años, advertía contra la embestida de sectores interesados en echarle mano al fondo de pensiones acumulado por los asegurados, con base en el argumento, comprobadamente deleznable, de que esos dineros reportarían mayores utilidades al ser administrados por empresas privadas. Muchos recordarán que por esas épocas hubo una campaña destinada a convencernos de la bondad de la propuesta, que incluyó la traída a Panamá de varios "sabios extranjeros" para que expusieran sobre los "éxitos" obtenidos en sus países.
La propuesta de privatizar las pensiones la sustentan sus promotores, que han bajado un poco la guardia pero que no abandonan sus pretensiones, en dos argumentos principales: uno, la supuesta mayor rentabilidad que obtendrían las administradoras privadas al colocar los recursos en inversiones más productivas; dos, que mediante un sistema de cuentas individuales, cada participante podría aumentar sus aportes para conseguir una pensión más alta al momento de retirarse.
Comenzaré por el segundo de esos argumentos, por cuanto toca a la esencia misma de la seguridad social. Por supuesto que al cambiar de un sistema de fondo común, al cual aportan todos los asegurados y del cual se pagan todas las pensiones, a otro de cuentas individuales, teóricamente, cada contribuyente podría decidir cuanto ahorra y también el monto de su pensión. Pero como también es verdad que quienes reciben los salarios más bajos ni siquiera ganan lo suficiente para subsistir, mucho menos para ahorrar, ellos jamás podrán acceder a la panacea de las jugosas pensiones que promete el sistema de cuentas individuales.
La seguridad social se fundamenta en el principio de solidaridad, con base en el cual quienes más ganan más aportan para ayudar a que los que menos aportan puedan recibir los servicios que ella brinda, incluidas las pensiones, que no podrían cubrir con sus bajos ingresos. Si ese principio se quiebra, todo el andamiaje se derrumba. Por eso es que es inaceptable y hay que rechazar todo intento, abierto o solapado, de privatizar las pensiones.
En cuanto al primero de los argumentos mencionados, la realidad se ha encargado de destruirlo. Cuando estaba en su punto más alto la campaña para privatizar las pensiones, se presentaban como ejemplo las pingües utilidades que obtenían las inversiones hechas por las administradoras de pensiones al colocar recursos, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Al poco tiempo el castillo de naipes se derrumbó y las rentabilidades que llegaron a remontar hasta el 15% se redujeron a niveles muy inferiores con las pérdidas consecuentes.
En Estados Unidos, a raíz de los recientes escándalos financieros, materialmente, han desaparecido muchos fondos de pensiones que invirtieron sus recursos en empresas como Enron o World Com, dejando en la calle a sus participantes que ahora ven con terror su futuro.
Concuerdo con la preocupación general de que el problema de la Caja de Seguro Social debe enfrentarse y resolverse con serenidad y de una manera realista. Pero rechazo que la solución esté en privatizarla, en ninguna de sus áreas.
La alternativa propuesta por la presidenta Moscoso para proveer a la Caja de recursos adicionales es una muy buena medida. No será la solución definitiva, pero es un paso positivo. Las críticas levantadas, porque se traspasarían bienes nacionales a una institución en la que no participan todos los habitantes del país tienen tan poca lógica que, llevada al extremo, daría lugar a que, por ejemplo, los habitantes del Darién que no usan los corredores se opusieran al traspaso de las tierras que se les entregaron como compensación a las empresas encargadas de construirlos.
La propuesta de privatizar las pensiones la sustentan sus promotores, que han bajado un poco la guardia pero que no abandonan sus pretensiones, en dos argumentos principales: uno, la supuesta mayor rentabilidad que obtendrían las administradoras privadas al colocar los recursos en inversiones más productivas; dos, que mediante un sistema de cuentas individuales, cada participante podría aumentar sus aportes para conseguir una pensión más alta al momento de retirarse.
Comenzaré por el segundo de esos argumentos, por cuanto toca a la esencia misma de la seguridad social. Por supuesto que al cambiar de un sistema de fondo común, al cual aportan todos los asegurados y del cual se pagan todas las pensiones, a otro de cuentas individuales, teóricamente, cada contribuyente podría decidir cuanto ahorra y también el monto de su pensión. Pero como también es verdad que quienes reciben los salarios más bajos ni siquiera ganan lo suficiente para subsistir, mucho menos para ahorrar, ellos jamás podrán acceder a la panacea de las jugosas pensiones que promete el sistema de cuentas individuales.
La seguridad social se fundamenta en el principio de solidaridad, con base en el cual quienes más ganan más aportan para ayudar a que los que menos aportan puedan recibir los servicios que ella brinda, incluidas las pensiones, que no podrían cubrir con sus bajos ingresos. Si ese principio se quiebra, todo el andamiaje se derrumba. Por eso es que es inaceptable y hay que rechazar todo intento, abierto o solapado, de privatizar las pensiones.
En cuanto al primero de los argumentos mencionados, la realidad se ha encargado de destruirlo. Cuando estaba en su punto más alto la campaña para privatizar las pensiones, se presentaban como ejemplo las pingües utilidades que obtenían las inversiones hechas por las administradoras de pensiones al colocar recursos, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Al poco tiempo el castillo de naipes se derrumbó y las rentabilidades que llegaron a remontar hasta el 15% se redujeron a niveles muy inferiores con las pérdidas consecuentes.
En Estados Unidos, a raíz de los recientes escándalos financieros, materialmente, han desaparecido muchos fondos de pensiones que invirtieron sus recursos en empresas como Enron o World Com, dejando en la calle a sus participantes que ahora ven con terror su futuro.
Concuerdo con la preocupación general de que el problema de la Caja de Seguro Social debe enfrentarse y resolverse con serenidad y de una manera realista. Pero rechazo que la solución esté en privatizarla, en ninguna de sus áreas.
La alternativa propuesta por la presidenta Moscoso para proveer a la Caja de recursos adicionales es una muy buena medida. No será la solución definitiva, pero es un paso positivo. Las críticas levantadas, porque se traspasarían bienes nacionales a una institución en la que no participan todos los habitantes del país tienen tan poca lógica que, llevada al extremo, daría lugar a que, por ejemplo, los habitantes del Darién que no usan los corredores se opusieran al traspaso de las tierras que se les entregaron como compensación a las empresas encargadas de construirlos.
