El tránsito está en un abismo
El tránsito vehicular se encuentra en un abismo caótico ante la falta de interes por parte de los partidos políticos, que no corrigen este mal. Desde 1989 comenzó este desplomo, porque las autoridades de esa época dividieron el Departamento de Tránsito y Transporte Terrestre en tres entidades separadas: La Autoridad Nacional del Tránsito, la Policía de Tránsito, y Obras Públicas, a cargo de la señalización de las vías. Cada uno actúa por su lado, sin ninguna coordinación entre ellos. Por eso este desorden, pues a las autoridades nombradas por los partidos políticos sólo les interesa la rebusca que produce la adjudicación de los cupos en el sector transporte.
Han abandonado por completo el mantenimiento de los semáforos y la señalización de nuestras calles. La Policía de Tránsito le ha dado la espalda al orden en la ciudad y la Autoridad Nacional del Tránsito se niega a organizar las rutas o el estado de los buses y taxis. Sólo cuando atropellan a alguien, se limitan a revisar las licencias y las bocinas; pero no sacan de circulación los buses o taxis sin luces, defensas, parabrisas, etc. Para agravar más esto, los políticos le han quitado a la Policía de Tránsito el derecho a quitar licencias de conducir a los infractores para devolvérselas cuando pagan la multa correspondiente. Como resultado de esta medida, tenemos que la Tesorería del Tránsito tiene más de tres millones de dólares en multas por cobrar.
Ya que no existe ninguna vigilancia dentro de la capital, los conductores se han acostumbrado a pasar la luz roja, no hacer alto en los lugares señalados, estacionarse en las áreas prohibidas y tener carreras de autos en la Avenida Balboa a altas horas de la noche. Hasta los peatones se han acostumbrado a cruzar las calles donde les da la gana, poniendo su vida en peligro y la del conductor. La metida de pata más grave fue quitarle los fondos que producen las multas al Tránsito. Hoy en día estas recaudaciones pasan a la caja común del Estado. Como resultado, el Tránsito carece de fondos para poder mantener continuamente los semáforos o la señalización adecuada de las vías. También la Policía del Tránsito carece de dinero para poder contar con las unidades y el equipo necesario para poner orden en las calles.
La Autoridad Nacional del Tránsito es una caldera sobrecargada, lista para explotar por el desorden que existe en el manejo de los buses y taxis. Por parte de las autoridades no existe una verdadera respuesta que solucione de inmediato el problema. Desgraciadamente la solución está en manos de los partidos políticos que llegan al poder. Desde 1989 los presidentes Endara, Pérez Balladares y Moscoso le han dado la espalda a esta situación. Nuevamente tenemos la esperanza que en el 2004 llegue un presidente que sí tenga la voluntad para acabar con el caos vehicular.
Ultimamente tomaron un paso en firme cuando le quitaron a Obras Públicas el mantenimiento de los semáforos y señalización de nuestras vías. Esa responsabilidad la tiene hoy el Depto. de Dispositivo del Tránsito, bajo las órdenes de la Polícia del Tránsito. No obstante, el problema sigue porque no cuenta con los fondos adecuados para la señalización o mejorar el sistema de semáforos.
Lo primero que hay que hacer, es poner las tres entidades bajo un solo mando. El nuevo director de la Autoridad Nacional del Tránsito debe tener mando absoluto sobre los otros departamentos. Luego éste debe estar bajo las órdenes de una junta directiva compuesta por cinco miembros: El director de la Autoridad Nacional del Tránsito, el director del Dpto. de Dispositivo del Tránsito, el jefe de la Policía de Tránsito, un representante de las compañías de seguros y uno de Ingeniería Municipal de Panamá.
Después hay que conseguir que los fondos que se recauden de las multas queden dentro de la Autoridad Nacional del Tránsito para mantenimiento de las vías. Hay que quitarle las licencias de conducir a los infractores para asegurar el cobro de las multas. El infractor tiene cinco días hábiles para cancelar la multa, de lo contrario le viene un recargo; y si lo pillan manejando, puede ir a la cárcel o pagar una multa de B/.100.00. Luego, emprender una campaña de advertencia a través de los medios de comunicación anunciando, primero, que se va a poner orden en las calles y a aplicar multas a los infractores sin contemplación. Se debe anunciar que la renovación de las placas requiere de un seguro obligatorio, que cubriría daños a la propiedad ajena. Este seguro protege además a las víctimas, los vehículos y otros daños que pueda ocasionar el infractor como semáforos u otras señales de tránsito, defensas de nuestras vías, etc. El que no tenga seguro no podrá renovar su placa o circular por nuestras vías. El que no puede pagar un seguro, nada por qué conducir, ya que no puede responder por los daños que ocasionaría a otros.
Todos los buses, taxis y autos comerciales deben ser revisados dos veces al año por un solo taller, que será manejado por la policía del Tránsito. Los autos particulares seguirán siendo inspeccionados por los talleres debidamente autorizados una vez por año. Los infractores deben asistir a una clase que dicta la sección que otorga las licencias en el Tránsito para poder recobrarla.
Hay que refrescar la memoria, pues los conductores se han acostumbrado a violar todas las leyes existentes. El Tránsito debe contar con un departamento de ingeniería, donde se proyecta las mejoras viales con miras a aliviar los tranques y áreas peligrosas.
Otro proyecto sería darle un plazo al transporte público para que se organice en cooperativas o empresas, debido a que dentro de un año plazo deben darse todas las rutas de la ciudad a licitación. Después de hacer el estudio requerido de cantidad, tamaño, etc., la Autoridad Nacional del Tránsito debe saber cuántos buses se requieren en dicha ruta y con esta base puede convocar a licitación. Los nuevos dueños de las rutas tienen que pagarle salario a sus conductores, así como seguro social. Este es un requisito básico. Los conductores deben ser uniformados y tener licencia para conducir. Si el concesionario no cumple con los requisitos pierde la ruta y se le adjudica a otro licitante.
Los taxis también tienen que reglamentarse. Debe darse un plazo máximo de dos años para que todos sean pintados de amarillo para circular dentro de la ciudad y rojo para las afueras. Todos los taxistas deben trabajar con medidores reglamentados por el Tránsito. No se deberá permitir que ningún taxi circule, después de la fecha señalada, sin llenar los requisitos. Recomiendo, además, que se reubiquen las oficinas del Tránsito en Pedregal a un lugar más céntrico, como los terrenos vacíos de El Marañón o Albrook Field. Allí deben ubicarse las oficinas, juzgados, tesorerías y departamentos de licencias.
Queda por parte del nuevo gobierno que asume el poder en el 2004, poner orden, una vez por todas, en el transporte panameño. El pueblo lo reclama y los conductores conscientes lo exigen. Veremos qué nos trae el centenario de la República.
Han abandonado por completo el mantenimiento de los semáforos y la señalización de nuestras calles. La Policía de Tránsito le ha dado la espalda al orden en la ciudad y la Autoridad Nacional del Tránsito se niega a organizar las rutas o el estado de los buses y taxis. Sólo cuando atropellan a alguien, se limitan a revisar las licencias y las bocinas; pero no sacan de circulación los buses o taxis sin luces, defensas, parabrisas, etc. Para agravar más esto, los políticos le han quitado a la Policía de Tránsito el derecho a quitar licencias de conducir a los infractores para devolvérselas cuando pagan la multa correspondiente. Como resultado de esta medida, tenemos que la Tesorería del Tránsito tiene más de tres millones de dólares en multas por cobrar.
Ya que no existe ninguna vigilancia dentro de la capital, los conductores se han acostumbrado a pasar la luz roja, no hacer alto en los lugares señalados, estacionarse en las áreas prohibidas y tener carreras de autos en la Avenida Balboa a altas horas de la noche. Hasta los peatones se han acostumbrado a cruzar las calles donde les da la gana, poniendo su vida en peligro y la del conductor. La metida de pata más grave fue quitarle los fondos que producen las multas al Tránsito. Hoy en día estas recaudaciones pasan a la caja común del Estado. Como resultado, el Tránsito carece de fondos para poder mantener continuamente los semáforos o la señalización adecuada de las vías. También la Policía del Tránsito carece de dinero para poder contar con las unidades y el equipo necesario para poner orden en las calles.
La Autoridad Nacional del Tránsito es una caldera sobrecargada, lista para explotar por el desorden que existe en el manejo de los buses y taxis. Por parte de las autoridades no existe una verdadera respuesta que solucione de inmediato el problema. Desgraciadamente la solución está en manos de los partidos políticos que llegan al poder. Desde 1989 los presidentes Endara, Pérez Balladares y Moscoso le han dado la espalda a esta situación. Nuevamente tenemos la esperanza que en el 2004 llegue un presidente que sí tenga la voluntad para acabar con el caos vehicular.
Ultimamente tomaron un paso en firme cuando le quitaron a Obras Públicas el mantenimiento de los semáforos y señalización de nuestras vías. Esa responsabilidad la tiene hoy el Depto. de Dispositivo del Tránsito, bajo las órdenes de la Polícia del Tránsito. No obstante, el problema sigue porque no cuenta con los fondos adecuados para la señalización o mejorar el sistema de semáforos.
Lo primero que hay que hacer, es poner las tres entidades bajo un solo mando. El nuevo director de la Autoridad Nacional del Tránsito debe tener mando absoluto sobre los otros departamentos. Luego éste debe estar bajo las órdenes de una junta directiva compuesta por cinco miembros: El director de la Autoridad Nacional del Tránsito, el director del Dpto. de Dispositivo del Tránsito, el jefe de la Policía de Tránsito, un representante de las compañías de seguros y uno de Ingeniería Municipal de Panamá.
Después hay que conseguir que los fondos que se recauden de las multas queden dentro de la Autoridad Nacional del Tránsito para mantenimiento de las vías. Hay que quitarle las licencias de conducir a los infractores para asegurar el cobro de las multas. El infractor tiene cinco días hábiles para cancelar la multa, de lo contrario le viene un recargo; y si lo pillan manejando, puede ir a la cárcel o pagar una multa de B/.100.00. Luego, emprender una campaña de advertencia a través de los medios de comunicación anunciando, primero, que se va a poner orden en las calles y a aplicar multas a los infractores sin contemplación. Se debe anunciar que la renovación de las placas requiere de un seguro obligatorio, que cubriría daños a la propiedad ajena. Este seguro protege además a las víctimas, los vehículos y otros daños que pueda ocasionar el infractor como semáforos u otras señales de tránsito, defensas de nuestras vías, etc. El que no tenga seguro no podrá renovar su placa o circular por nuestras vías. El que no puede pagar un seguro, nada por qué conducir, ya que no puede responder por los daños que ocasionaría a otros.
Todos los buses, taxis y autos comerciales deben ser revisados dos veces al año por un solo taller, que será manejado por la policía del Tránsito. Los autos particulares seguirán siendo inspeccionados por los talleres debidamente autorizados una vez por año. Los infractores deben asistir a una clase que dicta la sección que otorga las licencias en el Tránsito para poder recobrarla.
Hay que refrescar la memoria, pues los conductores se han acostumbrado a violar todas las leyes existentes. El Tránsito debe contar con un departamento de ingeniería, donde se proyecta las mejoras viales con miras a aliviar los tranques y áreas peligrosas.
Otro proyecto sería darle un plazo al transporte público para que se organice en cooperativas o empresas, debido a que dentro de un año plazo deben darse todas las rutas de la ciudad a licitación. Después de hacer el estudio requerido de cantidad, tamaño, etc., la Autoridad Nacional del Tránsito debe saber cuántos buses se requieren en dicha ruta y con esta base puede convocar a licitación. Los nuevos dueños de las rutas tienen que pagarle salario a sus conductores, así como seguro social. Este es un requisito básico. Los conductores deben ser uniformados y tener licencia para conducir. Si el concesionario no cumple con los requisitos pierde la ruta y se le adjudica a otro licitante.
Los taxis también tienen que reglamentarse. Debe darse un plazo máximo de dos años para que todos sean pintados de amarillo para circular dentro de la ciudad y rojo para las afueras. Todos los taxistas deben trabajar con medidores reglamentados por el Tránsito. No se deberá permitir que ningún taxi circule, después de la fecha señalada, sin llenar los requisitos. Recomiendo, además, que se reubiquen las oficinas del Tránsito en Pedregal a un lugar más céntrico, como los terrenos vacíos de El Marañón o Albrook Field. Allí deben ubicarse las oficinas, juzgados, tesorerías y departamentos de licencias.
Queda por parte del nuevo gobierno que asume el poder en el 2004, poner orden, una vez por todas, en el transporte panameño. El pueblo lo reclama y los conductores conscientes lo exigen. Veremos qué nos trae el centenario de la República.
