El triste calvario del Abel Bravo
En Derecho Penal hay una condición especial denominada "delito agravado". Por ejemplo: violar a una mujer es un crimen asqueroso, pero la sanción es mayor si ésta se hace a una anciana o a una discapacitada. Pues bien, en mi concepto, el robo a una escuela, aprovechándose de posiciones administrativas, debería ser un delito agravado, penalizado con toda la severidad de la Justicia, porque si robar es malo, robarle a una escuela es peor. Es como robarle a una iglesia o a un hospicio. Robar a una escuela es un maldito sacrilegio, especialmente si es perpetrado por un director o un profesor, personas a cuyo cuidado se pone lo más valioso que tiene este país: sus nuevas generaciones. Y robarles a los niños y a los jóvenes, sencillamente, es algo repugnante, porque es truncarles sus sueños y su derecho a una vida mejor.
En épocas relativamente recientes, y a la luz de las reformas estructurales que se han impuesto en el sector educativo, pretextando atender necesidades de modernización reales, se decidió transferir el manejo directo de fondos escolares a los directores de escuela. Dentro de este proceso, parte de la responsabilidad del manejo de esos recursos se traspasó a las directivas de padres de familia. La idea de diversificar y aligerar el manejo de dineros necesarios para atender problemas reales y cotidianos parecía buena y las razones para ello, razonables y prácticas. Pero en el Panamá de hoy, la realidad siempre deja atrás a la fantasía; lo que parecía una buena idea se transformó en una verdadera pesadilla, ya que en estos planes nunca se tomó en cuenta la "honestidad".
El manejo autónomo de fondos, sin ninguna supervisión efectiva, ha dado pie a uno de los casos de corrupción generalizados más graves de nuestra historia, cuyas consecuencias son evidentes y demandan correctivos drásticos urgentes. La codicia de muchos malos administradores escolares y de un puñado de docentes venales (muchas veces hasta en contubernio con pseudodirigentes gremiales nacionales o con ciertos cabecillas de clubes de padres de familia), ha dado origen a que en muchos planteles primarios y secundarios florezcan el peculado, el cohecho, el cobro de tarifas abusivas y descontroladas; la apropiación indebida de recursos públicos; las contrataciones chuecas y hasta la asociación ilícita para delinquir: mafias bien organizadas, trabajando sistemáticamente dentro de planteles, coludidas para robarle la savia vital al sistema escolar y desangrarlo en innumerables y vergonzosos casos de latrocinio y peculado, día tras día.
Uno de los casos sobre este fenómeno es el que acontece en el Colegio Abel Bravo (CAB), de la ciudad de Colón. Este prestigioso colegio público, con más de 60 años de existencia y un largo expediente de formación de miles de profesionales valiosos para este país y de heroicas luchas en la forja de nuestra historia patria, vive sumido en un deterioro físico grave, pero, a la vez, totalmente inconcebible e inaceptable. Según las cifras del propio Ministerio de Educación (ME), el CAB ha recibido dineros (en el orden de millón y medio de balboas durante los últimos años) suficientes como para haberse construido una planta física totalmente nueva. Según el Despacho Superior del ME, de las partidas del Seguro Educativo, sólo en el año 2002, el CAB recibió asignaciones por el orden de B/.179,753. Para el 2003, según la Oficina de la Ley 13, el CAB recibía por concepto de matrícula la friolera de B/.92,334. Estamos hablando de mucho dinero, el cual, aparentemente, se volatilizó, se hizo invisible, desapareció "por arte de magia".
Si esto es así, tenemos necesariamente que preguntarnos cosas muy serias. Tenemos que contener la justa ira y tratar de encontrar una explicación a lo que, evidentemente, es un caso escandaloso de burla a la fe pública del colonense, de robo por parte de funcionarios corruptos dentro de nuestro sistema escolar. Porque una simple mirada a nuestro querido CAB nos hace obligatorio preguntar a gritos: ¿Qué ha pasado aquí? ¿En dónde está toda esa enorme cantidad de dinero? ¿Cómo es posible que con esas cifras, el CAB viva en estado ruinoso y vergonzoso? ¿Quién o quiénes han malbaratado, despilfarrado o vulgarmente se han robado todo ese dinero del pueblo colonense y de los estudiantes abelistas? Y esto, tal vez sea sólo la punta del iceberg. Para colmo, podríamos enumerar una larga lista de irregularidades (nombramientos brujos, violaciones a la Ley de Educación, contrataciones, probable cobro y apropiación de regalías ilegales y coimas) cometidas por las autoridades en contubernio con personas de generales conocidas.
Son tantas las atrocidades de las que hablamos que ameritan una urgente intervención directa de las autoridades del Gobierno Central, en dos direcciones: tanto para tomar control administrativo directo de este colegio, como para encausar criminalmente a todos los potencialmente implicados.
Los cientos de sacrificados padres de familia, los miles de estudiantes actuales y de las generaciones pasadas, los profesores decentes y dedicados del plantel, y todo colonense que tiene al Colegio Abel Bravo en su corazón, demandamos que el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República auditen escrupulosamente a los anteriores y actuales directivos del plantel, junto a todo otros presuntos implicados (funcionarios administrativos, dirigentes gremiales o del club de padres de familia), buscando evidencias de enriquecimiento ilícito. Sabemos que las pruebas existen. Exigimos que en los casos en donde se comprueben estos delitos, los facinerosos sean llevados a la Justicia y recaiga sobre ellos todo el peso de la Ley, porque desde ya cuentan con la sanción moral de toda la agraviada comunidad colonense.
En épocas relativamente recientes, y a la luz de las reformas estructurales que se han impuesto en el sector educativo, pretextando atender necesidades de modernización reales, se decidió transferir el manejo directo de fondos escolares a los directores de escuela. Dentro de este proceso, parte de la responsabilidad del manejo de esos recursos se traspasó a las directivas de padres de familia. La idea de diversificar y aligerar el manejo de dineros necesarios para atender problemas reales y cotidianos parecía buena y las razones para ello, razonables y prácticas. Pero en el Panamá de hoy, la realidad siempre deja atrás a la fantasía; lo que parecía una buena idea se transformó en una verdadera pesadilla, ya que en estos planes nunca se tomó en cuenta la "honestidad".
El manejo autónomo de fondos, sin ninguna supervisión efectiva, ha dado pie a uno de los casos de corrupción generalizados más graves de nuestra historia, cuyas consecuencias son evidentes y demandan correctivos drásticos urgentes. La codicia de muchos malos administradores escolares y de un puñado de docentes venales (muchas veces hasta en contubernio con pseudodirigentes gremiales nacionales o con ciertos cabecillas de clubes de padres de familia), ha dado origen a que en muchos planteles primarios y secundarios florezcan el peculado, el cohecho, el cobro de tarifas abusivas y descontroladas; la apropiación indebida de recursos públicos; las contrataciones chuecas y hasta la asociación ilícita para delinquir: mafias bien organizadas, trabajando sistemáticamente dentro de planteles, coludidas para robarle la savia vital al sistema escolar y desangrarlo en innumerables y vergonzosos casos de latrocinio y peculado, día tras día.
Uno de los casos sobre este fenómeno es el que acontece en el Colegio Abel Bravo (CAB), de la ciudad de Colón. Este prestigioso colegio público, con más de 60 años de existencia y un largo expediente de formación de miles de profesionales valiosos para este país y de heroicas luchas en la forja de nuestra historia patria, vive sumido en un deterioro físico grave, pero, a la vez, totalmente inconcebible e inaceptable. Según las cifras del propio Ministerio de Educación (ME), el CAB ha recibido dineros (en el orden de millón y medio de balboas durante los últimos años) suficientes como para haberse construido una planta física totalmente nueva. Según el Despacho Superior del ME, de las partidas del Seguro Educativo, sólo en el año 2002, el CAB recibió asignaciones por el orden de B/.179,753. Para el 2003, según la Oficina de la Ley 13, el CAB recibía por concepto de matrícula la friolera de B/.92,334. Estamos hablando de mucho dinero, el cual, aparentemente, se volatilizó, se hizo invisible, desapareció "por arte de magia".
Si esto es así, tenemos necesariamente que preguntarnos cosas muy serias. Tenemos que contener la justa ira y tratar de encontrar una explicación a lo que, evidentemente, es un caso escandaloso de burla a la fe pública del colonense, de robo por parte de funcionarios corruptos dentro de nuestro sistema escolar. Porque una simple mirada a nuestro querido CAB nos hace obligatorio preguntar a gritos: ¿Qué ha pasado aquí? ¿En dónde está toda esa enorme cantidad de dinero? ¿Cómo es posible que con esas cifras, el CAB viva en estado ruinoso y vergonzoso? ¿Quién o quiénes han malbaratado, despilfarrado o vulgarmente se han robado todo ese dinero del pueblo colonense y de los estudiantes abelistas? Y esto, tal vez sea sólo la punta del iceberg. Para colmo, podríamos enumerar una larga lista de irregularidades (nombramientos brujos, violaciones a la Ley de Educación, contrataciones, probable cobro y apropiación de regalías ilegales y coimas) cometidas por las autoridades en contubernio con personas de generales conocidas.
Son tantas las atrocidades de las que hablamos que ameritan una urgente intervención directa de las autoridades del Gobierno Central, en dos direcciones: tanto para tomar control administrativo directo de este colegio, como para encausar criminalmente a todos los potencialmente implicados.
Los cientos de sacrificados padres de familia, los miles de estudiantes actuales y de las generaciones pasadas, los profesores decentes y dedicados del plantel, y todo colonense que tiene al Colegio Abel Bravo en su corazón, demandamos que el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República auditen escrupulosamente a los anteriores y actuales directivos del plantel, junto a todo otros presuntos implicados (funcionarios administrativos, dirigentes gremiales o del club de padres de familia), buscando evidencias de enriquecimiento ilícito. Sabemos que las pruebas existen. Exigimos que en los casos en donde se comprueben estos delitos, los facinerosos sean llevados a la Justicia y recaiga sobre ellos todo el peso de la Ley, porque desde ya cuentan con la sanción moral de toda la agraviada comunidad colonense.
