¿En qué escuela se matricula usted?
Existen dos escuelas de democracia, la elitista y la participativa. La Escuela Elitista de la Democracia: En ella, la democracia funciona con relativos bajos niveles de participación, lo que permite un elevado nivel de autonomía de las élites que, por su mayor cultura político y vocación democrática con relación a las masas, es conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas, afirmando que la participación podría tener un efecto desestabilizador del sistema político. Es decir, mejor son los gobiernos puramente representativos y no los participativos.
En cambio, la Escuela de la Democracia Participativa ubica el progreso como un caminar hacia niveles más altos de participación, como un proceso de desarrollo de mecanismos incluyentes, que incrementen poder de dirección de gobernados sobre gobernantes. Hay estudios que relacionan menos violencia política y mejores políticas de gobierno con esta escuela. Se trata, pues, de articular la legitimidad e institucionalidad de la democracia representativa con el impulso a la democracia participativa.
Para impulsar estas orientaciones es necesaria la existencia de una sociedad civil fuerte y un sistema políticos autónomo competitivo con partidos políticos democratizados, permeables a las necesidades y aspiraciones de la población. Ello es lo que sentaría las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad de las instituciones públicas para satisfacer necesidades mínimas de la población y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político; y la construcción de un modelo de desarrollo socioeconómico con equidad.
El fortalecimiento de las reformas electorales es indispensable para la continuación del esfuerzo de consolidación democrática. Los partidos políticos deben profundizar sus relaciones con la sociedad, restaurar su capacidad de representación e intermediación de intereses. Abrir la participación real de la sociedad civil en estos menesteres.
Hay que impulsar la participación social más heterogénea posible y hay que propiciar mecanismos de institucionalización que eviten la dispersión de esfuerzos de diálogo y concertación. El establecimiento de agendas precisas con implicaciones prácticas visibles puede contribuir al mejoramiento de la capacidad de incidencia real de estos procesos.
El diálogo y la activación de mecanismos de vinculación con el poder legislativo y los gobierno locales son esenciales para la concreción práctica y efectiva de los acuerdos socialmente pactados.
El desarrollo de medios efectivos de rendición de cuentas (basados en información disponible, y que supongan sanción potencial y revocación de mandato, si es necesario) y el combate serio a la corrupción son acciones indispensables de la consolidación de prácticas de buen gobierno. Sin distingo del grado de desarrollo de los medios políticos institucionales, la falta de transparencia y la corrupción es factor importante de ingobernabilidad, como afirma Carlos Sojo.
Hay que mejorar las capacidades de denuncia y seguimiento de las entidades de derechos humanos y promover competencias positivas entre las instituciones de servicio público, con por ejemplo, programas de certificación de respeto de derechos.
Las organizaciones sociales deben propiciar formas de ejercicio de la incidencia democrática más innovadoras. La expansión de la capacidad de propuesta requiere del desarrollo de capacidades de agregación de intereses y de capacidades técnicas para la presentación de opciones ante las iniciativas gubernamentales.
Todo esto pasa por la dignificación de la figura del ciudadano, pues nuestra ciudadanía es incompleta, parcial y fragmentada.
El ciudadano no sólo debe ser titular de derechos políticos, sino de derechos sociales y económicos. Es decir, la doble ciudadanía que asegura el usufructo de las libertades públicas, al mismo tiempo el derecho a comer, vestir, educarse, habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.
En cambio, la Escuela de la Democracia Participativa ubica el progreso como un caminar hacia niveles más altos de participación, como un proceso de desarrollo de mecanismos incluyentes, que incrementen poder de dirección de gobernados sobre gobernantes. Hay estudios que relacionan menos violencia política y mejores políticas de gobierno con esta escuela. Se trata, pues, de articular la legitimidad e institucionalidad de la democracia representativa con el impulso a la democracia participativa.
Para impulsar estas orientaciones es necesaria la existencia de una sociedad civil fuerte y un sistema políticos autónomo competitivo con partidos políticos democratizados, permeables a las necesidades y aspiraciones de la población. Ello es lo que sentaría las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad de las instituciones públicas para satisfacer necesidades mínimas de la población y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político; y la construcción de un modelo de desarrollo socioeconómico con equidad.
El fortalecimiento de las reformas electorales es indispensable para la continuación del esfuerzo de consolidación democrática. Los partidos políticos deben profundizar sus relaciones con la sociedad, restaurar su capacidad de representación e intermediación de intereses. Abrir la participación real de la sociedad civil en estos menesteres.
Hay que impulsar la participación social más heterogénea posible y hay que propiciar mecanismos de institucionalización que eviten la dispersión de esfuerzos de diálogo y concertación. El establecimiento de agendas precisas con implicaciones prácticas visibles puede contribuir al mejoramiento de la capacidad de incidencia real de estos procesos.
El diálogo y la activación de mecanismos de vinculación con el poder legislativo y los gobierno locales son esenciales para la concreción práctica y efectiva de los acuerdos socialmente pactados.
El desarrollo de medios efectivos de rendición de cuentas (basados en información disponible, y que supongan sanción potencial y revocación de mandato, si es necesario) y el combate serio a la corrupción son acciones indispensables de la consolidación de prácticas de buen gobierno. Sin distingo del grado de desarrollo de los medios políticos institucionales, la falta de transparencia y la corrupción es factor importante de ingobernabilidad, como afirma Carlos Sojo.
Hay que mejorar las capacidades de denuncia y seguimiento de las entidades de derechos humanos y promover competencias positivas entre las instituciones de servicio público, con por ejemplo, programas de certificación de respeto de derechos.
Las organizaciones sociales deben propiciar formas de ejercicio de la incidencia democrática más innovadoras. La expansión de la capacidad de propuesta requiere del desarrollo de capacidades de agregación de intereses y de capacidades técnicas para la presentación de opciones ante las iniciativas gubernamentales.
Todo esto pasa por la dignificación de la figura del ciudadano, pues nuestra ciudadanía es incompleta, parcial y fragmentada.
El ciudadano no sólo debe ser titular de derechos políticos, sino de derechos sociales y económicos. Es decir, la doble ciudadanía que asegura el usufructo de las libertades públicas, al mismo tiempo el derecho a comer, vestir, educarse, habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.
