Enjuiciamiento por comisiones militares
Los Estados Unidos han identificado a seis “enemigos combatientes” bajo custodia para ser enjuiciados por “comisiones militares” instaladas dos meses después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Se trata de un procedimiento al margen del Organo Judicial y sin las garantías constitucionales y procesales acumuladas en varios siglos, que servirá de munición adicional para los que se oponen a la iniciativa bélica en Irak de Estados Unidos, Inglaterra y Australia.
A pesar de las advertencias de múltiples sectores, George Bush parece convencido y comprometido a juzgar a estos supuestos “terroristas” bajo esta modalidad, la cual no es nueva, ya que ha sido utilizada en Irlanda del Norte y Africa del Sur. Hace no mucho, inclusive, se dictaron los reglamentos que gobernarán esas comisiones, los cuales hacen un esfuerzo tímido por recoger esas garantías fundamentales.
En efecto, los acusados tendrán derecho a un abogado, pero tiene que ser un abogado militar (sin costo) y sólo podrán contar con uno civil (a las expensas del acusado) siempre que sea norteamericano y esté aprobado por el Pentágono para recibir información confidencial. Y aún después de ello, la comisión podrá excluir al abogado civil de conocer cierta información “sensitiva”. Además, en ciertas circunstancias, ambos abogados inclusive podrían estar impedidos de discutir cierta información con su cliente. Tampoco hay garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre ellos. Los procesos pueden ser abiertos al público, pero también pueden tener lugar en secreto. En adición, si el acusado es encontrado inocente, no existe garantía que será puesto en libertad ya que el Pentágono podría concluir que representa una amenaza para los Estados Unidos y retenerlo indefinidamente.
El tema tiene ribetes internacionales, inclusive dentro de la alianza anglosajona, ya que en la lista están ciudadanos ingleses y uno australiano, quienes podrían ser condenados a la pena de muerte pese a que en Inglaterra y Australia no existe tal sanción. Estos países ya han solicitado enjuiciar a sus ciudadanos y recibido la negativa de los Estados Unidos.
Resulta sorprendente que el país promotor de la separación de los poderes, de un Organo Judicial robusto y del respeto a los derechos individuales recurra a procedimientos al margen de sus propias instituciones para juzgar a ciertas personas que consideran en situaciones extraordinarias. Las connotaciones a lo interno de los Estados Unidos son preocupantes, ya que los defensores de las libertades civiles anticipan la expansión de esas comisiones para ser aplicadas a lo interno del país, lo que representaría un grave retroceso, todo por la supuesta defensa de la seguridad nacional.
A pesar de las advertencias de múltiples sectores, George Bush parece convencido y comprometido a juzgar a estos supuestos “terroristas” bajo esta modalidad, la cual no es nueva, ya que ha sido utilizada en Irlanda del Norte y Africa del Sur. Hace no mucho, inclusive, se dictaron los reglamentos que gobernarán esas comisiones, los cuales hacen un esfuerzo tímido por recoger esas garantías fundamentales.
En efecto, los acusados tendrán derecho a un abogado, pero tiene que ser un abogado militar (sin costo) y sólo podrán contar con uno civil (a las expensas del acusado) siempre que sea norteamericano y esté aprobado por el Pentágono para recibir información confidencial. Y aún después de ello, la comisión podrá excluir al abogado civil de conocer cierta información “sensitiva”. Además, en ciertas circunstancias, ambos abogados inclusive podrían estar impedidos de discutir cierta información con su cliente. Tampoco hay garantía de confidencialidad de las comunicaciones entre ellos. Los procesos pueden ser abiertos al público, pero también pueden tener lugar en secreto. En adición, si el acusado es encontrado inocente, no existe garantía que será puesto en libertad ya que el Pentágono podría concluir que representa una amenaza para los Estados Unidos y retenerlo indefinidamente.
El tema tiene ribetes internacionales, inclusive dentro de la alianza anglosajona, ya que en la lista están ciudadanos ingleses y uno australiano, quienes podrían ser condenados a la pena de muerte pese a que en Inglaterra y Australia no existe tal sanción. Estos países ya han solicitado enjuiciar a sus ciudadanos y recibido la negativa de los Estados Unidos.
Resulta sorprendente que el país promotor de la separación de los poderes, de un Organo Judicial robusto y del respeto a los derechos individuales recurra a procedimientos al margen de sus propias instituciones para juzgar a ciertas personas que consideran en situaciones extraordinarias. Las connotaciones a lo interno de los Estados Unidos son preocupantes, ya que los defensores de las libertades civiles anticipan la expansión de esas comisiones para ser aplicadas a lo interno del país, lo que representaría un grave retroceso, todo por la supuesta defensa de la seguridad nacional.
