Entre exclusiones y subsidios
TRAS UNA prolongada suspensión de seis años, finalmente se reiniciaron las negociaciones encaminadas a concluir un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y la nación amiga que disfruta de la economía más moderna y desarrollada de la región, Chile. Esta noticia es beneficiosa tanto para los consumidores de ambas repúblicas como para la productividad de nuestro país, pues Chile no ofrece subsidios a su sector agrícola a la vez que aplica aranceles de importación cercanos al 0%. Un arancel casi nulo como éste significa que los productos extranjeros pueden entrar libremente a Chile, una apertura de su sector agrícola a la competencia global que favorece a sus cada vez más exigentes consumidores así como a todo exportador.
Sin embargo, una vez esta información fue hecha del conocimiento público, ciertos sectores agropecuarios nacionales, entre ellos el lácteo, el avícola y el de la carne de res, anunciaron que solicitarían a las autoridades la exclusión de sus productos del temario de esas negociaciones. Dejando de lado la calidad y el mejor precio que también requiere el consumidor panameño, estos sectores vuelven así a ejercer fuertes presiones que, más que económicas, son políticas, las mismas que siguen obstaculizando la firma del TLC con Estados Unidos. Su único fin es que el Gobierno panameño los siga protegiendo a través de privilegios cada día más insostenibles.
Semejante postura de los sectores mencionados, entre otros pocos agropecuarios, está destinada a entorpecer el trabajo del equipo negociador panameño, debilitando su capacidad de llegar a un acuerdo en beneficio de todo el país. De tener éxito tales presiones, obligarían a sus miembros a ceder en la mesa de negociaciones sobre una serie de servicios y productos en los que Panamá es altamente competitivo, a cambio de la aceptación por parte de Chile de las exclusiones solicitadas.
Pero si bien hay sectores que ejercen fuertes presiones, también es cierto que el Gobierno está dispuesto a complacer a muchos de ellos sin importar que las medidas a desarrollarse no tengan ninguna lógica en lo económico ni en lo productivo. Por ejemplo, el subsidio otorgado a los productores de tomate industrial en Azuero pone de nuevo a los contribuyentes a financiar los gastos de un sector sin mayor productividad, que es ineficiente y mal acostumbrado a la seguridad de un mercado cautivo. En efecto, el anuncio que hizo la empresa Nestlé de no comprar más tomates de esa región del país por causa de que el precio era muy alto en comparación con los importados de Chile y Costa Rica, demostró que dicho sector debe reconvertirse, no ser subsidiado por el gobierno, a la mayor brevedad.
A pesar de esa situación, el Gobierno ha manifestado su interés en negociar con la Nestlé para que la empresa siga comprando esos tomates por cuatro años más, sin saberse aún qué beneficios estará dispuesto a sacrificar a favor de la misma sólo para hacer de este impráctico paliativo una realidad. Y por si fuera poco, ya algunos tomateros han advertido que participarían en un proceso de reconversión bajo la condición de que el propio gobierno les garantice la compra del producto nuevo que van a sembrar.
Es muy fácil producir si se tiene a una clientela cautiva garantizada, sin la más mínima competencia. La mentalidad de un paternalismo estatal que comparten ciertos sectores como el tomatero tiene pronto que cambiar.
Es hora de que los productores de ciertos rubros "sensibles", así como autoridades gubernamentales, se den cuenta que los días del proteccionismo a nivel mundial se acabaron. Han tenido más de diez años desde que Panamá inició la negociación de su adhesión a la OMC para prepararse y enfrentar a una economía globalizada. Gracias a las presiones, no han tomado los pasos necesarios para hacerse eficientes y competitivos o iniciar un proceso de reconversión a otros productos donde Panamá, por sus condiciones geográficas y climatológicas, tiene una ventaja competitiva. Como hasta el momento las presiones han resultado, no han visto todavía la necesidad de hacerlo.
Mientras tanto, las exportaciones de los productos no tradicionales como la piña, la sandia y el melón han aumentado a más de un 50% y los productores panameños difícilmente se dan abasto ante la creciente demanda. Aún así, los productores de rubros tradicionales como la papa o el maíz, por ejemplo, no encuentran atractivos en esas exportaciones que los motive a reconvertir sus cultivos, simplemente porque los productos a que están acostumbrados gozan de amplia protección por medio de subsidios o de altos aranceles de importación. Al no tener competencia en el mercado, venden sus productos localmente muy por encima de su precio internacional del producto, en detrimento del consumidor. Con proteccionismo siempre habrá mayor rentabilidad vendiendo la papa o el maíz que con los productos de exportación, y siempre menores beneficios para los compradores panameños.
No hay duda que el sector agrícola es importante por los empleos que genera, pero hay que recordar que Panamá es principalmente una economía de servicios. Las distorsiones que el gobierno crea por medio de subsidios y otras políticas proteccionistas a favor del sector agrícola impiden el desarrollo de la competitividad en el sector y la utilización óptima de los recursos de todo el país.
Es imposible continuar castigando al contribuyente con el peso fiscal de sectores improductivos, ni al consumidor con precios altos y poca variedad de productos. Si de verdad queremos una economía de mercado como el mundo globalizado lo está consiguiendo, es hora ya que el gobierno elimine todas estas distorsiones en favor de pocos y que perjudican a muchos.
Sin embargo, una vez esta información fue hecha del conocimiento público, ciertos sectores agropecuarios nacionales, entre ellos el lácteo, el avícola y el de la carne de res, anunciaron que solicitarían a las autoridades la exclusión de sus productos del temario de esas negociaciones. Dejando de lado la calidad y el mejor precio que también requiere el consumidor panameño, estos sectores vuelven así a ejercer fuertes presiones que, más que económicas, son políticas, las mismas que siguen obstaculizando la firma del TLC con Estados Unidos. Su único fin es que el Gobierno panameño los siga protegiendo a través de privilegios cada día más insostenibles.
Semejante postura de los sectores mencionados, entre otros pocos agropecuarios, está destinada a entorpecer el trabajo del equipo negociador panameño, debilitando su capacidad de llegar a un acuerdo en beneficio de todo el país. De tener éxito tales presiones, obligarían a sus miembros a ceder en la mesa de negociaciones sobre una serie de servicios y productos en los que Panamá es altamente competitivo, a cambio de la aceptación por parte de Chile de las exclusiones solicitadas.
Pero si bien hay sectores que ejercen fuertes presiones, también es cierto que el Gobierno está dispuesto a complacer a muchos de ellos sin importar que las medidas a desarrollarse no tengan ninguna lógica en lo económico ni en lo productivo. Por ejemplo, el subsidio otorgado a los productores de tomate industrial en Azuero pone de nuevo a los contribuyentes a financiar los gastos de un sector sin mayor productividad, que es ineficiente y mal acostumbrado a la seguridad de un mercado cautivo. En efecto, el anuncio que hizo la empresa Nestlé de no comprar más tomates de esa región del país por causa de que el precio era muy alto en comparación con los importados de Chile y Costa Rica, demostró que dicho sector debe reconvertirse, no ser subsidiado por el gobierno, a la mayor brevedad.
A pesar de esa situación, el Gobierno ha manifestado su interés en negociar con la Nestlé para que la empresa siga comprando esos tomates por cuatro años más, sin saberse aún qué beneficios estará dispuesto a sacrificar a favor de la misma sólo para hacer de este impráctico paliativo una realidad. Y por si fuera poco, ya algunos tomateros han advertido que participarían en un proceso de reconversión bajo la condición de que el propio gobierno les garantice la compra del producto nuevo que van a sembrar.
Es muy fácil producir si se tiene a una clientela cautiva garantizada, sin la más mínima competencia. La mentalidad de un paternalismo estatal que comparten ciertos sectores como el tomatero tiene pronto que cambiar.
Es hora de que los productores de ciertos rubros "sensibles", así como autoridades gubernamentales, se den cuenta que los días del proteccionismo a nivel mundial se acabaron. Han tenido más de diez años desde que Panamá inició la negociación de su adhesión a la OMC para prepararse y enfrentar a una economía globalizada. Gracias a las presiones, no han tomado los pasos necesarios para hacerse eficientes y competitivos o iniciar un proceso de reconversión a otros productos donde Panamá, por sus condiciones geográficas y climatológicas, tiene una ventaja competitiva. Como hasta el momento las presiones han resultado, no han visto todavía la necesidad de hacerlo.
Mientras tanto, las exportaciones de los productos no tradicionales como la piña, la sandia y el melón han aumentado a más de un 50% y los productores panameños difícilmente se dan abasto ante la creciente demanda. Aún así, los productores de rubros tradicionales como la papa o el maíz, por ejemplo, no encuentran atractivos en esas exportaciones que los motive a reconvertir sus cultivos, simplemente porque los productos a que están acostumbrados gozan de amplia protección por medio de subsidios o de altos aranceles de importación. Al no tener competencia en el mercado, venden sus productos localmente muy por encima de su precio internacional del producto, en detrimento del consumidor. Con proteccionismo siempre habrá mayor rentabilidad vendiendo la papa o el maíz que con los productos de exportación, y siempre menores beneficios para los compradores panameños.
No hay duda que el sector agrícola es importante por los empleos que genera, pero hay que recordar que Panamá es principalmente una economía de servicios. Las distorsiones que el gobierno crea por medio de subsidios y otras políticas proteccionistas a favor del sector agrícola impiden el desarrollo de la competitividad en el sector y la utilización óptima de los recursos de todo el país.
Es imposible continuar castigando al contribuyente con el peso fiscal de sectores improductivos, ni al consumidor con precios altos y poca variedad de productos. Si de verdad queremos una economía de mercado como el mundo globalizado lo está consiguiendo, es hora ya que el gobierno elimine todas estas distorsiones en favor de pocos y que perjudican a muchos.
