Estado, partidos, política y gobernabilidad
Uno de los desafíos más importante que tiene el presente gobierno es lograr cambios institucionales que permitan transferir al sistema político parcelas importantes del rol central atribuido al Estado como ordenador de las relaciones sociales, a fin de permitir el surgimiento de asociaciones entre distintos agentes económicos, sociales y políticos, tanto públicos como privados y no-gubernamentales. Para ello, la reforma del Estado tiene que ir más allá de la reducción del aparato administrativo. La clave está en fortalecer el sistema representativo y, más aún, extender el Estado de Derecho y el imperio de la ley a todos los rincones del país, requisitos indispensables para la conformación de un proyecto nacional.
Se antepone el desprestigio a que se ha sometido la actividad política. La disposición manifestada por la opinión pública a través de las encuestas, entre otros, que la sociedad política (partidos, poder legislativo y procesos electorales) ha quedado rezagada de la realidad contemporánea, sea porque los circuitos tradicionales de toma de decisiones se ha han visto sobrepasados por nuevas formas de articulación de intereses, poniendo en entredicho la actividad paralementaria tradicional, sea por el creciente cuestionamiento de la política a raíz de las demandas sociales de mayor transparencia y participación ciudadana en las decisiones publicas.
Las élites políticas han caído en un descrédito profundo y generalizado que contribuyen con ello al debilitamiento de las instituciones democráticas. En ese cuadro de descrédito resulta obligado destacar la situación de los partidos políticos, de la Asamblea y de los procesos electorales, núcleo de la actividad política. En el país la actividad política está cuestionada en su potencialidad para entregar certezas de conductas objetivas para la vida individual y social, así como en su capacidad para orientar el Estado. Parte importante se dirige también hacia los políticos y sus organizaciones, como lo indican las encuestas.
Es en el vacío de la política donde los grupos económicos, los medios de comunicación y los resquicios oligárquicos enquistados en los nichos clientelistas del Estado, todos travestidos en agentes de la modernidad basada en la ideología neoliberal, pasan a definir la agenda pública y a actuar como poderes fácticos de gran influencia en la resolución de los problemas nacionales. En lo que respecta a la relación con el rol clave de los medios de comunicación en la definición de la agenda del debate político, es cierto que los dispositivos de "marketing" no reemplazan, pero sí modifican sustancialmente las deliberación ciudadana. Tienen razón, por otra parte, los que argumentan que contribuye a ahondar aún más este vacío el discurso de achicamiento del Estado, que puede ser caracterizado como un discurso típicamente antipartido, que alimenta la visión de la política como la arena donde se "disfrazan" los intereses particularistas de grupos de poder que sólo se mueven por apetitos de poder. Esto queda más claro cuando se percibe que el discurso neoconservador de achicamiento del Estado no significa el fortalecimiento de la sociedad civil, sino de los agentes económicos privados, muchas veces acompañados precisamente por demandas de "flexibilización" de los movimiento sindicales y, en general, de debilitamiento de los actores no mercantiles. El discurso es, por tanto, más que anti-Estado, anti-político.
Pese a eso, desde una perspectiva democrática, independientemente de la pertinencia de juicios con los que esta actividad y este oficio son asediados, no existen postulaciones capaces de defender sólidamente la tesis que la elaboración y gestión de la vida pública pueda realizarse sin la mediación de la política. La importancia de discutir sobre la política es casi insoslayable para la sociedad y los propios políticos. El problema principal es la calidad de la política.
Se antepone el desprestigio a que se ha sometido la actividad política. La disposición manifestada por la opinión pública a través de las encuestas, entre otros, que la sociedad política (partidos, poder legislativo y procesos electorales) ha quedado rezagada de la realidad contemporánea, sea porque los circuitos tradicionales de toma de decisiones se ha han visto sobrepasados por nuevas formas de articulación de intereses, poniendo en entredicho la actividad paralementaria tradicional, sea por el creciente cuestionamiento de la política a raíz de las demandas sociales de mayor transparencia y participación ciudadana en las decisiones publicas.
Las élites políticas han caído en un descrédito profundo y generalizado que contribuyen con ello al debilitamiento de las instituciones democráticas. En ese cuadro de descrédito resulta obligado destacar la situación de los partidos políticos, de la Asamblea y de los procesos electorales, núcleo de la actividad política. En el país la actividad política está cuestionada en su potencialidad para entregar certezas de conductas objetivas para la vida individual y social, así como en su capacidad para orientar el Estado. Parte importante se dirige también hacia los políticos y sus organizaciones, como lo indican las encuestas.
Es en el vacío de la política donde los grupos económicos, los medios de comunicación y los resquicios oligárquicos enquistados en los nichos clientelistas del Estado, todos travestidos en agentes de la modernidad basada en la ideología neoliberal, pasan a definir la agenda pública y a actuar como poderes fácticos de gran influencia en la resolución de los problemas nacionales. En lo que respecta a la relación con el rol clave de los medios de comunicación en la definición de la agenda del debate político, es cierto que los dispositivos de "marketing" no reemplazan, pero sí modifican sustancialmente las deliberación ciudadana. Tienen razón, por otra parte, los que argumentan que contribuye a ahondar aún más este vacío el discurso de achicamiento del Estado, que puede ser caracterizado como un discurso típicamente antipartido, que alimenta la visión de la política como la arena donde se "disfrazan" los intereses particularistas de grupos de poder que sólo se mueven por apetitos de poder. Esto queda más claro cuando se percibe que el discurso neoconservador de achicamiento del Estado no significa el fortalecimiento de la sociedad civil, sino de los agentes económicos privados, muchas veces acompañados precisamente por demandas de "flexibilización" de los movimiento sindicales y, en general, de debilitamiento de los actores no mercantiles. El discurso es, por tanto, más que anti-Estado, anti-político.
Pese a eso, desde una perspectiva democrática, independientemente de la pertinencia de juicios con los que esta actividad y este oficio son asediados, no existen postulaciones capaces de defender sólidamente la tesis que la elaboración y gestión de la vida pública pueda realizarse sin la mediación de la política. La importancia de discutir sobre la política es casi insoslayable para la sociedad y los propios políticos. El problema principal es la calidad de la política.
