El gobierno y la patronal contra la seguridad social solidaria

El informe de la Junta Técnica Actuarial no toma en cuenta que la esperanza de vida luego de la jubilación depende críticamente del estatus socioeconómico de las personas. Foto: EFE.

En el último discurso presidencial se estableció que el 18 de enero sería la fecha en que iniciaría el proceso para atender los temas del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM). Llama la atención que la palabra utilizada fue proceso y no diálogo. Esto guarda relación con la concepción de la llamada hoja de ruta.

De acuerdo con el Presidente de la República esta tiene dos fases claramente diferenciadas. En la primera, se daría la "presentación de los estados financieros" y se realizarían las "corridas actuariales", es decir se propondrían las posibles "alternativas viables". Solo a partir de entonces, en una segunda fase, se concretaría "la propuesta de integrantes de la Comisión Nacional correspondiente", iniciándose el diálogo. Se trata, a nuestro juicio, de la vieja hoja de ruta propuesta por el PNUD en enero de 2017.

Esta hoja de ruta, proveniente del organismo que facilitó el surgimiento de la Ley 51, parte de una falsa premisa de acuerdo con la cual el trabajo de encontrar alternativas viables es previo al diálogo mismo.

Se entiende que la búsqueda de alternativas es un problema técnico que no es motivo de debate. En esta concepción, todos los supuestos que necesitan los actuarios, incluyendo los que tienen que ver con el estilo de desarrollo del país, no deben ser ni discutidos ni validados por los sectores sociales. Estos no tendrían una voz activa en el montaje de los escenarios a explorar. Lo único que tendrían que hacer es escoger entre las variantes propuestas por los "técnicos".

Sobre la forma en que se viene manejando esta hoja de ruta se puede señalar que en la misma se pretende establecer la metodología de diálogo y al facilitador sin consultar a los sectores involucrados en el mismo. Ya circulan nombres vinculados con la vocería de la Cámara de Comercio, así como de personas incondicionales al actual gobierno.

Los sectores económicamente dominantes, por su parte, han estado utilizando la prensa que sigue sus lineamientos con el fin de apoyar el estilo de hoja de ruta que aquí se discute. No solo se ha promovido la figura de un vocero de la Cámara de Comercio como figura para presidir el diálogo.

Además, se ha insistido en que la base de "las propuestas técnicas" a considerar, son las que se encuentran en el documento presentado por la Junta Técnica Actuarial (JTA) en octubre de 2020. La presión por esto ha llegado a tal extremo que la patronal, por la vía de sus medios de prensa, han venido acusando a la junta directiva de haber incumplido con la Ley 51 por no haber puesto en práctica estas propuestas.

Vale la pena recordar que en las propuestas de la Junta Técnica Actuarial se encuentran elementos vinculados con el aumento significativo de la edad de jubilación, la elevación del monto de las cuotas, la reducción del valor de las pensiones y el incremento de número de años de cotización.

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La patronal, defendiendo sus intereses, olvida las fallas del informe de la JTA, entre los que se pueden mencionar los siguientes: no se explica que el problema proviene de la Ley 51, que rompió la cadena solidaria y dejó al descubierto a prácticamente todos aquellos que empezaron a trabajar antes del 2008; no toma en cuenta que la esperanza de vida, luego de la jubilación, depende críticamente del estatus socioeconómico de las personas; toma como normal la evasión y elusión patronal, el alto nivel de informalidad, así como la baja rentabilidad de las inversiones de la Caja de Seguro Social.

Es urgente desenmascarar los intentos de los sectores económicamente dominantes y del gobierno que está a su servicio. Necesitamos organizarnos para defender la solidaridad.

Economista.