Gobierno y "cogobiernos"
Cada cinco años, los electores debemos acudir a las urnas y decidir con nuestro voto a quienes le confiamos la responsabilidad de gobernarnos. El resto de los ciudadanos pasamos a ser los gobernados. Así es como funciona la democracia y el Estado de Derecho. Pero, tal pareciera que en nuestro país hay sectores que interpretan el veredicto electoral de forma distinta y se empeñan en actuar como cogobiernos.
El gobierno, de acuerdo a la repartición clásica, lo constituyen los tres poderes tradicionales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, existen otras áreas de la administración pública que podrían ser reconocidas como poderes independientes. Tales el caso, por ejemplo, del Tribunal Electoral y el de algunas entidades descentralizadas y con competencias exclusivas y excluyentes que, de hecho, constituyen "mini gobiernos separados". La Autoridad del Canal de Panamá, es el mejor ejemplo que se me ocurre.
Tanto a los poderes tradicionales, como a los otros que lo son de derecho y de hecho, los gobernados podemos demandarles formas de actuación o las respuestas que por sus competencias deben dar, pero esa prerrogativa no puede entenderse como el derecho a "cogobernar".
Tradicionalmente, antes de que surgiera la hoy muy en boga sociedad civil, los grupos sociales organizados se dividían, básicamente, entre partidos políticos y grupos de presión. Estos comprendían a las organizaciones empresariales, los gremios profesionales, sindicatos, etc. Sin ánimo de entrar en una discusión semántica, algo muy parecido a lo que ahora se considera como la sociedad civil, como contraposición a la sociedad política, circunscrita a los partidos.
En Panamá, solamente los partidos pueden competir legalmente por el poder político, por tanto, los que resultan derrotados en las elecciones, en principio, pasan a constituir la "oposición política". Desde luego, que eso no es automático, pues como sabemos, también se producen "los saltos de la cerca".
Para simplificar, podemos decir que la sociedad está dividida en tres sectores: el gobierno, la oposición y la sociedad civil. Cada uno con su función específica; como debe ser, en el orden lógico de un Estado de Derecho. Y mientras más eficientemente cada uno cumpla con el papel que le corresponde, mejor debe funcionar el país. Pero si, en lugar de cumplirlo, se trata de usurpar el terreno ajeno, la conmoción social no se hace esperar.
Al igual que como debe ocurrir entre los órganos del Gobierno, que deben actuar separadamente, cada uno de acuerdo a sus competencias, también los sectores de la sociedad que no ejercen la función de gobernar, los partidos de oposición y los grupos de presión que forman la sociedad civil, deben cumplir las funciones que les corresponden, respetando las competencias ajenas.
Si el Organo Legislativo, en vez de dedicarse a legislar, que es para lo que existe, se empeña en usurpar las funciones del Ejecutivo, ejecutando tareas que competen, por ejemplo, al ministerio de Obras Públicas o quiere dirigir las Relaciones Exteriores, se entorpece el funcionamiento del Estado, como consecuencia de haberse desbordado los límites que impone la ley y la prudencia; y se afecta la gobernabilidad.
Si los sectores de la sociedad, sean partidos de oposición u organizaciones de la sociedad civil, en vez de cumplir su papel, quieren actuar como si fueran un "cogobierno", igualmente se trastoca el funcionamiento del Estado; y se afecta la gobernabilidad.
La gobernabilidad, es una definición simple, es el conjunto de las condiciones que permiten que las autoridades puedan ejercer sus competencias, que no significa que los otros sectores de la sociedad estén incondicionalmente subordinados al gobierno o que dentro del gobierno todos los órganos estén subordinados al Ejecutivo. Si esa fuera la forma de entender la gobernabilidad, las dictaduras hubieran sido el paradigma.
Pero, precisamente, como lo peor para la gobernabilidad es que se alteren o se usurpen las competencias políticas naturales, en la medida en que se traten de imponer esquemas de cogobiernos, en esa misma forma aumenta el riesgo de que se produzca la ingobernabilidad.
En nuestro país, parecer haber una interpretación generalizada y equivocada de lo que significa gobernabilidad. Así, por ejemplo, se escucha decir que la gobernabilidad existe porque se llegó a un acuerdo sobre la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea. En principio, ese hecho puede contribuir a la gobernabilidad, pero si a cambio de ese acuerdo, dentro de la Asamblea surge una especie de cogobierno que reclama y usurpa las funciones que le competen al Ejecutivo, sería muy discutible afirmar que la gobernabilidad se ha garantizado.
Caso parecido es lo que ocurre con ciertos grupos de presión que condicionan su supuesta contribución a al "gobernabilidad" a que se les permita mano libre para imponer lo que más conviene a sus intereses particulares, sin que importen las secuelas de inestabilidad que su obstinación producirá.
No es bajo ningún concepto criticable que cada quien trate de defender lo que crea que más conviene a los intereses del sector que representa, siempre y cuando que se entienda que existen límites entre las competencias de cada uno. Los intentos de crear cogobiernos, con base en el chantaje o la intimidación, distorsionan el fundamento esencial del sistema democrático, que es el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El gobierno, de acuerdo a la repartición clásica, lo constituyen los tres poderes tradicionales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, existen otras áreas de la administración pública que podrían ser reconocidas como poderes independientes. Tales el caso, por ejemplo, del Tribunal Electoral y el de algunas entidades descentralizadas y con competencias exclusivas y excluyentes que, de hecho, constituyen "mini gobiernos separados". La Autoridad del Canal de Panamá, es el mejor ejemplo que se me ocurre.
Tanto a los poderes tradicionales, como a los otros que lo son de derecho y de hecho, los gobernados podemos demandarles formas de actuación o las respuestas que por sus competencias deben dar, pero esa prerrogativa no puede entenderse como el derecho a "cogobernar".
Tradicionalmente, antes de que surgiera la hoy muy en boga sociedad civil, los grupos sociales organizados se dividían, básicamente, entre partidos políticos y grupos de presión. Estos comprendían a las organizaciones empresariales, los gremios profesionales, sindicatos, etc. Sin ánimo de entrar en una discusión semántica, algo muy parecido a lo que ahora se considera como la sociedad civil, como contraposición a la sociedad política, circunscrita a los partidos.
En Panamá, solamente los partidos pueden competir legalmente por el poder político, por tanto, los que resultan derrotados en las elecciones, en principio, pasan a constituir la "oposición política". Desde luego, que eso no es automático, pues como sabemos, también se producen "los saltos de la cerca".
Para simplificar, podemos decir que la sociedad está dividida en tres sectores: el gobierno, la oposición y la sociedad civil. Cada uno con su función específica; como debe ser, en el orden lógico de un Estado de Derecho. Y mientras más eficientemente cada uno cumpla con el papel que le corresponde, mejor debe funcionar el país. Pero si, en lugar de cumplirlo, se trata de usurpar el terreno ajeno, la conmoción social no se hace esperar.
Al igual que como debe ocurrir entre los órganos del Gobierno, que deben actuar separadamente, cada uno de acuerdo a sus competencias, también los sectores de la sociedad que no ejercen la función de gobernar, los partidos de oposición y los grupos de presión que forman la sociedad civil, deben cumplir las funciones que les corresponden, respetando las competencias ajenas.
Si el Organo Legislativo, en vez de dedicarse a legislar, que es para lo que existe, se empeña en usurpar las funciones del Ejecutivo, ejecutando tareas que competen, por ejemplo, al ministerio de Obras Públicas o quiere dirigir las Relaciones Exteriores, se entorpece el funcionamiento del Estado, como consecuencia de haberse desbordado los límites que impone la ley y la prudencia; y se afecta la gobernabilidad.
Si los sectores de la sociedad, sean partidos de oposición u organizaciones de la sociedad civil, en vez de cumplir su papel, quieren actuar como si fueran un "cogobierno", igualmente se trastoca el funcionamiento del Estado; y se afecta la gobernabilidad.
La gobernabilidad, es una definición simple, es el conjunto de las condiciones que permiten que las autoridades puedan ejercer sus competencias, que no significa que los otros sectores de la sociedad estén incondicionalmente subordinados al gobierno o que dentro del gobierno todos los órganos estén subordinados al Ejecutivo. Si esa fuera la forma de entender la gobernabilidad, las dictaduras hubieran sido el paradigma.
Pero, precisamente, como lo peor para la gobernabilidad es que se alteren o se usurpen las competencias políticas naturales, en la medida en que se traten de imponer esquemas de cogobiernos, en esa misma forma aumenta el riesgo de que se produzca la ingobernabilidad.
En nuestro país, parecer haber una interpretación generalizada y equivocada de lo que significa gobernabilidad. Así, por ejemplo, se escucha decir que la gobernabilidad existe porque se llegó a un acuerdo sobre la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea. En principio, ese hecho puede contribuir a la gobernabilidad, pero si a cambio de ese acuerdo, dentro de la Asamblea surge una especie de cogobierno que reclama y usurpa las funciones que le competen al Ejecutivo, sería muy discutible afirmar que la gobernabilidad se ha garantizado.
Caso parecido es lo que ocurre con ciertos grupos de presión que condicionan su supuesta contribución a al "gobernabilidad" a que se les permita mano libre para imponer lo que más conviene a sus intereses particulares, sin que importen las secuelas de inestabilidad que su obstinación producirá.
No es bajo ningún concepto criticable que cada quien trate de defender lo que crea que más conviene a los intereses del sector que representa, siempre y cuando que se entienda que existen límites entre las competencias de cada uno. Los intentos de crear cogobiernos, con base en el chantaje o la intimidación, distorsionan el fundamento esencial del sistema democrático, que es el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
