Hacia una institucionalidad ambiental integrada

En el Foro de Institucionalidad, realizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se explicó cómo las instituciones de un país, al ser inclusivas, facilitan el alcance del desarrollo, y, entre otras metas, los servicios públicos de calidad y la participación ciudadana, que repercutirán en el bienestar de la población. 

Uno de los retos para los Estados, a nivel global, es el balance que debe existir entre la protección del medioambiente y la producción extractivista, dentro de un sistema económico en el que la obtención del capital puede alterar el equilibrio requerido. 

En el caso de Panamá, se ha preparado el Plan Estratégico con Visión de Estado Panamá 2030, que contempla dentro de sus políticas la “Sostenibilidad ambiental”.

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Sin embargo, queda el cuestionamiento de cuán preparada está nuestra institucionalidad para promover el desarrollo e incidir en el bienestar de la mayoría de la población. 

La práctica establecida en los países vecinos puede servir como referencia al momento de mantener en el nuestro una gobernanza transparente y equitativa en ambos temas.

El caso mexicano sirve como referencia de cómo el sistema económico puede sobrevalorar al capital sobre los derechos humanos de la población: después de tener una Secretaría de Medio Ambiente y otra de Energía, Minas e Industria Paraestatal, como instituciones gubernamentales hasta 1994, la última se transformó solo en Secretaría de Energía y se creó una Coordinación General de Minería, bajo la Secretaría de Economía.

En el 2016 fue transformada a Subsecretaría de Minería.

Estos cambios ocurrieron después de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1992.

Brasil, otra de las potencias industriales de Latinoamérica, aún continúa con dos instituciones encargadas exclusivamente del Medio Ambiente, y de Minas y Energía. 

De igual forma sucede con Colombia, Perú y Chile, en donde la industria minera y energética son altamente importantes, contando estos ministerios con un departamento encargado de supervisar el medioambiente.

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Por otro lado, Costa Rica, un país en donde la actividad minera no es tan relevante, posee un Ministerio de Ambiente y Energía.

Tomando en consideración lo establecido por el nuevo gobierno durante su campaña, la contribución de la minería al Producto Interno Bruto nacional será alta, pero a su vez se necesitará una gobernanza efectiva y transparente que cumpla el rol de fiscalizar estas actividades.

La inexistencia de una coordinación entre las instituciones relacionadas al sector energético y la demanda cubierta con generación distribuida renovable muy baja se muestran como debilidades en esta área.

Ante esta situación, se reconoce que los impactos en el medioambiente, como consecuencia del desarrollo urbano, industrial y energético, al realizarse de manera no sostenible, son negativos.

Teniendo en cuenta la institucionalidad del país, se tiene que uno de los mayores logros en estas actividades ha sido la transformación de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente en ministerio en el 2015. 

Sin embargo, una revisión de la instucionalidad panameña muestra que la Dirección Nacional de Recursos Minerales es la entidad encargada de las concesiones mineras y forma parte del Ministerio de Comercio e Industrias, mientras que la Secretaría Nacional de Energía está bajo el Ministerio de la Presidencia.

Una revisión del organigrama de ambos ministerios muestra que la dirección y la secretaría señaladas no se encuentran en un nivel político y directivo, y que carecen de alguna unidad encargada de supervisar sus actividades con respecto al medioambiente. 

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, encargado de la supervisión de la actividad extractivista de monocultivos, cuya actividad implica la utilización de fertilizantes y pesticidas, posee una unidad ambiental, pero a un nivel técnico. 

Por su parte, el Ministerio de Ambiente posee un Departamento de Educación Ambiental, encargado de transformar la conducta de la población. 

Esto explica la creación de la Red de Cooperación para la Educación Ambiental no Formal en el 2005, reportándose que estaba formada por voluntarios y líderes comunitarios para la gestión de proyectos amigables al medioambiente en el 2014. 

Al parecer, al encargarse solo de la educación ambiental no formal e informal, queda el cuestionamiento de cómo ocurre la conexión interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, específicamente su Dirección Nacional de Educación Ambiental, que al no formar parte de la Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, deja en duda la prontitud en la transmisión de conocimientos a la nueva generación estudiantil.

Esta conjunción de factores llama a la necesidad de transformar la institucionalidad estatal para tener servicios públicos de calidad que repercutan en el bienestar de la población, presente y futura, así como lo imperativo de reformar los planes de estudio, de manera que la educación ambiental forme parte de la conciencia ciudadana.

Profesor de Historia.