¿Igualdad ante la ley?
TODOS conocemos los lamentables hechos que tuvieron como saldo la muerte del señor Toribio Díaz y su esposa Nicolasa, embestido por el auto del abogado Carlos Jones. No puedo evitar que por conocer a la familia Díaz y, por ende, conocer más de cerca los hechos de la muerte de sus progenitores y el dolor de sus familiares, aumente mi indignación ante la actitud del homicida y sus defensores, que se suma a la ya larga cadena, de los casos de personas que buscan ampararse en la impunidad o rehuir aceptar sus responsabilidades tras haber cometido actos contra la vida de seres humanos.
Estas situaciones son las que provocan la pérdida de la fe del pueblo en el Estado de Derecho y en el principio fundamental de la igualdad ante la ley, que es punto de partida clave de todo Estado Nacional que privilegia la vigencia general de las normas frente a la arbitrariedad imprevisible de quienes controlan y manejan el poder.
Pero en nuestro medio parecen campear realidades que responden a frases como estas "Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla", como lo afirmó Stanislaw J. Lec; o "Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas", como anunció Honorato de Balzac, lo que hace temer que hechos trágicos como el mencionado, se sumen a la larga lista de la impunidad panameña.
El principio de la igualdad ante la ley adquiere verdadera relevancia como elemento de un orden justo, cuando se lo sitúa en el ámbito de la democracia. La sociedad democrática exige que cada integrante del cuerpo social sea igual a los demás por lo que respecta a la posibilidad de acceso al ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. No olvidemos que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos.
Pero "Una declaración formal de igualdad resulta ilusoria cuando los sujetos a quienes se declara legalmente iguales carecen de medios para ejercitar los derechos ligados a esa declaración de igualdad" (Eduardo García Máynez), por lo que la vigencia efectiva del principio de igualdad ante la ley dentro del marco de una democracia exige la superación de las desigualdades que vuelvan imposible el ejercicio de los derechos vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. La igualdad ante la ley en una democracia es también la mejor garantía contra todo tipo de discriminación racial, religiosa o económica.
Es hora de detener la impunidad rampante en este país, entendida como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas", por lo que la impunidad no es sólo la ausencia de castigo en la comisión de un delito o la imposibilidad de una realización plena de la justicia, sino que se convierte en una cultura política que se produce incluso en las sociedades democráticas, por lo que se convierte entonces en un problema estructural cuya solución es mucho más compleja, pues está integrado por múltiples elementos.
Es imposible olvidar los 35 años de la desaparición del Padre Héctor Gallego, sin que todos los culpables hayan pagado por ese horrendo crimen que conmovió a la nación.
Los ojos y oídos del país están puestos sobre las autoridades encargadas de hacer respetar estos derechos inalienables, pues la resolución justa de lo acontecido con los esposos Díaz y otros casos que le anteceden, es una especie de test que permitirá probar la capacidad nacional de enfrentar la impunidad y hacer respetar el principio de igualdad ante la ley. Va nuestra solidaridad con la familia Díaz, y con todos los que han sido víctimas de arbitrariedades de los que creen estar por encima o más allá de la justicia.
raulleisr@hotmail.com
Estas situaciones son las que provocan la pérdida de la fe del pueblo en el Estado de Derecho y en el principio fundamental de la igualdad ante la ley, que es punto de partida clave de todo Estado Nacional que privilegia la vigencia general de las normas frente a la arbitrariedad imprevisible de quienes controlan y manejan el poder.
Pero en nuestro medio parecen campear realidades que responden a frases como estas "Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla", como lo afirmó Stanislaw J. Lec; o "Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas", como anunció Honorato de Balzac, lo que hace temer que hechos trágicos como el mencionado, se sumen a la larga lista de la impunidad panameña.
El principio de la igualdad ante la ley adquiere verdadera relevancia como elemento de un orden justo, cuando se lo sitúa en el ámbito de la democracia. La sociedad democrática exige que cada integrante del cuerpo social sea igual a los demás por lo que respecta a la posibilidad de acceso al ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. No olvidemos que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos.
Pero "Una declaración formal de igualdad resulta ilusoria cuando los sujetos a quienes se declara legalmente iguales carecen de medios para ejercitar los derechos ligados a esa declaración de igualdad" (Eduardo García Máynez), por lo que la vigencia efectiva del principio de igualdad ante la ley dentro del marco de una democracia exige la superación de las desigualdades que vuelvan imposible el ejercicio de los derechos vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos. La igualdad ante la ley en una democracia es también la mejor garantía contra todo tipo de discriminación racial, religiosa o económica.
Es hora de detener la impunidad rampante en este país, entendida como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas", por lo que la impunidad no es sólo la ausencia de castigo en la comisión de un delito o la imposibilidad de una realización plena de la justicia, sino que se convierte en una cultura política que se produce incluso en las sociedades democráticas, por lo que se convierte entonces en un problema estructural cuya solución es mucho más compleja, pues está integrado por múltiples elementos.
Es imposible olvidar los 35 años de la desaparición del Padre Héctor Gallego, sin que todos los culpables hayan pagado por ese horrendo crimen que conmovió a la nación.
Los ojos y oídos del país están puestos sobre las autoridades encargadas de hacer respetar estos derechos inalienables, pues la resolución justa de lo acontecido con los esposos Díaz y otros casos que le anteceden, es una especie de test que permitirá probar la capacidad nacional de enfrentar la impunidad y hacer respetar el principio de igualdad ante la ley. Va nuestra solidaridad con la familia Díaz, y con todos los que han sido víctimas de arbitrariedades de los que creen estar por encima o más allá de la justicia.
raulleisr@hotmail.com
